Han pasado ya 13 meses de las actuales administraciones locales y regionales en medio de las dificultades que ha ocasionado el apretón fiscal que, se dice, es por cuenta del bajonazo de los precios de los commodities y de los hidrocarburos y que ha puesto en francas penurias los presupuestos públicos en todos los niveles, ante la merma de las regalías, así que las inversiones y las obras no han sido las características más destacadas en este tiempo, lo que ha dificultado el cumplimiento del plan de desarrollo y todo lo que fueron las promeses de campaña. Ante esta situación, es evidente que la imagen de los mandatarios no es la mejor ante sus electores y ante la comunidad en general que está acostumbrada más a las obras de cemento que a cuestiones que de pronto son tanto o más importantes para el progreso, el bienestar y la sostenibilidad.
Porque no todo es plata; hay acciones de las administraciones que no requieren grandes presupuestos pero que pueden dar resultados tan o más importantes que la exhibición de las infraestructuras. Esto puede aplicarse al tema del ordenamiento territorial, una herramienta que hoy sería la piedra angular para elmejor desempeño posible de la gestión de los alcaldes, si en realidad quieren actuar de fondo en el futuro de sus jurisdicciones. Y son las actuales administraciones las que tienen la gran oportunidad, o mejor, la obligación de revisar y reformular el Plan o el Esquema de Ordenamiento Territorial de sus municipios, norma que será la directriz para la próxima década ya que la expedición de la revisión a fondo de los esquemas y de los POT se extenderá a los próximos tres periodos de administración.
Se sabe que la mayoría de los alcaldes no avanzaron de manera importante el año pasado en torno a este tema, lo cual es un signo de preocupación, pero que en aras de la compresión se podría decir que era la condición de bisoños en los temas de las administración al coincidir con el primer año del gobierno, lo que no quiere decir que el tema se siga aplazando y que este no sea el año crucial para que los avances y las definiciones se den con la conclusión y aprobación del nuevo ordenamiento en cada municipio.
Las administraciones todas deben estar conscientes de la importancia de trabajar a fondo en este proceso para que las reglas de juego sobre el uso del territorio estén claras y sirvan de soporte para las siempre nuevas exigencias que surgirán en torno a las posibilidades de desarrollo de cada unidad territorial, donde el uso del suelo, la disponibilidad de los recursos, las proyecciones de mejoramiento económico, la ocupación del territorio, estén determinadas con la mayor precisión, consultando los intereses más generales y combinando las decisiones enérgicas, para poner límite en lo que haya menester y ser flexible y creativo en los asuntos que toquen con el impulso a muchas dinámicas económicas y de desarrollos de infraestructura y todas las actividades económicas y productivas que se requieran en el entorno de cada municipio. No pueden darse licencias a porrillo o llevar las restricciones al otro extremo.
A su vez los nuevos POT y EOT deben dejar claro el manejo del territorio en razón a los fenómenos de cambio climático, cuyas lecciones han sido tan caras en los últimos años, con las temporadas de lluvias extremas o la sequía calamitosa. Como lo muestra la experiencia de la última década, el clima obliga a extremar todas las medidas con tal de mitigar sus impactos negativos en uno u otro extremo y de allí también deducir nuevas formas de producción, en el caso del sector agropecuario, cuyos manejos tradicionales ya no son válidos para garantizar el éxito y la rentabilidad de las cosechas.
Los desarrollos de proyectos urbanísticos, como sucede en la zona del alto Ricaurte que se vienen extendiendo sobre las áreas rurales, deben ser cuidadosamente analizados y controlados; las necesidades de unidades productivas, en el ámbito de la industria, deben ser consideradas y previstas para no frustrar proyectos que pueden generar nueva riqueza y bienestar; el cuidado de los páramos como fuentes de agua debe ser inflexible: allí no puede permitirse la actividad antrópica, así parezca extremo; lo mismo que la protección a toda costa de los pocos bosques nativos que quedan en el territorio. Son, entre otros aspectos, los que se deben tener en cuenta.
En cuanto a las ciudades principales del departamento, empezando por Tunja, es indispensable que se tomen decisiones sobre el futuro de su expansión, sobre lo cual, la indiferencia y la falta de intervención de los gobiernos están a punto de hacer fallidas las expectativas de ciudades amables e incluyentes.
Todo esto debe quedar claro en los nuevos POT y EOT, y esta es la gran responsabilidad de los actuales alcaldes que no pueden pasar por alto sucompromiso con el futuro. Ninguno puede alegar sus intereses políticos o de grupos particulares. Todos y cada uno de los alcaldes deben cumplir con esta obligación.
