Es grande la lista de quienes desertaron de cómodos cargos públicos a nivel departamental y municipal para ir a acompañar y a reforzar campañas proselitistas. Preguntamos si vale la pena hacer ese sacrificio por una causa política que muchas veces es incierta.
Dejar un cargo público en donde se devenga un salario de más de 15 ó 20 millones de pesos, en donde en algunas ocasiones se tiene conductor, en donde se goza de una relativa estabilidad y un estatus social para ir a hacer parte del equipo de una campaña política para las próximas elecciones puede resultar muy arriesgado e imprudente.
Quienes toman esa decisión o quienes para el caso de Boyacá ya la tomaron pueden estar haciendo un pésimo negocio porque no hay garantías de retorno económico, porque se pierde un salario estable y porque las campañas no pagan bien (o simplemente no pagan).
Eso fue lo que hicieron en las últimas semanas personajes como el exalcalde de Paipa Fabio Alberto Medrano, quien se venía desempeñando como director de la Oficina Asesora de las regiones del Gobierno de Boyacá, Ángela Velandia, secretaria de Integración de administración departamental; Wílmar Triana, secretario de Gobierno; Karen Dayana Estupiñán, secretaria de las TIC del gobierno de Paipa o Claudia Duarte, secretaria de Desarrollo de Paipa.
Ellos son apenas algunos de quienes abandonaron sus cargos, no se sabe si por petición de sus jefes o por voluntad propia, para en enrolarse en campañas políticas ajenas.
Lo que hicieron les puede costar ‘sangre, sudor y lágrimas’, pero guardan la ilusión de que con el posible triunfo de sus candidatos seguramente podrán venir tiempos mejores.
Para tratar de establecer que tan conveniente es hacer ese salto mortal, lo primero que hay que señalar es la naturaleza política de los gabinetes y equipos de gobierno.
“El equipo del gobernador o de un alcalde está integrado, en su mayoría por actores políticos, y su renuncia para meterse en campañas es parte de su esencia y de su profesión”, dijo uno de los analistas consultados por EL DIARIO.
La práctica de renunciar para ayudar a un candidato ha ocurrido desde hace mucho tiempo con ministros y funcionarios del alto gobierno en Colombia y también ha sido una práctica cotidiana en los gobiernos verdes de Boyacá. Incluso hay una puerta giratoria en la que los secretarios y otros funcionarios se retiran, van y participan en política y después regresan a sus cargos o a otros de igual importancia.
Como sea, retirarse de un cargo para hacer política casi siempre es una mala idea y, en general, es un pésimo negocio, aunque depende del objetivo y de las probabilidades de que esa campaña termine en la anhelada victoria.
Es un buen negocio político si se considera que el retorno no es en dinero inmediato sino que se logra ‘capital simbólico’, lealtades, visibilidad o acceso a redes de poder. En esos casos funciona como inversión en capital político, no económico. No se puede olvidar que esos ‘exfuncionarios’ estarán durante por lo menos seis meses, hasta que concluya la Ley de Garantías’ ‘en el asfalto’.
Esa renuncia puede tener sentido si la campaña política tiene amplias posibilidades de ganar; si el candidato o candidata lidera encuestas, si tiene maquinaria fuerte o si tiene respaldo nacional o popular. En ese caso ese directivo o colaborador de la campaña se posiciona como leal, puede ser visto como cuadro de confianza o tiene posibilidad de ganar puntos para cargos futuros (secretarías, direcciones, listas, etc.)
Sin embargo, esa renuncia pudo haber sido una mala idea si la campaña es débil o incierta, si el candidato no tiene una opción real, si hay desgaste político o si no hay reales expectativas de ganar.
Desde las perspectiva ética esa renuncia y su vinculación a una campaña puede ser legítima solo si se hace para defender un proyecto político coherente, si hay convicción real en la causa, si no se usan indebidamente recursos públicos para financiarla y si no hay presión indebida.
Y ‘el sacrificio’ se vuelve problemático si se instrumentaliza el cargo previo, se cruza con clientelismo y se espera un pago como cuota burocrática.
“La línea ética está en no confundir militancia con transacción”, pero en el entorno colombiana es muy posible que no existan barreras entre los dos conceptos.
Pues bien, para el caso de Boyacá, algunos de quienes presentaron renuncias ya hacen parte de las huestes de candidatos al Senado o a la Cámara son:
Fabio Alberto Medrano, asesor para las regiones del Gobierno de Boyacá, quien ahora es el jefe de debate de la campaña de John Amaya al Senado de la República.
Ángela Velandia, secretaria de Integración de la Gobernación, se retiró del cargo para reforzar el equipo de John Amaya al senado.
Wilmar Triana, exsecretario de Gobierno de Boyacá, quien dimitió para ayudar en la campaña de Eduar Triana a la Cámara de Representantes.
Diana Espinel, jefe de Prensa de la Gobernación, se retiró para ayudar en la campaña de John Amaya al Senado.
Eddy Reyes, exsecretario de Educación; ahora apoya la campaña de Jaime Raúl Salamanca a la Cámara de Representantes.
Ricardo Rojas Sáchica, exgerente de la Empresas Públicas de Boyacá, ahora está con Jhon Amaya, candidato al Senado.
Karen Estupiñán, directora de las TIC y las Comunicaciones de Paipa, quien está ahora en la campaña de Zandra Bernal al Senado.
Claudia Duarte, exsecretaria de Desarrollo de Paipa, quien hace parte ahora del equipo de campaña de Gloria Díaz al Senado.
En Paipa también renunció al cargo de Secretario de Gobierno David Camargo, quien hará el ejercicio de buscar la Alcaldía de esa ciudad en las elecciones del año entrante.
