Esta apreciación, expresada por un habitante de la región, es la que quizá resume mejor lo que en este momento sienten los distintos grupos de interés que se despliegan alrededor del Páramo de Pisba, donde campesinos, mineros y grupos de trabajadores asalariados sienten que las medidas del gobierno con la delimitación del páramo, son la nueva amenaza, las cuales están contenidas en la correspondiente resolución que desde hace más de un año se encuentra al despacho del Ministro de Medio Ambiente para su respectiva sanción.
Ante esta afirmación, la respuesta oficial, tanto del Ministro como de la Corporación y del mismo gobierno departamental, es que eso no va a suceder, dado que en la última decisión del Ministerio de Ambiente en la resolución 886 del 18 de mayo de este año se establecen que una vez delimitada la zona de páramo, se darán diez años para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias; por eso, las soluciones de fondo solo serán posibles si hay este trabajo de diálogo y concertación.
Los puntos de discusión
Delante de más de tres mil personas provenientes de los municipios de las provincias de Valderrama y Sugamuxi, que tienen áreas en zonas de páramo, el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo y el gobernador de Boyacá, junto con el director de Corpoboyacá, Ricardo López Dulcey, escucharon y analizaron por más de cuatro horas los planteamientos de alcaldes, voceros de los mineros, de las organizaciones campesinas y ambientalistas, e incluso de los trabajadores de la minería del carbón, sobre las distintas problemáticas que significa la actividad económica en el páramo, la vida de los campesinos que siempre lo han habitado, el interés de los empresarios mineros por extraer el carbón que es el principal mineral presente en la zona y el reclamo de los trabajadores asalariados de la minería que, dicen, tienen derecho a esas fuentes de trabajo.
Para los campesinos habitantes del páramo, las prioridades están en que se les brinden las garantías para seguir viviendo en su territorio; que el páramo ha sido su espacio de existencia por generaciones y que por tanto necesitan que sus propiedades se legalicen para poder acceder a créditos y/o poder transarlas con particulares o con el mismo Estado; reclaman el apoyo para tener el acceso carreteable que las comunidades siempre aisladas merecen; y que se respeten sus tradiciones culturales. La conclusión de la mayoría de los voceros campesinos coincidió en que hoy, doscientos años después de la gesta libertadora, están peor que entonces.
A cambio, las comunidades manifiestan que ellas mismas serán las primeras en cuidar del territorio como productor y proveedor de agua, como espacio de gran riqueza biótica ya que ellas, mejor que nadie, saben de su importancia. En este punto coincide el ministro Murillo cuando dijo que la conservación de los recursos es un hecho cultural, es decir que esto solo se hace con las comunidades, citando el caso de su propia tierra para decir que los bosques del Chocó como, los páramos, se conservan solo con la participación de las comunidades.
Exigencia a la minería
Los voceros de los campesinos que intervinieron en el acto de Socha, no dudaron en hacer el deslinde con la minería, donde distinguen dos dimensiones distintas: la minería tradicional que es la que ellos mismos han ejercido durante toda la vida, por generaciones, y la minería de mediana y gran escala que corresponde a los títulos otorgados en los últimos años, los cuales se han desarrollado, según su vivencia en el terreno, de manera contraria a la conservación de los ecosistemas con acciones tanto de empresarios locales como de algunas multinacionales que, dicen ellos, se han asentado allí en los últimos años, para las cuales el Estado sí permanece atento para garantizarles sus labores, así estén en abierta contravención a la exigencia de una minería bien hecha. Añaden que en varias oportunidades, el Estado y su aparato, no han dudado en usar la fuerza para protegerlas, pero que cuando se trata de sus reclamos y necesidades nadie oye en las esferas oficiales.
Uno de los participantes en el evento relató cómo, si bien no está contra la minería, esta, si no se hace con todo el cuidado y el rigor técnico, no es posible permitirla en la región del páramo, dadas las consecuencias desastrosas de la actividad para la conservación de los nacimientos de agua. Aseguró que durante su vida, (lo dice un campesino de unos 65 años), ha visto cómo se han secado y desaparecido más de 30 nacederos de agua en su zona, concluyendo que si la minería no se hace bien, no se puede permitir en el páramo bajo ninguna circunstancia; el que lo haga mal, tiene irse, sentenció.
