El Gobierno de Colombia anunció este 29 de diciembre de 2025 un ajuste histórico al salario mínimo para 2026, que será de aproximadamente 1’750.905 pesos mensuales, un alza de alrededor del 23 % frente al valor vigente en 2025, que fue de 1’423.500 pesos. Con la inclusión del auxilio de transporte, las autoridades calculan que el ingreso total mensual de un trabajador con salario mínimo alcanzará cerca de 2’000.000 de pesos en 2026.
El incremento fue confirmado por decreto presidencial tras el fracaso de las negociaciones tradicionales entre gremios empresariales y centrales sindicales, que no alcanzaron consenso antes de la decisión ejecutiva. El presidente Gustavo Petro defendió el ajuste afirmando que el cálculo del salario mínimo se hizo “en términos reales”, descontando el efecto del costo de la canasta familiar y otros bienes, con el objetivo de que el aumento beneficie efectivamente a las familias y no solo al trabajador individual. El mandatario también destacó que, según sus cálculos, este ajuste representa un crecimiento acumulado del salario real durante su gobierno cercano al 36 %, una cifra que, dijo, no tiene precedentes en las últimas décadas.
La decisión se produce en un contexto en el que el Gobierno sostiene que la mejora del ingreso mínimo es una herramienta para reducir la pobreza y fortalecer la demanda interna, aunque analistas advierten que un aumento de dos dígitos puede tener efectos sobre los costos laborales, la inflación y la competitividad empresarial. Algunos sectores económicos han cuestionado la sostenibilidad del incremento, alegando que puede presionar los precios al consumidor y afectar a las pequeñas y medianas empresas.
El nuevo salario mínimo entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026, por lo que los trabajadores que perciben este ingreso deberán ver reflejado el ajuste en sus pagos desde el inicio del año. La cifra final, superior a la propuesta inicial de algunos actores sociales, coloca al país frente a uno de los mayores incrementos del salario mínimo en años recientes, sobre el cual se anticipa que seguirá el debate sobre sus impactos sociales y económicos a lo largo de 2026.
