Si se modifica a la baja el cobro de matrículas en la UPTC, la institución se paralizaría

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Este es el planteamiento que hacen cuatro miembros del Consejo Superior de la institución en carta dirigida a la ministra de Educación, el último día del mes de noviembre, donde se hace un análisis de lo que sucederá con la decisión del Consejo de Estado, en el corto y mediano plazo, al ordenar la revisión del cobro en razón “prioritariamente, a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes”.

Los consejeros, Adán Bautista Morantes, Representante de las Directivas académicas; Daniel Humberto Cárdenas G., Representante de los profesores, José Israel Romero Alvarado, Representante del sector Productivo y Juan B. Pérez Rubiano, Representante de los ex rectores, aseguran que “como defensores de la preservación de la UPTC, actualmente una de las Instituciones de Educación Superior más importantes de Colombia y una de las diez acreditadas de alta calidad, solicitamos de manera respetuosa a la Señora Ministra de Educación, al Señor Gobernador de Boyacá y a los demás Integrantes del Consejo Superior, que tomemos decisiones que no pongan en riesgo su supervivencia (la de la UPTC), que se respete el derecho de las Juventudes Boyacenses, especialmente las de menores recursos económicos, a estudiar en la UPTC y que tampoco ignoren las implicaciones que una decisión equivocada tendría para la estabilidad de los 2.026  docentes y los 984 empleados públicos y trabajadores oficiales, que hoy laboran en la UPTC”.

Calculan, estos consejeros que el modelo de cobro que están proponiendo los promotores de la demanda, significaría que la Universidad dejará de recaudar en los próximos 10 años, más de 180 mil millones en pesos corrientes, los cuales sería imposible recuperar con ingresos de transferencias del gobierno, con venta de servicios o con los aportes del presupuesto del departamento.

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En cambio, “No sería factible crear nuevos programas académicos ni aumentar la cobertura educativa que durante años y progresivamente ha logrado la Universidad”, lo cual, agregan, obligará a que “gradualmente la universidad tendrá que ir reduciendo su oferta, para disminuir sus costos; esto es, reducir su tamaño, reflejado en: menos prácticas académicas, menos cupos por programa, menos programas de pregrado y menor contratación de docentes ocasionales y catedráticos”.

Los Consejeros citados argumentan en su carta que durante muchos años la mayor parte de los estudiantes han pagado por concepto de matrícula por lo menos medio salario mínimo mensual legal vigente y se evidencia una demanda cada vez más creciente, por lo cual nadie puede argumentar que no existen posibilidades de acceso para las clases menos favorecidas.

Al analizar los argumentos del demandante, la carta sostiene que es equivocada la proyección que este hace con algunos estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, al plantear que con la presión que puedan ejercer a través de eventuales marchas, el Gobierno Nacional aumente los recursos destinados a la Universidad; sostienen que esta situación está muy distante de la realidad.

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Precisan que en los últimos diez años el aporte de la nación para funcionamiento ha sido de $62.816.598.322, por lo cual, para atender el déficit resultante de la aplicación del nuevo modelo, la Nación tendría que asignar adicionalmente al aporte base la suma de $183.240.649.897, en los siguientes diez años”, lo cual no lo ven realista.

Los consejeros también cuestionan al Gobierno Departamental, del cual dicen que tampoco está en condiciones de aportar los dineros requeridos para compensar tal reducción (la de las matrículas) pues además de que nunca ha destinado recursos para el funcionamiento o inversión de la UPTC, la venta de sus acciones en Acerías Paz del Rio, como lo propone el señor gobernado Amaya, está sujeta a la aprobación de la Asamblea departamental y no tienen un valor definido, pues depende de las fluctuaciones del mercado.

Tampoco creen que pensar en la financiación con recursos provenientes del impuesto a la cerveza, como también lo propone el Sr. Gobernador, sea la mejor idea ya que cualquier modificación de este, quedará sujeta a la voluntad política de la duma departamental y a la decisión del Gobernador de turno.

El texto completo de la Carta a la Ministra es el siguiente:

Tunja, 30 de noviembre de 2017

Doctora
YANETH GIHA TOVAR
Ministra de Educación Nacional
Bogotá D.C.

Ref.:    Reflexiones sobre el nuevo método de liquidación de matrículas para la UPTC.

Señora Ministra y Señores Consejeros:

Los suscritos miembros del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en representación de  las directivas académicas,  los profesores,  el sector productivo y  los ex rectores,  muy preocupados en razón de las posiciones que algunos Consejeros vienen asumiendo, con respecto a la aplicación del fallo del Consejo de Estado que ordena al Consejo Superior de la UPTC “…establecer los valores de cobro de matrícula de todos los programas académicos atendiendo, prioritariamente, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes.”, nos permitimos presentar un análisis de la situación financiera a la cual estará enfrentada la Universidad en el futuro cercano, si se tuviera en cuenta exclusivamente la condición socioeconómica del estudiante con la consecuente disminución del recaudo por matrículas en un  48,19 % como se concluye en la Tabla 1.

