Por |Darío Álvarez Morantes
Para nadie es un secreto que la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos, fue un mal negocio que lesionó directamente a la pequeña industria, al sector agropecuario, a nuestros recursos naturales, al medio ambiente y a la economía de la clase media y baja; con este apresurado acuerdo apoyado a ultranza, con el fin de conseguir un supuesto protagonismo en el comercio internacional, sin estar preparados, sin tener las herramientas, ni la disposición del gobierno para modernizar la producción con inversión social en bienes públicos de calidad, tendientes a lograr la reducción de costos, la competitividad y la sostenibilidad, para entrar a competir en condiciones de sana y justa competencia con nuestra producción nacional.
¡Similar al proceso de paz, las víctimas no fuimos tenidas en cuenta en la negociación, el Congreso Colombiano ratificó este tratado mediante la ley 1143 del 4 de julio de 2.007 y la Corte Constitucional, lo declaró ajustado a la Constitución el 24 de julio de 2.008, por medio de la sentencia C-750, sin tener para nada en cuenta el cubrimiento de los riesgos para los productores perjudicados de Colombia.
El Congreso de Estados Unidos se opuso en principio a este tratado por mayoría del partido demócrata, pero Colombia hizo el lobby para conseguir su aprobación; y, finalmente, el tratado entre Colombia y Estados Unidos, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, el 12 de octubre de 2011. El tratado fue aprobado en la VI Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena del 9 de abril al 15 de abril de 2012, y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012.
Los magos colombianos justificaron el tratado como la entrada triunfal de Colombia a las grandes ligas del comercio en una economía globalizada, pero nunca previeron, que al igual que en las 15 rondas de negociación, los Estados Unidos pondrían siempre las condiciones, dejándonos en la condición de gregarios en cualquier competencia. Se especulaba sobre el aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico, el aumento del volumen de comercio internacional del país por vía de importaciones y exportaciones, acceso de las empresas colombianas al mercado de compras públicas de Estados Unidos, estabilidad del país al tener un contrato con reglas de juego con su principal socio comercial, posibilidades de desarrollo y reducción del endeudamiento. ¡Nada de esto Ocurrió!
Y tal como se advirtió, por quienes nos opusimos al tratado, salimos vilmente engañados: Colombia seguirá justificando sus negociaciones con las mínimas migajas que le conceda Estados Unidos, con una distribución ampliamente desigual de las ventajas y oportunidades, con castigo inmisericorde a la agricultura, con más trabajo, más competencia y menos utilidades; intromisión en la propiedad intelectual, la afectación también a la salud por efecto del accionar de los monopolios farmacéuticos y a la industria por la entrada masiva de productos re manufacturados de bajo costo y relativa calidad en competencia desleal con los productos internos.
En el primer año de vigencia del dichoso tratado y con la euforia de las empresas ya posicionadas en el mercado externo, las exportaciones de Colombia hacia EE UU solo crecieron el 3.3%, mientras que las importaciones desde el país del norte hacia el nuestro aumentaron en el 14.6%, tendencia que se ha mantenido y se mantendrá con la posición dominante de los gringos apoyados en los pésimos acuerdos pactados.
Pero como si fuera poco ¡al caído caerle! Ahora se inventan estrategias para invadirnos con productos que no fueron negociados en el tratado, como el caso del maíz dentado, metiéndonos gato por liebre, dentro del contingente de maíz amarillo, mientras lo lógico es abrir el arancel que rige para Colombia incluyendo la sub partida 1005.90.20 que corresponde al maíz dentado para alimentos balanceados y piensos para animales y no valerse de la sub partida 1005.90.11 que Colombia negocio, pero corresponde a maíz amarillo duro.
Esta es una jugada desleal; FENALCE, como gremio que representa a los cultivadores de cereales y leguminosas, reclama justicia, apoyo al productor nacional, mayor control para evitar posibles fraudes aduaneros por contrabando técnico y la evasión de aranceles, control a los importadores para que cumplan con las descripciones mínimas en cuanto a variedad y uso del maíz, sin cambiarle de destino después de nacionalizado; estricta evaluación de calidad de las materias primas que importa el país por parte del Invima y el ICA. La competencia debe ser entre productos de las mismas características y no enfrentar la producción Nacional con productos de inferior calidad, bajo costo y con manipulación del mercado.
¨La paz se debe cultivar en el campo, para que trascienda en las ciudades, sin hambre y con equidad¨
