Hace aproximadamente año y medio que Boyacá cuenta con una política pública de periodismo. Catalogarla como un fracaso rotundo sería, quizás, exagerado; hay que reconocer que ha tenido sus pequeños aciertos, como algunos cursos de formación básica o el impulso de ruedas de negocio que, aunque no han dado frutos reales, son intentos de gestión. Sin embargo, en lo sustancial, no hay otra forma de definirla, es un fiasco. Un fiasco porque el cambio que los periodistas esperamos, el del fin del modelo mafioso de asignación de pauta publicitaria a dedo, simplemente no ha ocurrido.
Tomadera de pelo con los asuntos que son de gran urgencia para el gremio
Como integrante de la mesa de seguimiento de esta política, hablo con la propiedad de quien ha estado atento al desarrollo e implementación de la mencionada política pública. He asistido a casi todas las sesiones, ausentándome de las últimas por la decepción que genera tanto pretexto, tanto aplazamiento de lo urgente y en general tanta tomadera de pelo con los asuntos que son de gran urgencia para el gremio. En esas mesas, la dinámica es vergonzosa: la oficina de comunicaciones de la Gobernación se dedica a leer informes extensísimos que no dan cuenta de mayor cosa.
Posteriormente, el guion se despliega abriendo el micrófono a una mayoría de asistentes cuya única función parece ser el ejercicio de la lisonja y el encomio de gestiones de papel. Para estos personajes, cortesanos que usurpan el título de periodistas pero que actúan como meros escuderos del poder; el fin último es la gratitud del gobernante. Convertidos en la primera línea de una zalamería que raya en la devoción hacia el “Gober”, agotan sus esfuerzos en blindar la figura oficial y en hostigar a los colegas que nos atrevemos a diseccionar una política que deambula entre el pretexto, el aplazamiento y el fracaso sistemático.
La pauta hoy se entrega sin criterio técnico alguno. Cuando se los señalé en las mesas de socialización, la oficina de comunicaciones explotó en cólera porque supuestamente eso no era así. Pero ante la pregunta de cuál era entonces el criterio para asignar más recurso a un medio más que a otro, la respuesta fue que el único mérito es inscribirse ante la oficina. Es un trámite que no exige más que ser juicioso llevando papeles, y ni eso, pues muchos ni siquiera reclaman su certificado de inscripción. Así que, si usted, estimado lector, está desempleado y sin ninguna fuente de ingreso, ya sabe que es potencialmente rentable parasitar los recursos que por norma deberían ser para difundir informaciones de interés público, que hoy se van en buena medida en pago de favores.
La asignación de recursos públicos obedece a una arquitectura de privilegios y opacidad
Bajo este esquema, la asignación de recursos públicos obedece a una arquitectura de privilegios y opacidad. Resulta escandaloso el manejo de la administración de planes de medios en entidades como el Itboy, donde los contratos parecen gestionarse en feudos inamovibles, lejos de cualquier rotación o criterio técnico. A esto se suma una transparencia de fachada en el Secop: la información se carga para cumplir el trámite, pero se omite el detalle que permitiría auditar el destino real de los impuestos de los boyacenses. Es un ocultamiento deliberado que impide rastrear, por ejemplo, el plan de medios de fin de año con todo el detalle que requiere el principio de transparencia del Estado; donde el erario boyacense termina financiando a grandes oligopolios de la comunicación nacional que ya poseen el músculo económico para sostenerse.
Se regalan los recursos locales a quienes jamás darían un espacio a Boyacá
Esta fuga de capital es, además, una afrenta a la soberanía del territorio. Es indignante que el dinero de los boyacenses se destine a financiar medios de otros departamentos bajo una lógica de “generosidad” que no tiene reciprocidad alguna. Mientras el Palacio de la Torre oxigena las arcas de prensa ajena, las gobernaciones vecinas blindan sus presupuestos: si un periodista boyacense osara pedir pauta en Bogotá o Santander, la respuesta sería el desprecio o simplemente la burla. Se regalan los recursos locales a quienes jamás darían un espacio a Boyacá, debilitando nuestro propio ecosistema informativo en favor de intereses foráneos que no tienen ningún vínculo ni compromiso con nuestra realidad regional.
Pero lo más rastrero de este modelo es su naturaleza igualitarista por lo bajo; una suerte de “bolsa común” donde se pretende tabular con el mismo rasero a quienes demostramos métricas, audiencias y profesionalismo, frente a portales que son cementerios digitales con fotos viejas y un reproductor de radio. Es una bofetada al mérito que un trabajo periodístico serio cobre lo mismo, o incluso menos, que una página inactiva recomendada por algún padrino político del Partido Verde. Se ha institucionalizado una injusticia que premia la lealtad y el amateurismo, mientras se asfixia al periodismo que propone, investiga y tiene el rigor de certificar su relevancia ante el escrutinio de las audiencias.
