El ente de control investiga un posible daño al patrimonio público, por supuestas inconsistencias en ejecución de bilateral para vías terciarias.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al representante legal del Consorcio Intersuta 2020 y exinterventor del contrato de obra por $ 4.977’831.490, José Leonardo Álvarez Fonseca, y a la supervisora, Karin Dahiana Páez Barreto, por presuntas inconsistencias en la contratación entre el municipio de Sutamarchán, Boyacá y BYV Ingeniería SAS por un valor total de $ 5.603’494.317.
El ente de control investiga si los entonces funcionarios habrían suscrito actas de recibo parcial y final, y autorizado pagos al contratista, sin verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas en el negocio jurídico que tuvo por objeto el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en zona rural del municipio.
Los hallazgos de la Contraloría señalan deficiencias en la ejecución de la obra que incluyen grietas y fisuras en cunetas, sardineles, placa huella y vigas por desintegración del concreto, además de señalizaciones caídas, desmontadas y/o vandalizadas, y alcantarillas obstruidas por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos, lo cual pudo generar daño al patrimonio público.