Las directivas de la Universidad respetan y desean el derecho a la educación superior gratuita, pero ante la imposibilidad de lograrlo pues es de entera responsabilidad del estado, ha implementado con recursos propios programas de beneficio para sus estudiantes como el restaurante estudiantil, el programa de becas y las residencias estudiantiles entre otros, atendiendo siempre a sus condiciones socioeconómicas, lo que la han hecho merecedora del reconocimiento como la Institución con el mejor bienestar Universitario del país. Así mismo, durante muchos años la mayor parte de los estudiantes han pagado por concepto de matrícula por lo menos medio salario mínimo mensual legal vigente y se evidencia una demanda cada vez más creciente, por lo cual nadie puede argumentar que no existen posibilidades de acceso para las clases menos favorecidas.

En los resultados del estudio realizado por el Centro de investigaciones para el desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y registrados en su documento del 28 de noviembre de 2017, se indica el valor medio actual de la matrícula y el valor medio calculado con base en la metodología propuesta, que multiplicado por el número promedio de estudiantes matriculados por semestre (información para el periodo 2007-2017 suministrada por el Departamento de TIC de la UPTC), permite calcular el valor esperado del ingreso por matrícula durante el primer semestre de 2018, tal como se indica en la tabla 1.

Tabla 1. Ingreso estimado para el primer semestre de cada cohorte, a precios del 2017 y valor dejado de percibir respecto a la matricula actual (diferencia).

En la Tabla 2, se determina el valor del impacto anual en matrículas y se calcula el valor que se dejará de recibir cada año, hasta que culmine la primera cohorte con la nueva metodología, esto es, se consideran los años 2018 a 2027, lo cual afecta el actual período rectoral (un año), la totalidad de los dos próximos períodos rectorales (ocho años) y un año del siguiente, esperando que la reducción de ingresos se estabilice a partir de 2027, en un valor del orden de $30.184.535.821 anuales. En la elaboración de la tabla se considera a su vez, la permanencia real de los estudiantes, que es mayor a diez semestres.

Tabla 2. Reducción de ingresos por concepto de matrículas a partir de la implementación del nuevo método de liquidación al valor del punto sugerido.

Los referentes para el análisis presentado a continuación, llevan a considerar que para hacer viable la nueva metodología sobre matrículas, para pregrados en la UPTC, aplicable a partir del primer semestre de 2018, será necesario determinar las fuentes de recursos frescos que puedan garantizar ingresos iguales o superiores a los dejados de percibir con la reducción experimentada en dichas matrículas.

El demandante, algunos estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, esperan que con la presión que puedan ejercer a través de eventuales marchas, el Gobierno Nacional aumente los recursos destinados a la Universidad, situación muy distante de la realidad. En los últimos diez años el aporte de la nación para funcionamiento ha sido de $62.816.598.322, por lo cual, para atender el déficit resultante de la aplicación del nuevo modelo, la Nación tendría que asignar adicionalmente al aporte base la suma de $183.240.649.897, en los siguientes diez años.

Por su parte, el Gobierno Departamental tampoco está en condiciones de aportar los dineros requeridos para compensar tal reducción, pues además de que nunca ha destinado recursos para el funcionamiento o inversión de la UPTC, la venta de sus acciones en Acerías Paz del Rio, como lo propone el señor gobernado Amaya está sujeta a la aprobación de la Asamblea departamental y no tienen un valor definido, pues depende de las fluctuaciones del mercado; además se destinaría para financiar el proyectado programa de becas para estudiantes boyacenses, sería solo por una vez y no iría a la base presupuestal de la Universidad.  Por otro lado, de pensarse en la financiación con recursos provenientes del impuesto a la cerveza, como también lo propone el sr Gobernador, cualquier modificación de este, quedará sujeta a la voluntad política de la duma departamental y a la decisión del Gobernador de turno.

Ahora bien, si se pretendiera compensar la reducción de los ingresos con recursos provenientes de convenios o programas de educación continuada, el valor anual del recaudo debería alcanzar por lo menos $73.296.259.958 con una utilidad para la Universidad del 25%, cifra que no se alcanzaría ni sumando las de los próximos ocho años, pues los ingresos por este concepto en el 2017 fueron tan solo de $8.688.685.045. Si el déficit tuviese que atenderse con ingresos de posgrados, el recaudo anual tendría que ascender a $1’832.406’498.970, con una utilidad promedio para la Universidad del 10%, cifra impensable con el actual recaudo por matrículas.