Se dedicaron a aplaudir una política pública por orden del Gobernador
El Gobernador, en sus “diálogos” de una sola vía (porque él no dialoga, solo monologa), niega esta realidad, pero es incapaz de sentarse a conversar y debatir con pruebas en la mano, como las que he presentado ante el Concejo de Tunja y ante la Asamblea de Boyacá, esta última, en la que se dedicaron a aplaudir una política pública por orden del Gobernador, más allá de que no midieron ni analizaron sus impactos.
Para ilustrar este escenario de desprecio por el oficio, basta recordar dos momentos recientes. Primero, un encuentro en el que se citó a la prensa para hablar de los resultados del gobierno departamental y de lo que sería la temporada de fin de año; allí, entre comidas y discursos, además de anunciarnos la presentación de Andrés Cepeda en el Puente de Boyacá la noche del encendido del alumbrado navideño, se nos regaló una ruana a cada uno de los asistentes. Es un detalle que menciono porque es el contexto necesario para entender lo que ocurrió apenas unos días después del atentado en Tunja, cuando se nos citó a una rueda de prensa.
Muchos asistimos pensando que se iba a ahondar en la información o que se darían datos nuevos sobre los hechos que aterrorizaron a la ciudad, pero nos encontramos con un acto de publicidad proselitista para el Partido Verde. Quienes asistimos a cubrir esta rueda de prensa, decidimos permanecer allí, más allá de que el fin de la misma no sería ahondar en la información relacionada al atentado, sino un acto propagandístico con la plana mayor del Partido Verde en Boyacá. Ante la señal del jefe de protocolo para dar inicio a la rueda de prensa, varios de los periodistas allí presentes iniciamos transmisión en vivo de inmediato, sin embargo, el Gobernador prefirió seguir hablando de que periodistas habían recibido ruana y cuales no. Fue entonces cuando un periodista serio, viendo que ya estábamos al aire, interrumpió decentemente al Gobernador para pedirle que por favor entráramos en materia informativa para la cual habíamos sido citados, especialmente por el respeto a las audiencias.
El periodismo es periodismo, y no es un apéndice de intereses políticos ni empresariales
La respuesta de Amaya fue el desprecio absoluto: prefirió seguir bromeando con uno de sus “periodistas” adulones sobre si le habían dado ruana o no. Le valió huevo el respeto a la audiencia conectada. Su megalomanía le impidió ver que una transmisión es un contrato ético con el ciudadano, no un espacio para su folclore personal. El periodismo es periodismo, y no es un apéndice de intereses políticos ni empresariales.
El periodismo busca la verdad, mientras que el marketing busca ventas, el proselitismo busca adeptos y el activismo busca causas. Estas últimas tres cosas no son periodismo, y mucho menos el activismo que tanto se le exige al gremio desde el oficialismo o desde sectores radicales de la opinión pública que vituperan a quien no dice lo que ellos quieren escuchar, y si no que lo digan los periodistas, propietarios de medios, que están contratados como CPS en la Gobernación de Boyacá, a quienes les recriminan incluso hablar de las estufas que entregó Héctor Chaparro, como si dar información fuese un crimen.
Y ni hablar de las agremiaciones de periodistas en Boyacá, que operan bajo lógicas de clan, consolidando estructuras que secuestran la representación social para el beneficio privado. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de Boyacá (APB) y la Corporación Boyacense de Periodistas (CBP) son hoy cáscaras vacías, maquinarias de opacidad que han convertido el gremio en un feudo exclusivo para asegurar pautas de cabo a cabo, y de punta a punta, mientras guardan un silencio cómplice ante la censura.
El pasado 20 de enero de 2025, radiqué una petición ante la APB (https://www.periodicoeltunjano.com/derechos-de-peticion…) para conocer su postura frente a las agresiones físicas y la censura contra periodistas en el departamento, como el caso del director de Alter-Nativa TV. La respuesta, firmada por su presidente el 7 de febrero, es un monumento a la indolencia. Afirman, sin sonrojarse, que la APB «no es un medio de comunicación» y que, por lo tanto, no se sienten obligados a emitir comunicados ni a representar un pensamiento colectivo, dejando toda la responsabilidad en los asociados de forma individual.
