Denuncian un presunto fraude en el Banco de Bogotá por una transferencia y cuestiona que la entidad solo ofrezca devolver el 50 % del dinero perdido. El caso genera suspicacias, pues la transferencia fue hacia otra cuenta del Grupo Aval, que nunca revela la información del destino de los recursos.
Una petición en la plataforma Change.org titulada “Exigir responsabilidad al Banco de Bogotá por fraude” ha generado debate en torno a la protección que reciben los consumidores financieros en Colombia. La iniciativa solicita que la entidad responda de manera integral frente a un caso de sustracción no autorizada de dinero desde una cuenta empresarial.
Según el denunciante, el 27 de agosto se realizó una transferencia desde su cuenta de ahorros en el Banco de Bogotá hacia una cuenta del Banco Popular, institución que, al igual que el Banco de Bogotá, pertenece al Grupo Aval. El hecho fue reportado inmediatamente, pero la solución ofrecida por la entidad habría sido cubrir únicamente el 50 % del dinero perdido.
«Nosotros hicimos la denuncia desde el primer día a la Superintendencia pero siempre ha respondido el Defensor del Consumidor Financiero. El Defensor nos dio la razón pero su concepto no es vinculante», dice el denunciante.
Para el autor de la petición, esta respuesta es insuficiente, pues coloca al usuario en una clara desventaja: pierde la mitad de sus recursos sin conocer a fondo el destino del dinero. Uno de los puntos que más genera inquietud es que la entidad nunca entrega información completa sobre la cuenta receptora, lo que abre dudas sobre la transparencia del proceso de investigación.
Aún más llamativo resulta, según los promotores de la iniciativa, que las operaciones cuestionadas tengan como destino otras cuentas pertenecientes al mismo grupo financiero.
En la práctica, la víctima queda sin acceso a datos esenciales, mientras el Grupo Aval administra tanto la cuenta de origen como la de destino. Este hecho ha llevado a que se insinúe una posición privilegiada del conglomerado, que termina favorecido cuando se reconoce solo una compensación parcial.
El caso pone de relieve la responsabilidad de las entidades bancarias frente a fraudes electrónicos y la falta de precedentes claros que obliguen a una reparación integral. Si bien el banco sostiene que el reembolso parcial es un gesto de compensación, para los afectados constituye una pérdida real que vulnera la confianza en el sistema financiero.
La petición enfatiza que permitir compensaciones incompletas sienta un precedente riesgoso para los consumidores, quienes quedan expuestos a fraudes sin que las entidades respondan plenamente. Además, se plantea que la Superintendencia Financiera debería revisar con detalle este tipo de casos, evaluando si existe responsabilidad administrativa por parte del banco.
El reclamo ya suma decenas de apoyos ciudadanos y se enmarca en una discusión más amplia sobre la credibilidad del sistema financiero en Colombia. Para los promotores, visibilizar el tema en plataformas públicas es clave para exigir cambios de fondo en la forma como los bancos gestionan la seguridad de sus clientes y resuelven los fraudes.
Por ahora, la expectativa está en que el Banco de Bogotá reconsidere su postura y que casos como este no se traduzcan en un beneficio encubierto para las propias entidades financieras, mientras los usuarios siguen asumiendo las pérdidas.
