El Comité de Paro de los Mineros del Carbón de Boyacá y Cundinamarca, en carta al ministro de Minas, Edwin Palma y al Gobernador, Carlos Andrés Amaya, explica que hay incumplimiento en los acuerdos firmados entre el Gobierno y el gremio y que se está registrando un deterioro progresivo en las condiciones económicas, jurídicas y operativos de los carboneros.
Los representantes del sector minero de carbón de Boyacá y Cundinamarca enviaron una extensa nota al Ministro de Minas, Edwin Palma; y al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en la que manifiestan se profunda preocupación por el incumplimiento de los acuerdos previamente pactados y el deterioro progresivo de las condiciones económicas, jurídicas y operativas del sector.
Los siguientes puntos recogen las principales inconsistencias, omisiones y afectaciones que hoy agudizan la crisis de la minería de carbón en la región:
1. Generación continua y comercialización
El Gobierno Nacional había anunciado la compra de 60.000 toneladas de carbón en los próximos meses, con el objetivo de contribuir a la generación continua y a la reactivación comercial del sector. Sin embargo, hasta la fecha únicamente se adelantó una licitación, en la cual hasta ahora se van a suministrar las primeras de 10.000 toneladas en diciembre, lo cual contradice la afirmación del Gobernador, según la cual ya se habían adquirido las 60.000 toneladas.
Anotan que durante el paro, se buscó de manera activa la colaboración de las termoeléctricas ubicadas en Boyacá y Cundinamarca, procurando que no solo participara Gensa, sino también empresas como la Compañía eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P y Termozipa, con el propósito de que contribuyeran a mitigar el estancamiento que hoy atraviesa el sector carbonífero.
“Tenemos conocimiento del compromiso y la disposición de estas empresas; sin embargo, aparentemente se ven limitadas por las políticas actuales del Gobierno Nacional. A la fecha, desconocemos si existe un acercamiento formal entre estas termoeléctricas y el Gobierno, situación que genera incertidumbre, teniendo en cuenta que para Boyacá y Cundinamarca estas empresas cumplen un papel crucial en el contexto de la crisis que enfrenta el sector minero y energético”, dicen.
Este incumplimiento rompe con la expectativa generada entre los pequeños mineros de Boyacá y Cundinamarca, quienes esperaban una dinámica comercial sostenida y no un limitado a un periodo de seis meses, que resulta insuficiente para enfrentar la crisis actual.
Igualmente se refieren a pagos pendientes por parte de GENSA:
“Si bien se han efectuado algunos pagos, estos solo cubren las obligaciones hasta el mes de julio, permaneciendo en mora cuatro meses adicionales de suministro. Esta deuda mantiene asfixiados financieramente a múltiples productores que dependen exclusivamente de esta actividad”.
‘Imposición tributaria: ¡No más gravámenes al sector del carbón’
Pese a las reiteradas reuniones con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Minas, y a que el gremio ha expuesto con claridad la carga tributaria que enfrenta el sector, la nueva reforma tributaria introduce nuevos impuestos, además de incrementar las tarifas de energía para la actividad minera.
A ello se suma el proyecto de nueva ley minera en el Congreso, que prohíbe la exploración y explotación de carbón térmico, dejando en evidencia una política pública orientada a desincentivar y eventualmente desmantelar la minería de carbón en Colombia.
Ajuste a la fórmula de regalías
En reuniones previas con la UPME, se planteó la necesidad de revisar y ajustar la fórmula de regalías para hacerla más justa y proporcional a la realidad económica del sector.
Procesos de formalización y legalización minera
A pesar de la firma de 22 títulos mineros entre la ANM y pequeños mineros de Ráquira, Sativasur, Sativanorte, Samacá, Jericó, Socha y Paz de Río, la gran mayoría de las solicitudes de legalización en Boyacá y Cundinamarca continúan represadas.
