El concejal del municipio de Paipa, Eduardo Pacheco Medina, radicó el 23 de abril de 2024 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por supuestas irregularidades administrativas en el Instituto de Turismo de Paipa (ITP), ocurridas durante el periodo 2020-2023.
La querella involucra a Fabio Alberto Medrano Reyes, exalcalde de Paipa; Martha Luz Suárez Salazar, exgerente del ITP; y Sergio Bonilla, extesorero de la entidad, por los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y prevaricato por omisión.
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Abrir en una nueva pestaña Según la denuncia, Bonilla habría recibido pagos en efectivo y por transferencia de los visitantes del ITP sin los debidos soportes, hechos que, de acuerdo con Pacheco, fueron conocidos por los entonces directivos del Instituto y por el exalcalde. El cabildante afirma haber entregado videos y testimonios que respaldan sus señalamientos y pidió a la Fiscalía abrir una investigación penal, así como compulsar copias a la Procuraduría y la Contraloría para indagaciones disciplinarias y fiscales.
Al cumplirse más de un año sin recibir avances sobre el caso, el Concejal envió una petición formal a la Fiscalía General de la Nación para conocer el estado de las investigaciones, con copia a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, solicitando que se garanticen los derechos de los ciudadanos de Paipa frente a un posible detrimento patrimonial.
La Secretaría de Transparencia, en respuesta fechada el 12 de junio de 2024, reconoció haber recibido copia de la denuncia y destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, precisó que la entidad competente para responder de fondo es la Fiscalía General de la Nación, ante la cual el mismo Pacheco ya había radicado la denuncia.
Cargando...“El día 27 de mayo de 2024 estuve en audiencia con el Secretario de Transparencia, el Defensor del Pueblo, el Fiscal, el Contralor y el Procurador General de Boyacá, para dejar constancia de mis denuncias sobre presuntos hechos de corrupción”, señaló el Concejal, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ha pasado con las investigaciones.
El caso del ITP continúa en manos de la Fiscalía 41 Seccional de Duitama, adscrita a la Unidad de Administración Pública, a la espera de que se informe sobre los avances en el proceso.
