“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, Pero, ¿cuál es el límite? El concejal Román Quintero puso sobre la mesa una situación preocupante relacionada con la manera en que la administración municipal habría manejado el caso de un docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, recientemente condenado por la justicia por actos sexuales abusivos con una menor de edad.
Según lo expuesto por el cabildante, la oficina encargada de los procesos disciplinarios habría cometido irregularidades que, de no haber mediado una decisión judicial, podrían haber permitido que el docente continuara vinculado a la institución educativa y en contacto con menores de edad.
El contexto judicial
A finales de agosto de este año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja emitió una sentencia condenatoria contra Néstor Orlando Cely Bautista, docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, hallado responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.
De acuerdo con el fallo, los hechos se registraron el 1 de agosto de 2024, “cuando, según estableció el proceso, Cely aprovechó que un grupo de alumnas ensayaba un baile en el salón de informática para realizar tocamientos indebidos a una estudiante de 11 años”.
El proceso contó con testimonios de estudiantes, docentes, directivos y familiares, quienes coincidieron en que el suceso ocurrió dentro de las instalaciones educativas. El juez consideró demostrada la conducta y subrayó la gravedad del caso por haberse producido en un entorno escolar y bajo la responsabilidad de un educador.
La sentencia, leída el 29 de agosto de 2025, impuso una pena de 12 años de prisión, junto con agravantes por la posición de autoridad del docente y la condición de vulnerabilidad de la víctima.
La advertencia
Aunque la Ley colombiana determina que todos somos inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario, también exige a las autoridades garantizar la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables y de especial protección.
Por eso, lo que el concejal Quintero señaló no es un detalle menor, pues advirtió que el proceso disciplinario que debía llevar la Alcaldía de Tunja, a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario, habría tenido inconsistencias procedimentales que derivaron en que a pesar del anuncio sancionatorio que se hizo a través de diferentes medios, al final se declarara una nulidad en lo actuado.
Dicho de otra forma, si no existiera una medida de detención y una sentencia ejecutoriada por la justicia, el docente podría haber continuado vinculado laboralmente, sin que existieran impedimentos administrativos para ello. Una situación que, de ser así, pondría en evidencia vacíos estructurales en los mecanismos de control y protección en el ámbito educativo.
Más allá de un error
Es cierto que en todo proceso pueden presentarse errores humanos; sin embargo, cuando estos se relacionan con la protección de menores de edad, el margen de error debería ser nulo. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un funcionario, sino la confianza de toda una comunidad educativa.
En este punto vale preguntarse: ¿cómo están funcionando los mecanismos de control interno en las instituciones educativas y las dependencias municipales? ¿Qué garantías existen para que los casos de presunto acoso o abuso se tramiten con enfoque de protección y no con miedo a la controversia?
A diez años de la Ley Rosa Elvira Cely
Lo dijimos en una columna anterior: a diez años de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), el enfoque de género sigue sin transversalizarse plenamente en el ámbito educativo. Las rutas de atención existen, pero muchas veces se aplican de forma incompleta, tardía o con fallas que terminan deslegitimando el proceso y revictimizando a quienes denuncian.
Además, el caso de la Normal no puede verse como un hecho aislado. Exestudiantes y personas cercanas a la institución recordaron que no era la primera vez que se escuchaban quejas, aunque en el pasado no se hubiesen formalizado. Ese silencio institucional también debe ser objeto de revisión.
Un problema que no termina en Tunja
Quizás lo revelado por el concejal sea solo una muestra de una realidad más amplia. En otras ciudades del departamento, como Duitama, también se conocen casos en trámite contra docentes o funcionarios del sector educativo. La pregunta es si las autoridades locales están actuando con la misma diligencia con que exige la ley o si, una vez más, la burocracia termina diluyendo la protección que debe primar sobre cualquier otra consideración.
Proteger a la niñez no es un trámite, es una obligación ética, legal y humana. Cuando una administración falla en eso, no solo incumple su deber, traiciona la esencia misma del servicio público.
