En una jornada de rendición de cuentas realizada este 1 de diciembre, el representante a la Cámara Wilmer Castellanos presentó un balance marcado por resultados concretos, defensa del territorio y cuestionamientos de fondo al Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial. Su intervención estuvo centrada en los logros alcanzados en el Congreso, los avances del nuevo marco normativo para alcaldías y el estado crítico de la vía Bogotá–Tunja–Sogamoso (BTS).
Castellanos destacó que durante su periodo ha impulsado 114 proyectos de ley como coautor, presentado 645 proposiciones y radicado 29 ponencias, además de gestionar inversión en 119 municipios boyacenses. Señaló que su ejercicio ha buscado demostrar que es posible ser un congresista “de hechos y no de discursos”, alejado del populismo y enfocado en la viabilidad técnica de las obras.
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Uno de los puntos centrales de su exposición fue la reciente ley que otorga mayor autonomía a los municipios en el manejo del Fonpet. El representante explicó que, por primera vez, los alcaldes podrán realizar trámites totalmente en línea y acceder a información clara sobre sus niveles de cubrimiento sectorial. La norma obliga al Gobierno a actualizar el cálculo actuarial en un plazo máximo de seis meses y permitirá que los entes territoriales desahorren incluso por encima del 100 % del cubrimiento, garantizando recursos para salud, educación y propósito general.
Castellanos también anunció un alivio adicional: el reconocimiento de 6 millones de pesos por municipio que habían sido retirados del Fonpet durante la pandemia y que ahora deberán reincorporarse a las cuentas locales. Según explicó, este ajuste podría habilitar desahorros significativos para infraestructura prioritaria entre 2026 y 2027.
En materia judicial y de control político, el congresista informó la radicación de tres acciones judiciales, entre ellas una acción popular en Sogamoso para reactivar la variante, hoy convertida en un proyecto inconcluso. Afirmó que el trabajo legislativo no se limita al cabildeo ante el Ejecutivo, sino que también requiere acudir a los tribunales cuando las obras estratégicas se estancan.
El capítulo más crítico de su intervención estuvo dedicado a la vía BTS, la principal ruta de conectividad del departamento. Castellanos aseguró que, gracias a las gestiones realizadas, se asignaron 56 mil millones de pesos para mantenimiento, operación y funcionamiento del tramo Villapinzón–Ventaquemada–Tunja, así como de la glorieta de Tibasosa hacia Sogamoso. Señaló que la supervisión del Congreso permitió la instalación de nueva señalización, tachas reflectivas y mallas de seguridad, mejoras que —según dijo— han contribuido a reducir la siniestralidad.
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No obstante, advirtió que el Gobierno Nacional aún tiene pendientes estructurales con la región, entre ellos la posibilidad de revertir uno de los peajes de la concesión y revisar la legalidad de decisiones tomadas en 2021, cuando —afirmó— se devolvió el 45 % de la concesión sin suspender el cobro de los tres peajes del corredor. Por estos hechos, Castellanos confirmó la instauración de denuncias penales y fiscales, actualmente en revisión por parte de la Contraloría dentro de la estrategia Compromiso Colombia.
El representante agregó que insistirá en un debate de control político al Ministerio de Transporte, previsto inicialmente para antes del 16 de diciembre, pero que podría realizarse en marzo si el trámite se retrasa. Paralelamente, mencionó que Invías ha advertido que el trazado actual de la vía del Cusianá podría requerir variaciones debido a limitaciones técnicas identificadas en recientes estudios.
Ante preguntas sobre una eventual candidatura a la Gobernación de Boyacá, Castellanos evitó confirmar aspiraciones. En su respuesta, sostuvo que serán “Dios y los boyacenses” quienes definan su futuro político. Por ahora, dijo que concentrará sus esfuerzos en su formación académica y en fortalecer iniciativas empresariales en sectores como la gulupa, las flores, la construcción y la producción agrícola, insistiendo en que “no se necesita una curul para servir a Boyacá”.
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La jornada cerró con un mensaje de pertenencia territorial: Castellanos reiteró que su trabajo legislativo y empresarial responde al propósito de impulsar la competitividad del departamento. “Amo Boyacá y quiero verla más grande”, concluyó.
