“Lo que menos pretendo es llegar a tapar cosas o agregarme al tema de la corrupción”, dijo ayer el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa. Según contó, inicialmente le dijo no a la propuesta de asumir ese cargo, pero tras reflexionarlo aceptó el reto.
La decisión de no prorrogar el comodato del histórico Pozo de Donato marca el cierre de una etapa que, durante casi tres décadas, estuvo rodeada de silencios administrativos, relaciones poco transparentes y cuestionamientos que nunca terminaron de resolverse en el escenario público.
El restaurante La Pizza Nostra dejará de operar en el inmueble y el predio retornará a la vigilancia, control y administración directa de su legítima propietaria, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Se trata de una determinación que, aunque jurídicamente prevista desde hace años, adquiere hoy una dimensión institucional y simbólica mayor.
La noticia fue confirmada por la Cámara de Comercio de Tunja, entidad que recibió el bien en comodato y que posteriormente lo arrendó a uno de los comerciantes más influyentes de la ciudad, quien además integró durante años su Junta Directiva. Una relación contractual que, si bien fue legalmente constituida, terminó convirtiéndose en un ejemplo recurrente de cómo lo público puede diluirse cuando confluyen poder económico, cercanía institucional y ausencia de control efectivo.
El anuncio fue realizado por Sergio Armando Tolosa Acevedo, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, quien apenas cuatro días después de asumir el cargo compareció ante los medios para explicar no solo el fin del arrendamiento, sino también el enfoque que marcará su gestión. No es un dato menor que la definición sobre el Pozo de Donato llegue justo en el inicio de un nuevo liderazgo, en medio de un ambiente cargado de cuestionamientos, expectativas y desconfianza acumulada.
Según lo expuesto, fue la propia Cámara de Comercio la que solicitó la terminación bilateral del contrato de arrendamiento, luego de que la UPTC notificara formalmente su decisión de no prorrogar el comodato. El procedimiento se activó en febrero de 2026 y fijó como fecha de restitución del inmueble el 1 de mayo del mismo año, en un intento por anticiparse al vencimiento definitivo del convenio y evitar mayores tensiones jurídicas.
La Universidad fue clara: el comodato, vigente hasta agosto de 2027, no tendrá prórroga. El marco contractual lo permite y el aviso se realizó dentro de los plazos establecidos. Además, dejó constancia de que el inmueble deberá ser entregado en perfecto estado, con las mejoras realizadas —que son de su propiedad— y libre de cualquier vínculo contractual o litigio pendiente. Un mensaje que apunta no solo a la formalidad legal, sino a la necesidad de cerrar este capítulo sin ambigüedades.
Desde la Cámara de Comercio se insiste en que el proceso se desarrollará bajo criterios de transparencia y responsabilidad institucional. En esa línea, se buscó desactivar lecturas incómodas: la visita reciente de la Superintendencia de Sociedades fue presentada como una actuación rutinaria dentro de sus funciones de inspección y vigilancia, y se aclaró que, hasta el momento, no existen notificaciones formales de investigaciones por parte de la Contraloría General de la República relacionadas con el Pozo de Donato.
No obstante, más allá de los comunicados y las precisiones jurídicas, el caso deja abierta una pregunta inevitable sobre la forma en que durante años se han administrado bienes públicos de alto valor histórico y simbólico en Tunja. La recuperación del Pozo de Donato por parte de la UPTC no es solo un trámite contractual: es una oportunidad para revisar prácticas, corregir inercias y redefinir responsabilidades.
El nuevo presidente ejecutivo ha planteado una agenda centrada en la estabilidad institucional, la generación de confianza y el fortalecimiento del tejido empresarial. El manejo de este proceso será, sin duda, una primera prueba de coherencia entre el discurso y los hechos.
El Pozo de Donato entra así en una etapa de transición que trasciende el cierre de un restaurante. Lo que está en juego es la forma en que las instituciones entienden lo público, ejercen la gobernanza y rinden cuentas sobre decisiones que, durante demasiado tiempo, parecieron intocables.
