Desde abril de 2016 en la ciudad, como ocurre en el país, se aplica la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015, que incorporó nuevas actividades del servicio, como la limpieza urbana, corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas y la instalación y mantenimiento de cestas en el espacio público.
En medio de la discusión pública por el valor de la tarifa de aseo en Tunja, el debate parece haberse reducido a una consigna sencilla: ‘bajar las tarifas’. Sin embargo, el tema es considerablemente más complejo y tiene implicaciones que van mucho más allá de una decisión local o de un prestador específico.
De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia los costos del servicio de aseo no son fijados por las empresas prestadoras, sino que se calculan a partir de los costos unitarios definidos en metodologías nacionales obligatorias, definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), donde se suman costos propios y no propios del prestador del servicio.
Además, el marco legal contempla lineamientos de la Ley 142 de 1994, y toda su aplicación es vigilada por La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
Estas metodologías establecen de manera detallada qué actividades y costos pueden reconocerse en la tarifa y en qué condiciones.
En el caso de Tunja tanto en Colombia, desde abril de 2016 se aplica la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015, que incorporó nuevas actividades del servicio, como la limpieza urbana, corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas y la instalación y mantenimiento de cestas en el espacio público. Lo anterior, además de las actividades de la recolección y transporte de residuos, la correcta disposición final, y el tratamiento técnico-ambiental de los lixiviados que producen los residuos que producimos los tunjanos.
A estos componentes se suman otros servicios e impuestos que no hacen parte del prestador de aseo no aprovechable, como son:
1. El componente de aprovechamiento, que se recauda a través de la factura, y se transfiere a los recicladores de oficio.
2. El Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento que se recauda en la factura de aseo y los recursos se transfieren a la Administración Municipal para el desarrollo de proyectos ambientales. Un aspecto que, por cierto, abre un interrogante legítimo sobre el destino y el impacto real de esos recursos en materia ambiental en la capital boyacense.
3. Otro factor clave que poco se explica con claridad en el debate público es la estratificación socioeconómica. Los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, que tienen unos valores máximos que se pueden aplicar por la Administración Municipal; así como las contribuciones que pagan los estratos más altos y los comercios de la ciudad, no son definidos por las empresas, sino mediante acuerdos municipales promovidos por la Alcaldía Municipal. En la práctica, cualquier modificación en la estratificación tiene un impacto directo en el valor final que se pagan en los servicios públicos, independientemente del costo base del servicio.
Un ejemplo concreto se presenta en sectores como el barrio Las Quintas, donde varios inmuebles pasaron recientemente de estrato 4 a estrato 5. Este cambio implica que los hogares en estrato 5 inician a pagar una contribución solidaria destinada a financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El porcentaje de esa contribución es fijado por el Administración Municipal, que a la fecha representa un 65% adicional al valor del servicio, aumentando la factura del aseo para este caso.
Igualmente investigamos otros aspectos que impactan la tarifa del servicio, como son:
Descuentos por productividad. Estos descuentos por productividad son reducciones en la tarifa de aseo que se vienen aplicando en Tunja por parte del prestador, con base en un Factor que refleja la eficiencia promedio del sector y se traduce directamente en una menor tarifa para los usuarios, es aplicado sobre actividades con precio techo, y se realiza anualmente.
Los indexadores. Son indicadores económicos oficiales que la CRA ordena usar para actualizar los costos tarifarios del servicio de aseo, los cuales presentamos a continuación, y estos son importantes porque sí suben la tarifa, entre los que se destaca el SMMLV que quedó en alto nivel al cierre del año anterior:
IPC (Índice de Precios al Consumidor)
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente)
Índice de Precios de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV
IOAMB (Índice de Obras Ambientales)
ICFO (Índice de Combustibles Fuel Oil / ACPM)
IPC sin alimentos
Índices propios construidos por la CRA (IPCC CRA 2014, IPCC CRA 2022)
El debate, entonces, no parece ser simplemente si la tarifa ‘gusta’ o no, sino qué tan bien se le está explicando a la ciudadanía un servicio público complejo, cuyo valor responde a decisiones técnicas, regulatorias y de política pública en las que intervienen múltiples actores: el regulador nacional, los entes de control y las autoridades locales.
Reducir la discusión a un señalamiento único puede resultar políticamente rentable, pero difícilmente contribuye a una comprensión real del problema ni a soluciones de fondo para los ciudadanos.
