Hace casi treinta años, la Procuraduría suspendió al entonces alcalde Manuel Arias Molano cuando le faltaban pocos días para terminar su mandato. La decisión se originó en la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado y la liquidación de Empotunja.
Mikhail Krasnov no es el primer alcalde de Tunja elegido por voto popular que no logra terminar su periodo por decisión de las autoridades.
Tras el fallo del Consejo de Estado que dejó en firme la nulidad de su elección —confirmando la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá— surgieron versiones según las cuales se trataría de un hecho sin precedentes en la ciudad. Sin embargo, la historia reciente muestra que no es así.
Hace cerca de tres décadas, Tunja vivió un episodio similar con el entonces alcalde, el ingeniero Manuel Arias Molano, también elegido por voto popular.
Durante su administración, la capital boyacense atravesó una de las crisis de abastecimiento de agua más complejas de su historia reciente. En medio de esa situación, Arias Molano protagonizó una recordada caminata desde Tunja hacia Bogotá como forma de presión al Gobierno nacional, una acción que terminó generando la intervención del entonces presidente Ernesto Samper Pizano.
Posteriormente, y con autorización del Concejo Municipal, el alcalde impulsó un cambio estructural en la prestación del servicio: entregó en concesión el acueducto y alcantarillado a un operador privado y ordenó la liquidación de Empotunja, la empresa pública que hasta entonces se encargaba de estos servicios.
Estas decisiones desataron una fuerte controversia política y jurídica. Diversas denuncias llegaron a los organismos de control, que cuestionaron el modelo adoptado por la administración municipal.
El 22 de diciembre de 1997, cuando restaban apenas nueve días para la finalización de su periodo —que en ese entonces era de tres años—, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión de Arias Molano. El ente de control consideró que se habían presentado irregularidades en la transformación del esquema de prestación del servicio público.
El exmandatario defendió su actuación argumentando que no se trató de una privatización, sino de una concesión. Según su posición, el operador privado asumía la gestión del servicio, pero la infraestructura y los activos continuaban siendo propiedad del municipio.
La decisión generó un fuerte remezón político en Tunja en plena temporada navideña de 1997. Arias propuso como reemplazo a su secretario de Planeación, Iáder Barrios Hernández; sin embargo, finalmente quien asumió la Alcaldía y culminó el periodo fue Orlando Galindo, entonces secretario de Educación.
Tras su salida del cargo, Arias Molano enfrentó un proceso judicial que incluso lo llevó a permanecer bajo medida de detención domiciliaria en Ramiriquí durante varios meses. No obstante, tiempo después fue absuelto por la justicia, que además ordenó su indemnización.
El caso de Arias Molano y el de Krasnov tienen diferencias jurídicas de fondo —uno derivado de una decisión disciplinaria y otro de una nulidad electoral—, pero ambos evidencian que, en Tunja, la permanencia en el cargo de un alcalde elegido por voto popular no ha estado exenta de la intervención de las autoridades.
