La criminalidad le disputa la soberanía al Estado colombiano, a partir del fortalecimiento de economías ilegales como: narcotráfico, minerías y otras actividades. La legitimidad del Estado debe ser el desafío.
A raíz de la dinámica de las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la preocupación ante las asonadas y secuestros de soldados y policías en algunas regiones del país, el concepto de gobernanza criminal ha ocupado los titulares en los medios de comunicación, aludiendo a la difícil situación de violencia en Colombia, donde grupos criminales ejercen control y soberanía en ciertos territorios de la nación.
Las dificultades del Estado colombiano para ejercer dominio sobre el territorio es un tema histórico, que ha llevado, inclusive, a que se le catalogue como fallido, ante la imposibilidad de garantizar un pilar fundamental del Estado moderno, el poder y dominio sobre su territorio. Las causas son múltiples que pasan por la exclusión de zonas geográficas, las cuales mantuvieron y se mantienen en el olvido, ello ha posibilitado el surgimiento y reproducción una prolífica red de criminalidad en general. Allí también anidan causas políticas, económicas, culturales, sociales que convergen, en mayor o menor grado, para hacer más débil la presencia del Estado y más fuerte el poder de los criminales, de acuerdo con la correlación de fuerzas en un momento y en un espacio determinado.
Gobernanza
En la década de los 80, del siglo anterior el Banco mundial puso en boga el concepto de gobernanza para señalar que era urgente una nueva forma de gobernar, donde la cooperación y la convergencia de actores fuesen parte de la toma de decisiones y la marcha de un buen gobierno. A la luz de los cambios neoliberales la propuesta consiste en la participación del Estado, el mercado y la sociedad en la construcción de un gobierno efectivo y generador de bienestar. Un gobierno abierto que oriente políticas públicas y demás acciones públicas, junto a actores estatales y no estatales, construyendo consensos, que además de la legitimidad garantice transparencia y efectividad, y por este camino desarrollo a partir del valor público y el bienestar.
Uno de los problemas que ofrece la cooperación de actores, es garantizar el dialogo entre iguales pero diferentes, para que la decisión sea democrática. Este escenario es un obstáculo, también una oportunidad, en sociedades donde el poder se distribuye de manera desigual, con profundas brechas. La decisión, de todas maneras, debe darse en el marco de la soberanía estatal, el cumplimiento de la Ley y la participación de los afectados y más débiles, de lo contrario los poderosos (en ocasiones ilegales) terminan gobernando. Las asimetrías de poder terminan en la cooptación, exclusión y el clientelismo, ahora cuando el Estado es frágil en la garantía de un sistema de justicia eficaz y de un orden público, es compleja la gobernanza. Aquí devienen las gobernanzas criminales que paso a comentar.
Gobernanza Criminal
Los altos índices de violencia en los países latinoamericanos, la inseguridad ciudadana, la proliferación de bandas criminales, el fortalecimiento de economías ilegales, en un escenario de pobreza, negación de bienes públicos y de sueños frustrados, es un lugar común lugar en América Latina. Bajo este escenario surge el concepto de gobernanza criminal, el cual hace referencia a la creación de un orden paralelo basado en la imposición de reglas sobre el comportamiento ciudadano por parte de organizaciones criminales a menudo con la colaboración de agentes estatales, definición que comparten algunos autores (Feldmann y Luna, 2022).
A la luz de la historia de Colombia el hecho no parece único, pero cuando se aborda hay rupturas significativas, por ejemplo, el objetivo último no tiene lazos claros con motivaciones políticas, ideológicas, ni buscan un orden político o económico alternativo. Persiguen la complicidad del Estado con sus actividades ilícitas y la legitimidad social a través de comunidades. Los mecanismos a los cuales acuden son varios, como lo evidencian algunas investigaciones, intervienen en la financiación de campañas políticas, por ejemplo y como ya se mencionó sustituyen el Estado.
Innegable, la coincidencia entre regiones olvidadas por parte del Estado y la proliferación en ellas de economías ilegales, por ejemplo, oro y tala de madera en el Chocó, cultivos ilícitos en varias zonas del país, contrabando y actividades ilegales en las zonas fronterizas, minerías ilícitas en la selva amazónica, tráfico de migrantes, etc; verdaderas estructuras económicas en el territorio. Pero también la corrupción y la baja capacidad de los gobiernos subnacionales contribuyen a la gobernanza de organizaciones criminales. En general, la violencia es la forma generalizada para gobernar, sustituyendo así el Estado y ganando legitimidad y respeto en los territorios que controlan. Las comunidades, en ocasiones, se benefician del acceso a las utilidades de las actividades ilícitas, ganando obediencia así a sus mandatos.
Los desafíos son complejos pues las economías ilegales interactúan en los mercados ilegales internacionales, con grandes sumas de capitales, producto de las actividades ilícitas del narcotráfico en aumento, así como la dinámica de la minería ilegal del oro, con precios al alza e históricos, el contrabando y otras. Aquí no queda otro camino que la cooperación internacional.
El combate a las economías ilegales debe ser un propósito del Estado, sin dilaciones. No hay criminalidad buena, regular o mala; algunos señalan que existe gobernanza paramilitar (concepto en el que insiste el presidente Petro), o gobernanza rebelde u otras formas de acuerdo con la organización delictiva; el lenguaje debe ser común, son organizaciones criminales que reciben cuantiosas utilidades de economías ilegales, este es su objetivo y motivación. Mas inversión para legitimar la acción del Estado, pero con gobiernos subnacionales orientados por la eficiencia, la transparencia y la capacidad Estatal, de lo contrario es alimentar la corrupción, la desidia y darles más vida a los grupos criminales con los recursos de los colombianos.
Finalmente, la academia debe profundizar y ampliar los estudios para comprender las particularidades del fenómeno, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, realiza el proyecto “Gobernanza en economías extractivas, caso frontera Chocó y Risaralda”, que lidero en la actualidad.