Puntos de vista y ofertas de los carboneros
Ante estos planteamientos, está la posición de los empresarios mineros quienes a través de la Federación Nacional de Productores de Carbón Regional Boyacá, presentaron sus argumentos en el encuentro de Socha donde analizan que muchos actores sociales puede ser que estén desarrollando actividades productivas sin el verdadero criterio de menor impacto negativo, en cualquiera de los sentidos: Social, ambiental, económico, y por la misma razón, algunas personas que pretenden defender los derechos ambientales siguen poniendo como premisa que las actividades productivas están llevando a la inviabilidad de la vida humana”.
Foto | Hisrael Garzonroa
Por eso, consideran los empresarios mineros que, ninguna de las dos razones es absoluta; que hay “alguna razón en los dos conceptos”, pero “lo que verdaderamente debemos discutir es: “la vida no es posible sin que haya actividades productivas, porque el ser humano, necesita suplir sus necesidades básicas y construir relaciones sociales de entendimiento y convivencia, para las que necesita productos y procesos que dependen inevitablemente de la agricultura y la minería”.
“Este dilema, afirman los empresarios mineros, se debe definir imponiéndonos retos y demostrando que los cumplimos y eso debería ser más bien el motivo de este proceso de delimitación, o mejor del pacto que debemos elevar ciudadanos y autoridades, sectores productivos y comunidad, empresarios y trabajadores”.
Y es que la actividad minera en la región hoy es considerada muy importante, dadas sus cifras: en las provincias de Valderrama y Sugamuxi hay 850 unidades productivas, que ofrecen opciones de empleo a más de 500 profesionales de diferentes ramos, dentro de ellos ingenieros y personal especializado en los campos ambientales, sociales, de la salud ocupacional, de la administración etcétera. En la zona objeto de delimitación hay unos 32 títulos mineros licenciados ambientalmente, que ofrecen alternativa de ingresos dignos a más de 1.200 trabajadores y más de 100 profesionales de diferentes áreas. Esas son las oportunidades que aprovechan las familias de quienes habitan el territorio de influencia del Páramo de Pisba”.
Carboneros anuncian Fondo Privado de Sustentabilidad
Los empresarios de la minería piensan lo mismo que los campesinos que habitan la región: que la delimitación del Páramo sí, pero no así, y a la vez manifestaron que “de nada valdría expresar nuestro cuestionamiento a este proceso de delimitación, si no proponemos”. Por eso, “anunciamos que estamos ya trabajando en la construcción de soluciones, con el establecimiento de un Fondo Privado de Sustentabilidad de la Industria del Carbón, en el que aportaremos un porcentaje de la transacción comercial, productores y compradores de carbón, con el objeto de realizar esfuerzos colectivos sobre cuatro ejes fundamentales, que requiere la sociedad y en los cuales queremos que se perciba un impacto y aporte de quienes desarrollamos la actividad minera, para lograr sustentabilidad de la Industria del carbón”; esos cuatro ejes son: 1. Socio ambiental; 2. Solidaridad intersectorial; 3. Desarrollo productivo y seguridad minera. 4. Educación.
Finalmente, el presidente de Fenalcarbón en Boyacá, Gabriel Chiquillo, Invitó a todos los titulares mineros, a las empresas transformadoras, consumidoras o comercializadoras del carbón que se produce en estas provincias, a formar parte de esta iniciativa, y a evitar seguir promulgando tesis que aunque tengan razones científicas y ecosistémicas, principalmente se fundamentan en asuntos pasionales, por lo que se convocan consultas populares y se utiliza la opinión general para impedir algunas actividades productivas, pero no se hace consulta para evitar aplicar medidas que claramente vulneran los derechos de la mayoría en un territorio, como está sucediendo ahora con el páramo de Pisba.
El dirigente carbonero terminó invitando a los distintos interesados en este asunto que deben dejar de buscar culpables, en lugar de aceptar realidades y construir soluciones, recordando que se vive en colectivo y que por tanto las soluciones deben beneficiar a todos no a uno solo.