En consecuencia, de llegar a tomarse decisiones sin tener en cuenta la actual situación del país, del departamento y de la misma Universidad, se estará poniendo en inminente riesgo la estabilidad financiera de la UPTC, entre otras con las siguientes consecuencias:

1. No será factible crear nuevos programas académicos ni aumentar la cobertura educativa que durante años y progresivamente ha logrado la Universidad.

2. Gradualmente tendrá que ir reduciendo su oferta, para disminuir sus costos, esto es, reducir su tamaño, reflejado en: menos prácticas académicas, menos cupos por programa, menos programas de pregrado y menor contratación de docentes ocasionales y catedráticos.

3. Para el segundo semestre de 2017, de los 3.870 estudiantes matriculados en primer semestre, solamente el 67,11% fueron boyacenses (Boletín UPTC en cifras). Con la reducción del valor de la matrícula se hará más atractivo para cualquier colombiano estudiar en la UPTC (como ocurría en las décadas de 1960, 1970 y 1980), entonces, habrá un mayor número de inscritos, con lo cual los puntajes de los admitidos a los escasos cupos ofrecidos serán mayores, pero no corresponderán necesariamente a estudiantes boyacenses, especialmente en programas de gran demanda como Medicina e Ingeniería Civil, entre otros. Conviene entonces preguntar: ¿La UPTC del futuro está llamada a formar menos boyacenses? ¿Se quiere una Universidad más nacional y menos regional?

4. No se dispondrá de recursos para mejorar la calidad de la educación, por ende, será necesario reducir la inversión en formación de nuevos docentes con título de doctorado, se limitará la compra de nuevos equipos para laboratorio y se reducirá el número de proyectos de investigación financiados y la inversión en infraestructura física.

5. La política de regionalización de la Universidad se verá seriamente afectada y proyectos como la ampliación de la sede Aguazul, la creación de la nueva sede en Puerto Boyacá y otros proyectos relacionados con la expansión de la FESAD, quedarán probablemente truncados.

6. Será necesario suspender o recortar algunos servicios de bienestar universitario: becas, servicio de restaurante, residencias estudiantiles, y otros, que hoy benefician por lo menos a 5536 estudiantes y cuyo valor asciende a $5.166 millones de pesos anuales.

7. Se perjudicará notablemente el posicionamiento de la Universidad en el ranking internacional frente a otras universidades, principalmente públicas, que tienen ambiciosos planes de desarrollo institucional.

8. La UPTC no podrá cumplir con lo establecido en el Plan de Direccionamiento Estratégico, aprobado recientemente por el Consejo Superior y que compromete institucionalmente a la Universidad a colaborar con mayor intensidad y efectividad al desarrollo de los proyectos en agroindustria, minería, turismo y servicios del Departamento de Boyacá.

9. Una disminución sustancial en el valor de las matriculas, que aplicará a quienes empiecen sus estudios universitarios a partir del primer semestre de 2018, puede estimular a demandas para que se aplique a todos los estudiantes, lo que causaría un desfinanciamiento inmanejable e inminente, que podría llevar al cierre inmediato de la UPTC.

Por tal razón, como defensores de la preservación de la UPTC, actualmente una de las Instituciones de Educación Superior más importantes de Colombia y una de las diez acreditadas de alta calidad, solicitamos de manera respetuosa a la Señora Ministra de Educación, al Señor Gobernador de Boyacá y a los demás Integrantes del Consejo Superior, que tomemos decisiones que no pongan en riesgo su supervivencia, que respete el derecho de las Juventudes Boyacenses, especialmente las de menores recursos económicos a estudiar en la UPTC y que tampoco ignoren las implicaciones que una decisión equivocada tendría para la estabilidad de los 2.026  docentes y los 984 empleados públicos y trabajadores oficiales, que hoy laboran en la UPTC.

Por esto, aunque respaldamos el nuevo método para la liquidación de matrículas, pues se efectúa atendiendo las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, cumpliendo de manera estricta el fallo judicial, proponemos que el valor del punto se fije por lo menos en un siete por ciento (7%) del SMMLV, cifra determinada por estudios estadísticos como el valor que cualquier colombiano promedio destina mensualmente para la educación; solo de esta forma se podrá garantizar la continuidad y crecimiento de la Universidad.  Podría también considerarse como una eventual opción, aumentar el valor del punto para los programas de pregrado de más alto costo, lo cual permitiría reducirlo para los demás programas de pregrado.

En espera de su pronta y amable atención,

ADÁN BAUTISTA MORANTES                                    DANIEL HUMBERTO CÁRDENAS G.

Representante de las Directivas académicas           Representante de los profesores.

JOSÉ ISRAEL ROMERO ALVARADO                           JUAN B. PÉREZ RUBIANO

Representante del sector Productivo                       Representante de los ex rectores

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