Más grave aún es su respuesta ante la violencia: aseguran que no se han pronunciado porque no han recibido «denuncias de los terceros» ante la asociación. Es decir, que para la APB, un ataque físico al ejercicio periodístico no merece el rechazo institucional a menos que el colega agredido pase por sus oficinas a radicar un papel. Ignoran por completo que su razón de ser es la defensa del gremio, no la de ser una oficina de trámites burocráticos para víctimas.
La corporación se escuda en su «naturaleza privada» y en sus propios estatutos
Por otro lado, la Corporación Boyacense de Periodistas (CBP), en respuesta a mi derecho de petición del 13 de enero de 2025, optó por el camino del secretismo. Bajo la firma de su presidente encargado el 3 de febrero, la corporación se escuda en su «naturaleza privada» y en sus propios estatutos para decidir, según su conveniencia, cuándo es «pertinente» pronunciarse sobre una agresión. Es un filtro ético acomodaticio donde la protección al periodista depende de la voluntad de una junta y no de la gravedad del hecho.
En lo referente a los convenios con universidades, contratos interinstitucionales y la gestión de recursos financieros, la CBP se ampara en una supuesta ‘reserva legal’. Alegan que, al ser una entidad autónoma, solo rinden cuentas a sus corporados o a jueces, negando el acceso a la información sobre cómo se financian sus proyectos. Esta falta de transparencia es el caldo de cultivo perfecto para esas dinámicas de casta que capturan la representación periodística para convertirla en un negocio particular, donde el beneficio de unos pocos se blinda tras el hermetismo administrativo.
Estas agremiaciones, al final, guardan silencio ante casos flagrantes de censura como el ocurrido en Paipa, en cabeza de su alcalde, Germán Camacho, tras las denuncias por la demolición de bienes históricos, pero se mantienen muy activas para asegurar pautas de cabo a cabo y de punta a punta, más allá de que los contenidos de los medios de quienes las representan no pasan de ser copie y pegue de comunicados que presentan como “publirreportajes”, causando además gracia y risas entre el resto de los colegas.
Estas agremiaciones se han convertido en el santuario de directivos que, ante la incapacidad de producir información genuina, se limitan a inflar algoritmos mediante el uso oportunista de figuras nacionales (Petro y Uribe), intentando capturar una relevancia que sus propias plumas no consiguen. Son expertos en el arte de la interacción necrófila: matan celebridades antes de tiempo para forzar el clic de audiencias desprevenidas. Peor aún es su metodología de investigación, delegada en personajes que redactan conjeturas viciosas para favorecer intereses particulares; tal como ocurrió con la reciente manipulación de informes de auditoría a la UPTC, donde se tergiversó la realidad para arremeter contra la Cámara de Comercio de Tunja. Detrás de la supuesta denuncia no hay ética periodística, sino el resentimiento de un fabricante de mobiliario que, tras fundar un portal para presionar por contratos públicos, hoy se encuentra acorralado ante la Fiscalía por sus calumnias al ver frustradas sus pretensiones comerciales.
La institucionalidad local parece haber optado por la sordera
Conductas como la de este pusilánime fabricante de mobiliario se replican por doquier, multiplicándose en decenas o cientos de portales fantasmales que carecen de rostro y responsabilidad editorial. Son supuestas páginas de información que, al no tener doliente ni rigor, se convierten en el ecosistema perfecto para la calumnia impune, como ocurre con aquel otro personaje que, bajo el seudónimo de “el loco”, se atreve a firmar columnas ocultando la cara. Una Política Pública de Periodismo que se precie de serlo debería combatir estas prácticas que socavan el derecho ciudadano a recibir información veraz; sin embargo, la institucionalidad local parece haber optado por la sordera ante una situación que envenena la opinión pública. Si esta política fuera un instrumento serio de transformación, agotaría las instancias necesarias para regular el oficio, logrando que el anonimato deje de ser el refugio de los difamadores.
Una Política Pública de Periodismo seria iría hasta las últimas consecuencias para desenmascarar a estos inescrupulosos, a la vez que propendería por la creación de una agremiación pública que agremie a todos los periodistas del departamento, sin pagos de afiliaciones o cuotas, con elecciones de mesas directivas rotativas, en las que todos los periodistas tengamos la oportunidad de participar, en vez de estar propendiendo por fortalecer unos agremiaciones privadas que solo buscan el beneficio particular de sus dueños.
Una Política Pública de Periodismo seria propendería por la formación continua y profesional de quienes ejercen el oficio periodístico, en vez de enfrascarse en defender el amateurismo que hoy persiste y que tiene como consecuencia los contenidos de baja calidad, la falta de ética profesional, y el eterno autodesprecio mismo hacia el ejercicio periodístico, que hoy sigue regido por viejas regulaciones que lo tratan como un oficio que puede ejercer cualquiera.
