Hace una semana salió a luz el caso de un intendente de la Policía que cometió el delito de extorsión en jurisdicción de Samacá. El agente fue condenado con pena privativa de la libertad por haber sido encontrado culpable de dicho delito.
Pedro Miguel Alba Galindo se desempeñaba hasta hoy como el jefe de la Sijín de la Policía de Villa de Leyva en Boyacá. Tenía el grado de intendente, pero eso no le sirvió para esquivar al largo brazo de la ley.
Alba Galindo era señalado de haber cometido los delitos de extorsión y hurto calificado y agravado. La situación que lo llevó a estar imputado por esos cargos fue el haber recibido 37 millones de pesos a cambio de maquinaria que había sido hurtada previamente a una empresa minera en Samacá.
Estos hechos ocurrieron en 2012, días después de que delincuentes hurtaran equipamiento para las labores mineras de la Empresa Carbones Andino S.A.S. Alba Galindo, que para ese entonces tenía el grado de subintendente, se contactó con los dueños de la maquinaria, afirmando saber sobre su paradero, pero advirtiendo que los delincuentes exigían una suma millonaria a cambio.
Alba Galindo se reunió con los dueños de la maquinaria y en su presencia fingió realizar una llamada mediante la cual buscaba que fuera entregada la maquinaria. Ese mismo día, los equipos aparecieron en zona rural de Samacá.
Y luego de varios años de investigaciones, por parte del CTI Gaula Boyacá, se logró establecer cómo ocurrieron los hechos. Por eso, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Sogamoso, expidió una orden de captura contra Alba Galindo.
Luego de cumplir con los trámites de legalización de captura, se realizó la audiencia de imputación de cargos, en la cual el Fiscal Segundo Especializado le imputo a Alba Galindo los delitos de concusión, hurto calificado y agravado, y prevaricato por omisión. El acusado negó los cargos, pero aun así fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