Existen procesos que superan más de 10 años de espera, tanto en la Agencia Nacional de Minería como en Corpoboyacá y la CAR de Cundinamarca, afectando directamente a familias y comunidades cuya estabilidad depende de la formalización minera.
Política de exportación
El Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Minas y la Gobernación de Boyacá, se comprometieron a construir una estrategia clara y ágil para la apertura de nuevos mercados internacionales.
Sin embargo, no existe hasta hoy una sola propuesta concreta, situación que ha profundizado la crisis y paralizado la comercialización del carbón en diversas zonas de los departamentos.
De acuerdo con Fenalcarbón, en 2025 se proyecta una reducción del 30 % en las exportaciones, evidencia inequívoca de la falta de políticas reales de apoyo al sector.
Transición energética: un proceso improvisado
El Gobierno avanza en una transición energética apresurada, sin un diagnóstico serio sobre el impacto que esta tendrá en la minería de carbón de Boyacá y Cundinamarca.
Una transición energética justa debe incluir:
* Sustitución gradual de combustibles fósiles.
* Desarrollo real de energías renovables.
* Reindustrialización y fortalecimiento de redes eléctricas.
* Inversión, formación y protección de las comunidades mineras.
Ninguno de estos elementos – dicen los pequeños productores- ha sido considerado en las mesas de diálogo realizadas.
Exclusión del carbón térmico como mineral estratégico
En el Gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se eliminó el carbón térmico de la lista de minerales estratégicos, sin realizar un análisis técnico sobre las graves implicaciones económicas y sociales que esta decisión conlleva. Se impone así un proceso de des carbonización irresponsable, que desconoce la realidad laboral y productiva del país.
9. No a la criminalización de la minería
Declaraciones recientes del Presidente de la República, realizadas incluso en escenarios internacionales, señalan al carbón como una amenaza ambiental mayor que otras economías ilícitas, posicionamientos que estigmatizan la actividad minera formal y profundizan la discriminación hacia quienes dependen de ella para subsistir.
Rechazamos una vez más, enfáticamente este discurso que criminaliza a los mineros y desconoce los avances en formalización y buenas prácticas ambientales del sector.
10. Falta de seguridad jurídica
El sector minero del carbón carece hoy de seguridad jurídica real. Los cambios frecuentes en la política pública, los anuncios presidenciales sin reglamentación y las medidas administrativas contradictorias vulneran la confianza legítima, frenan la inversión y ponen en riesgo miles de empleos en Boyacá y Cundinamarca.
Por lo anterior expuesto rechazamos de manera enfática las afirmaciones del señor Ministro de Minas y Energía, quien asegura que se ha cumplido el 90 % de los acuerdos pactados.
Resulta inadmisible que se hagan este tipo de declaraciones desconociendo por completo la realidad que vive el sector carbonero de Boyacá y Cundinamarca, el cual atraviesa la peor crisis de las últimas décadas, sin respuestas concretas, sin apoyo efectivo y sin cumplimiento real de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.
Declaración adicional del Comité Firmante
Los integrantes del comité que firmamos los acuerdos del pasado 07 de agosto reiteramos que nos mantenemos firmes en el proceso y en la exigencia del cumplimiento total de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional. Ratificamos nuestro compromiso con el diálogo constructivo y transparente.
Solicitamos de manera expresa que toda reunión, avance, convocatoria o comunicación relacionada con este proceso se realice directamente a través del correo electrónico defensoresminerosdeboyaca@gmail.com. Esto garantiza coherencia, representatividad y claridad en la interlocución del sector.
Exigencia formal
Por todo lo anterior, ratificamos nuestro inconformismo e insistimos en el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional. Solicitamos de manera urgente al señor Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y al Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, que se apersonen directamente de esta problemática y que presenten soluciones reales, verificables y de corto plazo.
El sector minero no puede continuar en reuniones sin resultados, mientras la crisis se profundiza y miles de familias ven amenazada su subsistencia. Requerimos acciones inmediatas que permitan sacar al sector carbonero del grave socavón económico en el que se encuentra.
