El abogado Jorge Morales Acuña fue uno de los autores del proyecto que impulsa el Gobierno; la iniciativa fue estudiada en la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Jaime Raúl Salamanca; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez le dio ponencia negativa en la Corte Constitucional y el conjuez Carlos Pablo Márquez decidirá el futuro de ese proyecto, bandera del gobierno del presidente Petro.
Uno de los proyectos más importantes promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que afectará positiva o negativamente el futuro de todos los colombianos ha tenido la participación directa de cuatro boyacenses y, finalmente, será uno de ellos quien defina si la iniciativa se hunde o si se convierte en Ley de la República.
En primer lugar, el abogado Jorge Morales Acuña, oriundo de Cerinza, como asesor jurídico de Colpensiones, fue uno de los autores de la Reforma Pensional, como la quería el Gobierno Nacional.
Morales es abogado de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Administrativo y en Contratación Pública, magíster en Derecho Administrativo, en Estudios Políticos, en Derecho Constitucional y doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas.
Lo que se buscó con el proyecto promovido por el Gobierno es garantizar la máxima cobertura del sistema, que las personas puedan acceder a las pensiones de vejez e invalidez, que estén cubiertas frente a las diversas contingencias, que puedan vivir en condiciones dignas en la edad de su retiro y que se garantice la sostenibilidad económica del sistema pensional a mediano y largo plazo.
Una vez presentada la iniciativa, a Jaime Raúl Salamanca, oriundo de Sotaquirá, como presidente de la Cámara de Representantes le correspondió liderar el debate sobre la iniciativa, defender el proyecto en algunos de sus aspectos y proponer cambios en los asuntos en los que los congresistas no estaban de acuerdo.
Incluso Salamanca convocó a sesiones extraordinarias, citando a la plenaria el 27 de junio de este año para debatir la reforma pensional, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, tras haber detectado vicios en el trámite anterior.
Salamanca defendió que este debate no fuera apresurado: pidió que las sesiones fueran ‘amplias’ para permitir una deliberación seria.
Salamanca dijo que, si la reforma no pasa por la Corte, habría que insistir con el debate en el Congreso: “Si la Pensional no pasa en la Corte hay que insistir … y si se regresa se debate” .
Manifestó también que su obligación era acatar el fallo de la Corte y convocar las sesiones necesarias para subsanar los errores formales del proyecto.
Cuando se cuestionaron irregularidades en el trámite, Salamanca defendió la legalidad del procedimiento. Afirmó que el decreto presidencial que convocó las sesiones tiene ‘presunción de legalidad”.
Dijo que la plenaria en la que se debatió la reforma fue “amplia, democrática” y con participación de múltiples bancadas, para argumentar que el vicio señalado por la Corte (falta de debate) se estaba subsanando. .
Adicionalmente envió un informe detallado a la Corte con las actas y minutaje de las sesiones para demostrar que el debate fue adecuado.
En resumen, su papel fue de garante institucional: como presidente de la Cámara, Salamanca se aseguró de que el nuevo debate cumpliese con lo que la Corte Constitucional exigía, de que se respetara el procedimiento y de que hubiera una discusión amplia y formal para legitimar el proyecto. Además, se mostró dispuesto a insistir en el tema si la Corte no lo avalaba, lo cual evidencia que respalda la reforma pensional, pero al tiempo defiende la legalidad del proceso.
El tercer protagonista del debate sobre el sistema pensional que podría regir para los colombianos fue el tunjano Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Actualmente es el presidente de la Corte Constitucional; abogado, especializado en derecho constitucional y administrativo. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y de Ecuador en 1997.
El magistrado Ibáñez fue el encargado de elaborar la ponencia de la Reforma Pensional y su concepto fue en contra.
Entre los argumentos de Ibáñez para elaborar una ponencia negativa a la Reforma está el incumplimiento del debate legislativo. Dijo que la citación a la Cámara fue rápida y no dio tiempo para preparar el debate, que la oposición no pudo socializar sus proposiciones, que acoger el texto del Senado fue irregular y que las actas de esas sesiones no se aprobaron conforme al trámite establecido en la ley.
Además, en un documento de 83 páginas, el magistrado conservador se fue lanza en ristre contra el actuar de los aliados del gobierno en la Cámara de Representantes y del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien le dio el visto bueno a la subsanación.
Con esa ponencia negativa, los nueve magistrados de la Corte Constitucional debían votar para decidir sobre el futuro del proyecto; cuatro de ellos anunciaron voto a favor y otros cuatro en contra.
Un noveno magistrado, Héctor Carvajal, a quien le hubiera correspondido ‘el desempate’, fue apartado de la decisión porque en el pasado se había pronunciado sobre el tema y porque fue contratista de Colpensiones y asesoró jurídicamente a la entidad sobre la aplicación de la norma demandada. Igualmente fue asesor del presidente, Gustavo Petro.
Esa recusación generó que fuera necesario acudir a un Conjuez, que será el encargado de estudiar el proyecto y tomar la decisión final.
Y aquí es donde aparece el cuarto boyacense, Carlos Pablo Márquez Escobar, nacido en Belencito (jurisdicción de Nobsa), en donde su padre trabajo durante varios años para Acerías Paz del Río.
El conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar deberá estudiar el expediente y emitir el voto que podría tumbar o mantener la Ley 2381 de 2024, que es la que “establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
Carlos Pablo Márquez Escobar es uno de los juristas colombianos con mayor formación y trayectoria en materia de competencia y regulación económica.
Es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Antes de eso estudió Derecho, Filosofía y una maestría en Economía en la Universidad Javeriana, una combinación que marcó su enfoque interdisciplinario.
Márquez Escobar fue superintendente para la Protección de la Competencia entre 2010 y 2012 y director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y con anterioridad había sido asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio del Interior y de Justicia.
Todos los colombianos que alguna vez cotizaron, que están cotizando o que los que lo harán en los próximos años seguramente se verán favorecidos o afectados por las decisiones que tomaron estos cuatro boyacenses y por lo que finalmente determine el conjuez Carlos pablo Márquez Escobar.
