La reciente judicialización de una familia acusada de ofrecer proyectos de vivienda inexistentes vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en Duitama y otras ciudades de Boyacá: esquemas de fraude inmobiliario que, durante años, han aprovechado la necesidad y la confianza de cientos de ciudadanos. Las autoridades advierten que el fenómeno no es aislado y podría seguir creciendo.
Duitama vuelve a quedar en el centro de la atención judicial por un nuevo caso de fraude inmobiliario. La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, así como a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, señalados de engañar a decenas de ciudadanos mediante falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin los permisos legales requeridos.
De acuerdo con la investigación, los procesados ofrecían supuestas facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y convencían a los interesados de entregar dinero para la “separación” de inmuebles, respaldados por promesas de compraventa que nunca llegaron a materializarse. Entre 2018 y 2024, el grupo familiar se habría apropiado de al menos 1.536 millones de pesos, afectando a no menos de 45 personas.Según la Fiscalía, cada integrante cumplía un rol específico dentro del esquema. Nelson Guarín Dueñas, como representante legal de una supuesta constructora, mostraba predios donde —aseguraba— se desarrollarían proyectos urbanísticos y firmaba los contratos, reforzando una apariencia de legalidad. Su esposa y su hijo, por su parte, exhibían planos, renders y documentos que, según afirmaban, contaban con el aval de las autoridades competentes.
Un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Guarín Dueñas, mientras que Yolanda Lucía Divantoque deberá permanecer privada de la libertad en su residencia.
Este caso no es un hecho aislado en Duitama. En 2022, las autoridades capturaron al entonces concejal Pablo Andrés Santiago Verdugo, acusado de captar ilegalmente millonarias sumas de dinero mediante promesas de alta rentabilidad en proyectos que nunca se concretaron. En ese proceso, la Fiscalía reveló testimonios dramáticos de víctimas que entregaron los ahorros de toda una vida y hoy enfrentan la pérdida de sus propiedades.
Más atrás en el tiempo, la ciudad —al igual que buena parte del país— fue golpeada por el colapso de DMG, uno de los mayores esquemas piramidales en la historia de Colombia, que entre 2005 y 2008 afectó a millones de personas y movió, según estimaciones oficiales, miles de millones de dólares antes de su caída.
En 2023, la Fiscalía destapó uno de los mayores fraudes inmobiliarios en Boyacá. Una investigación reveló que una familia, a través de la constructora Ávitar, habría recaudado ilegalmente más de 43.000 millones de pesos mediante la firma de 1.731 contratos con 502 personas en Tunja, Duitama y Sogamoso.
Según el ente acusador, los procesados —padres, hijos y un socio— ofrecían inversiones inmobiliarias con supuestas ganancias atractivas, promocionadas principalmente a través de redes sociales. Aunque en 2022 la Superintendencia de Sociedades ordenó la devolución del dinero, hasta la fecha no se habría reparado a las víctimas.
Paradójicamente, varios de los proyectos promocionados continúan apareciendo en plataformas digitales, con precios llamativos y llamados a “invertir”, una situación que mantiene en alerta a las autoridades.
La Fiscalía advirtió que este tipo de estafas podría aumentar, dadas las condiciones en las que se presentan los hechos y el volumen de reclamaciones en curso. Solo una de las decisiones más recientes de la Superintendencia registra 95 solicitudes de reclamación, lo que evidencia la magnitud del problema.
Para evitar caer en fraudes similares, las autoridades recomiendan: Verificar la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana y la Alcaldía, confirmar que la empresa esté legalmente registrada y sin antecedentes, evitar pagos anticipados sin contratos claros ni respaldo fiduciario y consultar siempre con un abogado o asesor especializado antes de invertir.
