Hace un mes aproximadamente se dio a conocer que el 90% de los predios habitacionales de la ciudadana sufrirían un incremento. Por semanas la indignación fue moneda corriente entre los tunjanos, los ciudadanos manifestaron en las calles y en las redes sociales su descontento hacia el avalúo realizado por el IGAC y por la falta de alivios tributarios generados por parte de la Alcaldía y el Concejo de Tunja.
En la jornada de este lunes, directivos del IGAC, concejales y comunidad en general se reunieron en el cabildo municipal para escuchar las razones y procedimientos que siguió el Instituto a la hora de hacer el avalúo. A pesar de la extensa jornada de discusiones, parece ser que la única alternativa para los tunjanos será pagar acogiendo a los beneficios por pronto pago.
Luego de haber estado en el centro de la polémica, y de haber realizado las aclaraciones respectivas, el Concejo de Tunja sirvió de escenario de socialización y discusión frente a la problemática del escandaloso aumento en las facturas de impuesto predial que han recibido por estos días cerca del 90% de los tunjanos.
Allí hicieron presencia el secretario de Hacienda de Tunja, Rafael Rojas; el director del IGAC Regional Boyacá, líderes de juntas de acción comunal y ciudadanía en general.
El primero en tomar la palabra fue Mauricio Mejia, quien explicó los procedimientos y los criterios utilizados en el estudio de actualización catastral; señaló que el estudio se hizo correctamente, apegándose a los términos de ley, y que muy a pesar de la ciudadanía los valores de los predios se establecieron de acuerdo al comportamiento del mercado.
Por su parte, los concejales dieron a conocer una serie de situaciones con las que quisieron demostrar que pudo haber irregularidades, o con las que quisieron poner en evidencia la falta de condescendencia de la Administración Cepeda con la situación social de los tunjanos.
El concejal Anderson Mendivelso reprochó la forma como se manejaron las cosas frente a la aceptación del nuevo avalúo catastral y la formulación del nuevo estatuto de rentas. “El documento de actualización catastral llegó en la segunda semana de enero, pero el Secretario de Hacienda lo firmó el 20 de diciembre”.
Durante el debate los concejales recordaron los esfuerzos que hicieron para que los beneficios contemplados en el estatuto de rentas fueran superiores, y advirtieron que en su momento el Secretario de Hacienda del Municipio les comentó que eso resultaba inviable porque afectaría el marco fiscal del municipio.
Mauricio Mejía insistió en que el Instituto se apegó a toda la normatividad legal, por lo que un replanteo o el cambio de fecha para entrada en vigencia del nuevo avalúo catastral, son soluciones inviables.
