La audiencia que se realizaba hoy fue suspendida y se reanudará este jueves 25 de septiembre a las 11 a.m. La Fiscalía dijo que el Alcalde, la Secretaria de Contratación y la exgestora social maniobraron para contratar en Ecovivienda a un abogado que había presentado una demanda de nulidad electoral, con el fin de que la retirara. Fiscalía pide que al Alcalde no le permitan salir del país y que lo obliguen a comparecer a las audiencias.
A las 11 de la mañana de este jueves 25 de septiembre continuará la audiencia contra el Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría y la secretaria de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, señalados de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.
En la primera parte de audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía y ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías, intervinieron de manera virtual el representante del ente acusador, los abogados de la Defensa del Alcalde, de Sara Catalina Pedraza y de la Secretaria de Contratación y el representante del Ministerio Público.
Recordó la Fiscalía que en los primeros días del 2024, el abogado Juan Sebastián Ramírez García presentó una demanda contra la elección del Alcalde con el argumento de que fue elegido estando inhabilitado; pero que inicialmente el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió ese recurso, lo que obligó al demandante a subsanarlo y a volverlo a presentar.
En ese proceso el demandante le solicitaba al Tribunal que tomara la medida cautelar de suspender al Alcalde, pues su elección debía declararse nula.
“Que Ramírez García hubiera subsanado la demanda y la hubiera vuelto a presentar –según la Fiscalía- indica que siempre tuvo la intención de continuar con su proceso, pero surgió una situación que generó que el demandante cambiara de opinión.
Cuando ya tenía la demanda en su poder, el Tribunal le notificó al Alcalde que existía ese proceso y le informó que el demandante solicitaba la medida cautelar de suspensión del cargo. Así mismo le pidió al Alcalde que él o su apoderado se pronunciaran sobre la solicitud de esa medida cautelar, que era precisamente la suspensión del acto de elección.
Pero fue a partir de ese momento que la gestora social de ese entonces, Sara Catalina Pedraza Canaría, comenzó la tarea de contactar al abogado Ramírez García para convencerlo de que retirara la demanda.
Para lograr ese objetivo le ofrecieron un contrato en la Administración municipal, que no se pudo concretar y, finalmente, le terminaron dando un contrato por más de 54’285.000 en Ecovivienda, que es una entidad adscrita a la Alcaldía, en la que el Alcalde funge como presidente de la Junta Directiva.
La Gestora Social comenzó simultáneamente una labor ante medios de comunicación locales para que no registraran la noticia del contrato firmado con el abogado ni del retiro de su demanda contra el Alcalde, pues entendían que eso los dejaría en evidencia.
Ya con el contrato firmado el abogado Juna Sebastián Ramírez se dirigió al Tribunal y retiró su demanda con el argumento, según dijo, de que quería respetar la voluntad de más de 28.000 personas que votaron por Krasnov para la Alcaldía.
En las reuniones para convencer a Ramírez de que aceptara el contrato y de que retirara la demanda estuvieron presentes el Alcalde, su secretaria de Contratación, la entonces Gestora Social y el Gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo, a quien terminaron presionando y amenazando para que no hablara.
En todo ese capítulo hay documentos oficiales perdidos, el robo de un celular, la utilización de videos de supuesto acoso sexual y la advertencia del Gerente de que se fuera del país “para que no se le complicara la vida”.
Por las razones anteriores, la Fiscalía le imputo dos delitos al Alcalde, a su Secretaria y a la Gestora Social y le solicitó al Juez medida de aseguramiento no privativa de la libertad para Mikhail Krasnov.
También pidió que no se le permita salir del país, que se le prohíba hablar y contactar al exgerente de Ecovivienda y que se le obligue a comparecer ante las instancias judiciales, porque ha demostrado gran capacidad para dilatar, para manipular pruebas y evadir sus responsabilidades.
Mañana, después de las 11 de la mañana, se escuchará a la defensa de los imputados y el Juez procederá a tomar una decisión sobre las peticiones de la Fiscalía.
