Introducción: una coyuntura que interpela a la democracia
Colombia atraviesa un momento de alta intensidad política y emocional. Las recientes movilizaciones y confrontaciones simbólicas en el espacio público —como las ocurridas en Boyacá durante la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su candidata— no pueden leerse únicamente como episodios de desorden o intolerancia política. Por el contrario, constituyen una expresión condensada de tensiones históricas no resueltas, de una democracia en disputa y de una sociedad que, lejos de la apatía, se encuentra profundamente politizada.
Este artículo de coyuntura propone una lectura que articula política y emociones, sin renunciar al rigor del análisis histórico-estructural. Parte de una pregunta central y una hipótesis que orientan el texto: ¿cómo interpretar la agitación política actual en Colombia en el marco de la crisis global del capitalismo y de las democracias contemporáneas, y qué implicaciones tiene esto para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026? La hipótesis que se desarrolla sostiene que la conflictividad visible —incluida la confrontación callejera— es simultáneamente síntoma de una crisis profunda y señal de vitalidad democrática, en tanto revela una sociedad activa que disputa el sentido del Estado, la economía y el futuro político del país.
Colombia y la crisis contemporánea de las democracias
Colombia no es una excepción dentro del escenario global. Forma parte de una crisis más amplia de las democracias occidentales, estrechamente vinculada a las transformaciones del capitalismo en su fase financiera y rentista. En un contexto de estancamiento económico, caída tendencial de la tasa de ganancia y profundización de las desigualdades, las democracias —especialmente en países de capitalismo dependiente— se convierten en obstáculos para la reproducción ampliada del capital.
Históricamente, el capitalismo ha atravesado diversas fases: mercantilismo, capitalismo de libre competencia, capitalismo monopolista y, en la actualidad, capitalismo financiero con fuerte intervención estatal orientada a sostener la acumulación privada. Cada una de estas etapas ha tenido expresiones políticas, culturales e ideológicas específicas. Hoy asistimos a una fase en la que el desarrollo técnico-científico y el fortalecimiento del capital financiero conviven con niveles inéditos de desigualdad social y con una creciente subordinación de la política a los intereses del capital.
En este escenario, las élites globales y locales tienden a considerar las normas democráticas como una “camisa de fuerza” prescindible. De allí emergen prácticas como los golpes blandos, la judicialización selectiva de la política, la captura de la sociedad civil y, en casos extremos, la ruptura abierta del orden constitucional. América Latina ha sido un laboratorio privilegiado de estas dinámicas. La CIA, el Pentágono, y muchos gobiernos del país del norte deben muchas explicaciones en América Latina
América Latina: entre la subordinación y la fragmentación
Las experiencias recientes en la región muestran que la disputa no se produce principalmente “desde abajo”, sino “desde arriba”: son las élites económicas y políticas las que impulsan la erosión democrática para preservar sus privilegios. El caso ecuatoriano, con decisiones que buscan alinearse acríticamente con los intereses del hegemón del norte, ilustra cómo la destrucción de la gobernanza nacional y regional se presenta como estrategia para garantizar protección externa y continuidad del poder interno.
Este tipo de decisiones no solo debilita las democracias locales, sino que fractura cualquier posibilidad de construcción de bloques regionales soberanos. En contraste, propuestas como las impulsadas por el presidente Gustavo Petro —orientadas a la integración latinoamericana y a la defensa conjunta frente al avasallamiento imperial— chocan con estas dinámicas de subordinación y fragmentación.
Polarización, desigualdad y elecciones en Colombia
En Colombia, estas tensiones globales se expresan en una polarización política creciente, alimentada por una estructura social profundamente desigual. Los informes recientes sobre desigualdad evidencian un aumento de la brecha entre el percentil más alto de ingresos y el 50 % más pobre de la población, así como una clase media cada vez más vulnerable al empobrecimiento.
Esta realidad ha sido capitalizada por discursos de derecha que responsabilizan al Estado de la crisis, ocultando que dicho Estado ha sido históricamente funcional a la acumulación de grupos rentistas y financieros. La deslegitimación de lo público convive así con la defensa de un orden que ha profundizado las desigualdades tanto en el campo como en la ciudad.
Desde esta perspectiva, los intentos del gobierno de Gustavo Petro por reorientar el papel del Estado —aunque limitados y contradictorios— han encontrado una resistencia feroz por parte del establecimiento político, los gremios económicos, sectores del aparato judicial y otros poderes fácticos. La disputa no es meramente electoral: es estructural.
Reformas, límites y aperturas
Las reformas impulsadas por el actual gobierno deben entenderse como expresiones de un progresismo socialdemócrata, más que como transformaciones radicales. No buscan desmontar de raíz el modelo de acumulación, pero sí introducir correcciones orientadas a una mayor redistribución y a la ampliación de derechos.
En sectores como la salud, las pensiones y la tierra, las propuestas gubernamentales han puesto en cuestión intereses profundamente arraigados. La disputa por el control de los recursos financieros, la intermediación en el sistema de salud y la distribución de la tierra revela hasta qué punto el Estado ha sido capturado por lógicas privadas de clase. Al mismo tiempo, las restricciones fiscales, el peso de la deuda externa y la herencia de un Estado debilitado limitan el alcance de estas reformas.
Pese a sus límites, estas iniciativas han abierto un horizonte político nuevo: el de la posibilidad de profundizar cambios estructurales en el mediano plazo. Ese horizonte es precisamente el que se pondrá a prueba en las elecciones de marzo y en el ciclo electoral que conduce a 2026.
Boyacá como escenario simbólico del conflicto político
La reacción social frente a la visita del expresidente Uribe y de su candidata en ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso debe leerse en este marco. Para amplios sectores de la sociedad —especialmente jóvenes— Uribe encarna un proyecto político asociado a crímenes de Estado, a una institucionalidad excluyente y a una Colombia marcada por la violencia, el clientelismo y las castas.
Que el rechazo haya salido de las redes sociales y se haya expresado en la calle no es un dato menor. El debate público se corporizó, se volvió emoción colectiva, disputa simbólica y presencia física. Esto no implica negar el derecho de los seguidores del uribismo a expresar sus posiciones, ni desconocer los riesgos de la confrontación. Implica, más bien, reconocer que la democracia no es ausencia de conflicto, sino gestión política del disenso.
Emociones, democracia y horizonte político
La agitación social actual revela que el estallido iniciado en 2019 sigue vivo. No se trata de un episodio aislado, sino de una dinámica sostenida de politización popular. Las emociones —rabia, esperanza, indignación— no son irracionales: son formas de lectura moral de la realidad, ancladas en experiencias concretas de desigualdad, exclusión y violencia histórica.
En este contexto, las elecciones se convierten en un termómetro fundamental. Medirán hasta qué punto la sociedad colombiana ha comprendido la magnitud de la disputa en curso y si está dispuesta a profundizar un proyecto de reformas, bienestar social y soberanía nacional. La posibilidad de consolidar una democracia cualitativamente nueva —más participativa, más justa y más vinculada a la paz— depende de esa comprensión histórica y de esa decisión colectiva.
Cierre:
Democracia en tensión, democracia viva
Condenar la movilización y la confrontación simbólica sin atender a sus causas estructurales equivale a vaciar de contenido la democracia. La coyuntura colombiana muestra una democracia en tensión, sí, pero también una democracia viva. En esa tensión se juega no solo el resultado electoral, sino el sentido mismo del proyecto nacional que Colombia aspira a construir en los años por venir.
