La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
El resultado se dio tras una auditoría en la que el ente de control estableció un total de 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presentan presunta incidencia disciplinaria. El informe advierte deficiencias estructurales en la gestión de inmuebles y vehículos, así como fallas en los mecanismos de seguimiento interno.
Fallas en desalojos y contratos de arrendamiento
Entre los principales hallazgos se encuentran irregularidades en la ejecución de procedimientos de desalojo de inmuebles administrados por la SAE. La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos sistemáticos de los lineamientos establecidos para la elaboración de estimados de renta, procesos de comercialización y rendición de cuentas.
El ente de control también detectó insuficiencia de controles en el seguimiento a los depositarios encargados de custodiar los bienes. Según el informe, existen debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo adecuado de inventarios y la articulación entre las distintas áreas responsables de los procesos misionales.
En materia contractual, la auditoría identificó contratos de arrendamiento vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados y aplicación de descuentos improcedentes. Además, se evidenció falta de control sobre reparaciones y obligaciones a cargo de los arrendatarios, lo que compromete la adecuada conservación y rentabilidad de los bienes administrados.
Vehículos almacenados por años y pérdida de valor
Otro de los puntos críticos señalados por la Contraloría tiene que ver con los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos. El informe concluye que existen debilidades en el seguimiento y control de estos procedimientos, lo que ha derivado en pérdida de valor de los activos.
Se identificó que varios vehículos permanecen almacenados en patios por periodos superiores a seis años. Esta situación ha generado costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025, afectando la eficiencia en la administración de los recursos públicos asociados a estos bienes.
Asimismo, el órgano de control advirtió deficiencias en los mecanismos de evaluación y supervisión a cargo de la oficina de control interno, lo que limita la capacidad de prevención de riesgos administrativos y la corrección oportuna de fallas en la gestión.
Seguimiento y plan de mejoramiento
La Contraloría anunció que evaluará la efectividad de las acciones que adopte la SAE para corregir las causas que dieron origen a los hallazgos. También realizará seguimiento al plan de mejoramiento que deberá implementar la entidad, el cual tendrá que incluir acciones correctivas y preventivas con metas verificables.
El proceso continuará en las instancias correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias derivadas de los hallazgos. Mientras tanto, el informe deja en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de control y la gestión administrativa de los bienes bajo extinción de dominio en el país.
