Por: José Alcibíades Guerra Parada
Economista Especializado en Alta Gerencia UMNG
Cuando hablamos de riesgo moral se hace referencia a aquella posibilidad de que uno o varios administradores o empleados de una institución, aprovechando su posición jerárquica y el fácil acceso a la información, se sientan tentados y cambien de un momento a otro sus principios y comportamiento éticos, abandonando la dirección correcta y adoptando conductas indebidas, reprochables o contrarias a la ley.
Es el riesgo derivado de la subjetividad, del hecho que no se puede conocer las verdaderas intenciones de otros, quienes pueden llegar a actuar de manera contraria a lo esperado, en forma intencional y consciente. El malhechor conoce el juicio moral negativo del que es objeto su acción, práctica o conducta antijurídica a realizar, pero aun así decide llevarla a cabo buscando en el fondo su propio beneficio, sin importarle el desastre que pueda generar a su alrededor.
Estos cambios perversos en el comportamiento del ser humano ante las circunstancias y oportunidades, donde priman sus intereses individuales de manera egoísta, por encima de los de mayoría y de la organización, pueden convertirse en hechos punibles como la estafa, el hurto, el peculado, el abuso de autoridad, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como el fraude, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el prevaricato y el enriquecimiento ilícito, entre otros, generando perjuicios y daños notables a las demás personas, a los bienes, a las entidades y a la sociedad.
Si bien estas situaciones de abuso de poder o de medios no son nuevas en el país, han aumentado drásticamente durante los últimos años, atentando contra la cultura organizacional de prevención y control del riesgo y afectando notablemente a las Instituciones no solo desde el punto de vista económico, sino reputacional y legal, deteriorando ostensiblemente la imagen del sector en el cual se desarrollan y generando la pérdida de la confianza tanto a nivel interno como entre el público en general.
El anteponer los principios éticos y profesionales al logro de los objetivos y al cumplimiento de las metas e intereses comerciales y de obtención de lucro de las organizaciones, debe ser la norma fundamental por excelencia. Las presiones originadas desde las altas esferas de las organizaciones son una amenaza y puede dar origen a que se presente laxitud en el cumplimiento de las normas y procedimientos, así como en el análisis y ejecución de los controles, situaciones que dan origen al riesgo moral. De igual forma, el logro de las metas comerciales con antelación a los plazos límite establecidos puede ser otra causa para que estas situaciones o amenazas se generen.
Como se puede ver, el riesgo moral no es de índole financiero, es un riesgo potencial difícil de cuantificar y controlar con antelación a la sucesión de los hechos o eventos adversos y ha sido poco gestionado en el país, siendo su impacto económico desastroso en las entidades afectadas, sean públicas o privadas, por su alta vulnerabilidad y exposición a sufrir un daño patrimonial o reputacional de esta índole.
El riesgo moral es un peligro latente, pues se trata de un riesgo oculto, el cual no es fácilmente detectable o visible, que en cualquier momento puede cristalizarse a través de conductas inapropiadas y solo se detecta cuando se manifiestan sus efectos negativos. Es decir, no se percibe cuando las personas alteran su comportamiento por acción u omisión, alejándose de su compromiso organizacional y buscando de manera egoísta beneficios personales o de terceros, a sabiendas de que actúan de manera incorrecta o inmoral, sino cuando salen a flote las consecuencias negativas de tales actos deshonestos e impactan su entorno.
El riesgo moral puede presentarse cuando se ostenta posición dominante y se tiene poder, dando lugar al oportunismo gerencial, igualmente se puede dar cuando no se ha adquirido una sólida cultura de prevención y mitigación de lo ilícito y aumenta cuando no existen, son débiles o se saltan los mecanismos de control o mitigantes dentro de las organizaciones o cuando los órganos de control, tanto a nivel interno como externo, no ejercen de manera óptima sus funciones, de manera tal que su accionar negligente o laxo genera riesgo moral y facilita la sucesión de tales comportamientos indeseables.
Finalmente es necesario precisar que, lo fundamental en la búsqueda de una verdadera cultura antirriesgo es vital inculcar valores, establecer normas morales claras a través de códigos de ética, realizar un minucioso estudio de las hojas de vida de los funcionarios que se van a contratar y adelantar periódicamente jornadas de capacitación y actualización con el fin de crear compromiso y generar conciencia colectiva, al punto en donde todos los empleados de las diferentes instituciones sientan la necesidad y la obligación de detectar e impedir la materialización de delitos, constituyéndose en su deber moral más que en su deber laboral, en su responsabilidad social más que su obligación legal.
