Por unanimidad, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó que las personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad en el marco del conflicto armado no gocen de los beneficios que otorga la Jurisdicción Especial para La Paz – JEP.
La JEP ha tenido sus ires y venires en el Congreso, parlamentarios han apoyado esta iniciativa, otros no. Y es que la misma contempla varios puntos, que en el papel benefician a personas que participaron y cometieron delitos durante el conflicto armado del país. Uno de los temas álgidos fue el del posible beneficio a violadores, quienes ahora tendrán que rendirle cuentas a la justicia ordinaria.
Sandra Ortiz, parlamentaria boyacense, fue quien propuso esta inciativa, con el fin de garantizar aún más que este delito no quede en la impunidad y así cumplir con los requerimientos de la Corte Penal Internacional.
“No podíamos permitir de ninguna forma que estos monstruos que dañaron la vida de miles de niños, niñas y mujeres con uno de los peores delitos, queden impunes, un violador jamás se recupera y siempre va a estar al acecho de nuevas víctimas, por lo que, en búsqueda de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, veíamos como un completo despropósito dejar sueltos a estos miembros de las FARC, que son un peligro para la sociedad”, indicó la Representante.
La decisión se tomó en medio de una encendida discusión de más de una hora en el desarrollo del último debate del proyecto de ley estatutaria de la JEP.