El desprecio alcanza su clímax con el manejo de la caracterización de medios, una herramienta esencial que se prometió hasta el cansancio como el eje para tecnificar la asignación de recursos y acabar con el ‘dedazo’. Sin embargo, la administración prefirió darle largas durante todo el año, escudándose en la ya gastada excusa de las emergencias por lluvias para no contratar el estudio. Al final, se agotaron los tiempos y la voluntad política, dejando en el aire un compromiso que hoy sigue siendo el gran pretexto para mantener el sistema pútrido de asignación arbitraria. Sin una caracterización seria, la oficina de comunicaciones se asegura de seguir repartiendo el erario sin filtros, premiando la lealtad por encima del impacto.
un personaje favorecido por el sistema, cuyo escaso aporte se limita al parasitismo del ‘copie y pegue’
Esta falta de rigor permite que el Día del Periodista, que debió celebrarse en febrero, se postergara bajo mentiras hasta diciembre, solo para terminar en un evento burdo donde se pretendió canjear dignidad por licor. Allí, fuimos testigos de la escena más bochornosamente deplorable: un personaje favorecido por el sistema, cuyo escaso aporte se limita al parasitismo del ‘copie y pegue’; alardeaba no de sus logros profesionales, sino de su resistencia al alcohol y de su hábito de ‘pegarle a Doña Blanca’ para mantenerse en pie cuando el cuerpo ya no responde. El evento tuvo que ser suspendido cuando este sujeto, en medio de su estado, buscó pleito y pretendió agredir a un colega; un espectáculo deplorable financiado por el erario, que retrata a la perfección la calaña de quienes hoy son los consentidos del oficialismo.
La excusa amayista fue que el dinero se usó para atender emergencias por lluvias. Mentira. El Secop muestra cómo gastaron millones en más de 800 abonos para los partidos de Patriotas y Chicó, a pesar de que nadie en la Gobernación usa esos abonos; en traer a “figuras” nacionales como Gustavo Gómez, argumentando supuestos grandes resultados en atracción del turismo, los cuales hasta ahora son incomprobables. ¿No será más bien que invertir plata en traer a Gustavo Gómez y congraciarse con medios nacionales es más rentable para el interés de ser Presidente que tiene el señor Carlos Amaya?
El ejercicio informativo en Boyacá languidece bajo una estructura clientelar
El ejercicio informativo en Boyacá languidece bajo una estructura clientelar que devora los recursos públicos a cambio de una zalamería estéril. Incluso ahora, en este febrero de 2026, la gestión financiera del gremio permanece bloqueada: la mayoría de nosotros nos hemos visto imposibilitados para cobrar la pauta de diciembre. Esta parálisis no es azarosa; la gestión se torpedeó por obra de personajes inescrupulosos que, abusando de su cercanía con el poder, pretendieron validar evidencias ajenas a lo pactado. Este desorden administrativo es un atropello directo al fruto de nuestro trabajo: mientras el dinero permanece estancado en arcas oficiales perdiendo valor adquisitivo, se nos priva del derecho a disponer de un capital ya devengado, todo por culpa de las artimañas de quienes ven en el presupuesto público un botín personal y no una responsabilidad profesional.
Resulta ofensivo que estos sujetos pretendan escudarse en una supuesta “trayectoria” que, al escrutinio de los hechos, resulta supremamente controvertible. Hablan de veteranía, pero sus portales son vitrinas del mínimo esfuerzo, donde la información se limita a enlaces de video copiados o a contenidos ajenos al oficio. Es el retrato del pésimo profesional: aquel que alardea de experiencia mientras entrega fotografías técnicamente mediocres y contenidos sin rigor, pero que cobra con la voracidad de quien maneja múltiples medios de papel. Es este tipo de personajes los que, que además suelen llegar tarde a ruedas de prensa, si es que van; terminan saboteando su ritmo con preguntas redundantes, obligando a repetir respuestas ya evacuadas ante una audiencia que merece respeto. El espectáculo oscila entre lo patético y lo indignante, dejando claro que su única “habilidad” no es el periodismo, sino la lisonja que les asegura el privilegio sobre el mérito.
Dicen algunos de quienes buscan congraciarse a todo momento, que estas cosas no se cuentan, que “la ropa sucia se lava en casa”, pero en nuestro caso está tan percudida y apestosa, que es necesario mandarla lavar fuera, para ver si así logramos sacarle esa mancha que mantiene en perpetuo desprestigio a una profesión que nació para fiscalizar al poder, no para perfumar sus faltas.
