La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez por su participación en el entramado de corrupción conocido como “las Marionetas”, una red que manipuló la contratación pública para obtener beneficios políticos y económicos.
Según la sentencia, el congresista —militante del Centro Democrático — fue hallado responsable de favorecer a contratistas en procesos de licitación estatal, a cambio de pagos ilícitos. La Corte concluyó que no actuó de manera aislada, sino que integró e incluso lideró una estructura en la que participaron funcionarios públicos, contratistas y particulares con el objetivo de direccionar contratos hacia aliados específicos.
El fallo detalla que uno de los focos de la red fue el manejo de convenios interadministrativos relacionados con obras públicas, especialmente proyectos viales. Estos contratos, destinados a mejorar condiciones de vida en distintas regiones, habrían sido utilizados para beneficiar intereses particulares, lo que, según los magistrados, agrava la conducta por comprometer recursos públicos esenciales.
Por estos hechos, Ramírez fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa superior a 22.000 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de 23 años.
“La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral”, señala la sentencia, que subraya que los contratos involucrados estaban orientados a la construcción y mejoramiento de vías, lo que incrementa la gravedad de las conductas.
La decisión también establece que el senador no podrá acceder a detención domiciliaria ni a beneficios judiciales mientras la condena no quede en firme. Una vez se agoten los recursos legales, deberá cumplir la pena en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación, el congresista habría intervenido en al menos dos contratos interadministrativos por valores de 22.173 millones y 49.460 millones de pesos en los departamentos del Quindío y Tolima. A cambio, habría recibido aproximadamente 1.000 millones de pesos en sobornos, correspondientes a comisiones de hasta el 15 % del valor de los contratos.
En el proceso también fueron vinculadas personas cercanas al senador, entre ellas integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo y contratistas, en investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la ejecución de los convenios.
El escándalo de “las Marionetas” tiene como antecedente la red atribuida al fallecido exsenador Mario Castaño, quien habría estructurado un sistema para direccionar contratos del Estado y cobrar coimas. Según la Corte, ese mismo modelo fue replicado por otros actores políticos, entre ellos Ramírez.
Aunque el alto tribunal absolvió al congresista de algunos cargos específicos por falta de pruebas, la condena principal se mantiene por su papel dentro de la organización criminal. El caso se convierte en uno de los fallos más contundentes recientes contra la corrupción en la contratación pública en Colombia.
