Nuestra democracia participativa que fuera instituida con la Constitución Política de 1991 y que estableció entre otros postulados, la facultad de controlar los poderes públicos, se ha visto diezmada por la agenda política del actual el poder ejecutivo, en varias oportunidades, aduciendo un supuesto “bloqueo institucional”, el Gobierno Nacional ha pretendido desplazar y someter el poder legislativo a su agenda política desconociendo el contrapeso de poder que por mandato constitucional se le atribuye al Congreso de la República.
El pasado 8 de marzo los colombianos eligieron al nuevo Congreso de la República. Vivimos tiempos oscuros y difíciles para nuestra institucionalidad, responsabilidades congresionales mayúsculas y republicanas le asisten a los Senadores y Representantes a la Cámara electos: reafirmar la importancia y defensa del sector privado empresarial, preservar la garantía de las libertades individuales, afianzar el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de derecho, liderar un ajuste fiscal, salud, justicia, garantías para la industria minera y petrolera, articulación nacional y territorial entre muchas tareas. La imperiosa y urgente agenda de reformas del nuevo Congreso de la Republica no admite vacilaciones ni tampoco una gestión legislativa tibia o timorata.
En el cuatrienio presidencial que termina el Gobierno Nacional en aras de imponer una agenda política ideologizada con más melodrama que democracia, ha venido aduciendo de manera sesgada y como única y absoluta percepción en la opinión pública el poder soberano popular otorgado por sus electores olvidando que el Congreso de la República también es elegido en las urnas y que comporta por supuesto, también un mandato popular legítimo que faculta a los congresistas para ejercer un contrapeso legislativo que controle el poder ejecutivo y evite un hiperpresidencialismo desbordado y omnímodo.
La separación de poderes públicos siempre debe prevalecer ante los arrebatos y visos dictatoriales del gobierno nacional de turno, resguardar las libertades y evitar a toda costa la instauración de una tiranía.
Blindando de garantías a nuestro sistema político democrático colombiano, el Estado efectiviza sus postulados dogmáticos signados en la Carta Política de 1991 haciendo posible un país justo, diverso y cohesionado. El nuevo Congreso de la República, indistintamente el origen político del nuevo Presidente de la República que resulte electo en las urnas, indefectiblemente está llamado a defender la Constitución Política, no ha reducirla o atropellarla, ni tampoco ceder ante presiones y caprichos del poder ejecutivo de turno.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
Montesquieu
