Casi 35 años después del crimen, dos exagentes de la Policía fueron condenados por el asesinato del profesor y sindicalista Santos Mendivelso Cocunubo, ocurrido el 5 de abril de 1991. Tras matarlo, lo presentaron falsamente como miliciano del ELN muerto en combate. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado, que ordenó indemnizar a su familia.
“La justicia cojea, pero llega”, dice un viejo adagio. Pero en el caso del profesor Santos Mendivelso Cocunubo tardó casi 35 años.
El 5 de abril de 1991, en el municipio de Turmequé, fue asesinado este docente del Instituto Integrado Nacionalizado Diego Torres, dirigente sindical e integrante del Sindicato de Maestros de Boyacá y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También militaba en el movimiento político A Luchar.
Aquella mañana el profesor salió de su casa rumbo al colegio donde trabajaba. A media cuadra de su vivienda fue interceptado por dos hombres vestidos de campesinos que le dispararon a quemarropa.
Después del asesinato ocurrió lo que durante años se repetiría en muchos lugares del país: la víctima fue presentada falsamente como un miliciano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muerto en una supuesta confrontación.
Sin embargo, el 2 de marzo de 2026 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja condenó a 19 años y seis meses de prisión a dos exagentes del antiguo cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional, conocido como F2, quienes para la época de los hechos estaban adscritos a la Sijín.
Los condenados son Gustavo Amaya Ruiz y Eyery Flórez Bautista, declarados responsables como coautores del delito de homicidio agravado.
Santos Mendivelso Cocunubo era profesor de biología y química y magíster en Filosofía Latinoamericana. Había trabajado inicialmente en el norte de Boyacá, pero debido a amenazas contra su vida fue trasladado primero al municipio de San Eduardo, en la provincia de Lengupá, y posteriormente a Turmequé.
Su esposa, María Berta Juyo Vargas, relató dentro del proceso que el docente había denunciado diferentes violaciones a los derechos humanos en el departamento, entre ellas el reclutamiento y entrenamiento de jóvenes por parte de grupos paramilitares en el norte de Boyacá.
Según su testimonio, la mañana del crimen su esposo salió hacia el colegio y tenía previsto viajar en la tarde a Tunja para asistir a una reunión sindical. Nunca llegó.
Las investigaciones posteriores establecieron que los autores del homicidio eran miembros de la Policía Nacional. Uno de los agentes vinculados al caso reveló la manera como se planeó el asesinato.
El abogado Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y defensor en el proceso, sostuvo que varios integrantes de la estación de Policía de Turmequé participaron en el crimen.
Según explicó, algunos realizaron labores de seguimiento a la víctima, otros facilitaron las condiciones para ejecutar el homicidio y posteriormente participaron en la maniobra para presentar al profesor como supuesto miliciano del ELN abatido en combate.
La investigación contra los uniformados pasó inicialmente por la Justicia Penal Militar y luego por la justicia ordinaria. Durante años fue necesario interponer múltiples recursos para evitar que el caso quedara en la impunidad.
El expediente incluso llegó al sistema interamericano de derechos humanos. Tras revisar el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano era responsable por la violación del derecho a la vida y de las garantías judiciales.
En su pronunciamiento pidió al Estado colombiano adelantar “una investigación seria, imparcial y eficaz con el fin de juzgar y sancionar a los responsables”.
También solicitó reparar a los familiares de la víctima y adoptar medidas para garantizar que hechos de esta naturaleza sean investigados por la justicia ordinaria.
Años antes, en 1999, el Consejo de Estado ya había ordenado a la Policía Nacional indemnizar a la esposa, hijos, padres y hermanos del docente por los daños causados con su asesinato.
El abogado Carreño Wilches había solicitado recientemente que, después de casi 35 años, el Estado al menos ejecutara las órdenes de captura y garantizara que los responsables pagaran por el crimen.
Ahora comienzan a producirse las primeras condenas. Pero, aunque dos exagentes ya fueron sentenciados, en el proceso aparecen otros posibles responsables. Y para la familia del profesor Mendivelso Cocunubo, la justicia aún no termina de llegar.
