Así termina la semana en esta importante región del Departamento que abarca las provincias de Norte y Gutiérrez, que han venido soportando una grave crisis económica en lo que va corrido del año, la cual tiende a agudizarse en la medida que pasa el tiempo debido a la veda de ingreso a turistas a la zona del Parque Natural Nacional de la Sierra Nevada del Cocuy, Gûicán y Chiscas.
Inicialmente la esperanza es que el próximo miércoles en reunión que coordinará el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con la presencia de Parques Nacionales, de los ministerios del Interior y del Medio Ambiente, de los delegados de la comunidad U’wa, con la presencia de los alcaldes de las dos provincias y de los operadores de la industria del turismo, aquí en Tunja, se llegue al consenso necesario para lograr la reapertura del parque a partir de la primera semana de diciembre y que se mantenga por lo menos hasta el final de febrero como una primera medida para recuperar la economía del sector en la zona.
La llamada cumbre de alcaldes de las provincias llevada cabo en Boavita, a mediados de la semana, constituyó el escenario para discutir a fondo la situación, donde los alcaldes abordaron la crítica situación por la que atraviesan todos y en particular las dificultades de cada municipio, pero en común la exigencia es la reapertura de las actividades en torno al turismo, lo cual se reforzó con la presencia de por lo menos 200 personas que se manifestaron como perjudicados por la veda del ingreso de turistas a la región y que manifestaron su descontento dadas las condiciones de parálisis que han significado nueve meses de parálisis de la actividad.
La reunión de los alcaldes que contó también con la presencia del gobierno departamental a través de la Oficina para el Diálogo Social, en cabeza de Pedro Pablo Salas, estuvo presionada todo el tiempo por los manifestantes que hicieron cierres escalonados de la vía, anunciando que si no se solucionan sus demandas, tomarán acciones más drásticas a partir de los próximos días, ya que sus economías no aguantan, con la consiguiente pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones de sus gentes, cuyo desplazamiento hacia otras regiones del departamento y del país se ha incrementado en los dos últimos años, tal como lo denunció la alcaldesa de Soatá.
Entre tanto, la comunidad U’wa mantiene su posición en torno a la veda de la actividad turística en la región de la sierra al insistir en que no se puede permitir el ingreso de visitantes dados los enormes perjuicios que ha sufrido su ecosistema y la destrucción de lo que ellos consideran es el territorio sagrado de su cultura.
