Desde 1819, el país se reconoce independiente y soberano y la Constitución de 1991 proclama la autonomía política, económica y territorial del Estado, con un presidente como jefe del Estado, del gobierno y la fuerza militar y máxima autoridad de la nación. Esa soberanía formal contrasta con una estructura histórica de subordinación externa -militar, económica, jurídica, epistemológica y cultural- que ha moldeado el ejercicio real del poder al acomodo de las élites, que cuando enfrentan dificultades buscan al gobierno de los Estados Unidos para “rogarle protección” con lógicas coloniales renovadas, lo que a la luz de sus llamados a invadirnos entra en la esfera del delito de traición con sanción penal.
La independencia fue resultado de una ruptura política, pero no económica ni geoestratégica, Colombia heredó un modelo de exportación primario dependiente, endeudamiento externo crónico y élites criollas (de)formadas en la administración colonial con la que defienden a sangre y fuego la concentración de la tierra (Uribe, Visbal, Lafaurie), del capital (Sarmiento, Ardila, Sto domingo, Vélez), y las jerarquías sociales y la política del poder vertical (Vargas Lleras, Gaviria, Pastrana, Santos), que entregaron la soberanía económica a la dependencia del dólar y al sistema financiero de EE.UU, impiden salir de la minería de enclave explotada por grandes empresas extranjeras que extraen carbón, oro, níquel, petróleo, esmeraldas y tributan poco, con apoyo de los poderes locales que blindan el saqueo y se aferran a los tratados de libre comercio subordinando la política industrial y alimentaria a reglas supranacionales en detrimento de la estructura productiva y comercial propia.
El monopolio legítimo de las armas y el control territorial, siguen influidos por las bases militares aprobadas por el presidente Uribe, los paramilitares formados inicialmente por mercenarios israelíes y asesores encubiertos, que provocaron una penetración profunda de doctrinas, financiamiento y programas militares diseñados fuera del país. Allá “montan” la narrativa de guerra y el país pone la plata y los muertos, con libretos y doctrinas de seguridad con terror como el Plan Colombia ejecutado de 2000 a 2022, que dejó falsos positivos, chuzadas, fraude para la reelección presidencial del régimen del seguridad democrática, saqueos al erario y una arquitectura delincuencial con entrenamiento de tropas, provisión de armas, sistemas de inteligencia, presencia de contratistas estadounidenses con inmunidades especiales y un mercado abierto de exportación de mercenarios y antiguos militares.
Las doctrinas de “enemigo interno”, “contrainsurgencia” y “seguridad hemisférica” diseñadas en Washington fueron adaptadas por las escuelas militares que conservan el espíritu de criminalización al opositor político de izquierda, comunista, demócrata o progresista, del que tienen en un balance de éxito y total e impunidad de élites, como responsables del exterminio de la Unión Patriótica y los pueblos indígenas, vigilancia y cruenta represión a movimientos sociales y perfilamiento de sectores críticos que confrontan al Estado de élites liberal-conservador de obediencia y control colonial.
La soberanía jurídica recibe la influencia de organizaciones financieras internacionales, tribunales de arbitraje y estándares globales que condicionan la regulación interna e imponen las reglas del capital. Cuando Colombia por soberanía demanda ante un tribunal internacional siempre encuentra entre sus contradictores a “eminencias jurídicas” “expertos” y “periodistas” locales como grandes defensores del despojo y saqueo, como lo reflejan los casos de Chiquita Brands y Odebretch. Así que, si “colonia” significa un territorio gobernado por otro Estado, Colombia no es colonia, pero tiene luneras de un neocolonialismo sin virreyes, ni barcos, pero sí con unas élites cada vez más degradadas y vulgares, que se reclaman blancas, creyentes, puras y gentes de bien; unos mercados financieros que condicionan la política económica; tribunales que limitan la legislación en favor de las mayorías; doctrinas militares extranjeras aplicadas localmente; industrias culturales que moldean el deseo colectivo; y avaros dueños del capital y un periodismo procolonial.
Para dejar claro que Colombia no es colonia, es preciso que la sociedad siga los llamados a fortalecer la economía diversificándola, mirar al sur, a los BRICS, Asia y África, promover la unidad latinoamericana, la soberanía energética justa, la soberanía alimentaria rural con tierras comunales, soberanía territorial asentando la paz que se pacte, soberanía jurídica con tribunales imparciales y justicia libre de politización y soberanía cultural sin élites intermediarias administrando el país como si fuese un territorio ajeno, disponible solo para ellas y sus juegos de guerra con impunidad asegurada.
