La sanción de la que es objeto el director del centro carcelario se da luego del desacato frente a la medida, proferida por el tribunal Administrativo de Boyacá, para que dejara de funcionar el dispositivo que interfiere en la señal de los celulares a dos kilómetros a la redonda del centro penitenciario.
A finales de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá emitió un fallo en el que solicitaba al INPEC tomar cartas en el asunto respecto al dispositivo instalado en la cárcel de Cómbita, que impedía realizar y recibir llamadas al interior del centro penitenciario, que a la vez estaba generando bloqueos en la señal de quienes habitan en los alrededores de la cárcel.
En un principio el fallo fue acatado, y parecía que todo volvía a la normalidad. Pero esto duró apenas unos cinco días, luego empezó a presentarse la misma complicación para los habitantes de las zonas aledañas.
De hecho, el demandante, José Domingo Salas, asegura que una vez que se emitió el falló, se apagó el dispositivo que causaba interferencia y las comunicaciones de los habitantes del sector fueron excelentes. Pero esa dicha duró apenas unos días, ya que luego fue encendido de nuevo el dispositivo, y con este volvieron las interferencias en las comunicaciones.
Como la situación siguió presentándose, los ciudadanos afectados recopilaron las pruebas y las pusieron a disposición del Tribunal Administrativo de Boyacá. Desde allí, viendo que el fallo no había sido acatado, se profirió una sanción en contra del Brigadier General Jorge Luis Ramírez consistente en el pago de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 4.687.452 pesos.
