El poder tradicional funciona como un juego en un tablero de ajedrez. Y ganarle en urnas la partida para destituirlo es cuestión de jugar con la superpotencia de la conciencia. Su tablero tiene reyes que se niegan a pasar de moda (expresidentes y patrones sin programa de jubilación que piden idolatría); alfiles que controlan las jugadas (alcaldes, gobernadores, empresarios, altos cargos, contratistas y capataces de clientelas); peones dispuestos a batirse donde sea (gentes leales a reyes, alfiles y capataces). Hacen jugadas de enroque (mientras un alfil paga cárcel un pariente suyo lo reemplaza). La estructura que los sostiene es la de un poder colonialista, patriarcal y avaro, atado a redes y clanes históricamente vinculados a los partidos Liberal y Conservador, con total dominio de unas élites convencidas de que tienen el histórico derecho a saquear, violentar y vivir del botín del Estado.
Con la nueva constitución ajustaron la estrategia de poder fraccionando en partes los partidos sin abandonar la esencia. Fueron paulatinamente apareciendo cambio radical, mira, justos y libres, salvación nacional, centro democrático, otros, orientados a apropiarse del poder local descentralizado y a refundarse en la elección popular de alcaldes y gobernadores. En cada tablero se repiten los apellidos de la familia del rey tipo López, Gavirias, Gómez, Santos, Pastranas, Uribes, Valencias e ibidem los alfiles regionales. Los reyes definen en qué momento y quien puede o no ser candidato, sucesor o tener éxito en cargos y mandados. Con el fraccionamiento también florecieron empresas electorales de negocios varios, formadas por inversionistas de-votos que ponen (apuestan) un capital para luego recibir beneficios pagados con cargos, coimas y contratos, entregados por los ganadores.
Los cientos de candidatos al congreso (cámara y senado) al entrar al tablero del poder tradicional (así provengan de sectores ajenos a las élites), aceptan mantener y defender, al precio que les toque, el perverso modelo y como soldados cumplen con la obediencia debida del mandato de elites y trabajan para ellas, no para su sociedad, su brújula no es la constitución si no la voluntad de su rey en el tablero. Esta condición los hace corresponsables del destino trágico provocado por las élites desde las guerras civiles del S XIX con más de 100.000 muertos (entre cuatro millones de habitantes), devastaron la economía, profundizaron la concentración de tierras y del poder, vendieron a Panamá, e instalaron el saqueo y la acumulación oligárquica y en el S. XX organizaron la estructura de altísima concentración de tierra y, con total impunidad pasaron la página de la violencia que dejó 300.000 asesinados y luego medio millón más, 120.000 desaparecidos y 10 millones de víctimas del conflicto armado y con la captura del Estado y de sus recursos, han impedido tener derechos, paz y bienestar.
El sistema estructural de corrupción es su pilar de reproducción de desigualdad y saqueo. La memoria recuerda la venta o robo de la flota mercante, ferrocarriles, banca pública, Reficar, Foncolpuertos, desfalco a salud con fraudes y dineros para condominios y campos de golf, saqueo a beneficio de EPS privadas, Odebrecht, contratación amañada, sobrecostos de obras y peculados de dineros destinados a acueductos, comida escolar, computadores para escuelas y robo de ríos, islas, baldíos, humedales, desecación de lagunas, concesiones-regalo en vías, cámaras de fotomultas, basuras y reciclaje, junto a parapolítica, falsos positivos, chuzadas, toma del control de muchas instituciones y entidades y puertas laterales para desviar los bienes públicos hacia lo privado y una estructura tributaria regresiva con exenciones y beneficios privados y afectaciones colectivas.
El gobierno de las élites conducido por pocas familias y sus señalados herederos se refleja en hospitales inconclusos, municipios sin agua potable, vías sin terminar, universidades desfinanciadas, programas sociales en el olvido, deuda impagable, carencia de políticas sociales y culturales, fraudes, compraventa de decisiones judiciales, desconfianza ciudadana hacia las instituciones y recursos desviados para campañas políticas sin que ningún presidente, jefe de gremios, de partido o experto ministro haya enfrentado penalmente un juicio por traición a la patria o detrimento patrimonial. Y como sí nada pasara, entre cinismos, matices y leves disputas internas cada candidato (alfil) en estas elecciones sigue la matriz liberal-conservadora que llama al desprecio por lo popular y a seguir defendiendo el orden excluyente y violento. Estos clanes familiares, partidos y empresas electorales, sin ética, sin política, ni vergüenza, tratan de lograr, a última hora y como sea, “ganarse” los votos que “ellos” (y para ellos) necesitan para seguir existiendo y manteniendo intactos sus privilegios.
P.D. El 8 de marzo masivamente y muy temprano la conciencia y la dignidad reafirmarán el super-poder del voto por más cambios, reconstrucción ética y su potente capacidad cuando viene desde abajo.
