En una carta abierta al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, dirigentes boyacenses resaltan que la ausencia de información pública clara, completa y oportuna sobre estadísticas y resultados de la lucha contra la corrupción es una preocupación constante. Recuerdan que, por ejemplo, la Fiscalía carece de un sistema de información abierto al público que permita generar estadísticas sobre los delitos investigados y, a menudo, la información sobre juicios y actuaciones de los órganos de control es opaca y limitada.
Varios boyacenses le solicitaron en las últimas horas a la Secretaría de la Transparencia de la presidencia de la República que reactive y garantice la continuidad activa de las mesas anticorrupción en el departamento, asegurando un seguimiento sistemático y efectivo a cada una de las denuncias ciudadanas presentadas, especialmente aquellas que quedaron inconclusas o han sido demoradas sin justificación.
La misiva fue enviada a 𝐀ndrés Idárraga, s𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 de la Presidencia de la República y en ella se mencionan diferentes casos que han sido cuestionados en redes sociales y medios de comunicación pero que, al parecer no tienen seguimiento y no hay conclusiones para determinar responsables.
Los autores de esta comunicación, María Clemencia Torres, Yesid Figueroa y David Alejandro Ávila solicitan que, de manera urgente, se haga seguimiento efectivo 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝘆𝗮𝗰á, 𝗰𝗼𝗻 é𝗻𝗳𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 i𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻, s𝗮𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 r𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 d𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 c𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮𝘀 i𝗻𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗮 p𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 i𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 los d𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘆 las ví𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀.
“Nos dirigimos a usted en nombre de los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Boyacá, y como activos participantes en las recientes mesas anticorrupción lideradas por su Secretaría en la región. Reconocemos el valor de estos espacios como una oportunidad para la participación ciudadana y el diálogo directo con las autoridades, buscando visibilizar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción”, dicen en la carta.
Agregan que es imperativo subrayar que la corrupción es un fenómeno complejo y estructural que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y obstaculiza el desarrollo integral de los pueblos.
Recuerdan que durante las mesas anticorrupción en Boyacá numerosos ciudadanos presentaron más de 50 denuncias sobre presuntos actos de corrupción. Entre ellas, se destacaron:
* Problemas en la garantía del derecho al agua y acueductos, como el de Sutamarchán y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) de Sogamoso, que llevan dos décadas sin consolidarse, con procesos que han prescrito o perdido competencia.
* Corrupción en alimentos escolares para niños vulnerables, como el intento de entrega de 700 raciones en descomposición en Toca (Boyacá), evidenciando un desprecio por la salud y vida de los menores por enriquecimiento ilegal.
* Irregularidades en el sector de la salud, mencionando específicamente el caso de D. Marcela Pérez, cuota de Sandra Ortiz, quien tiene una deuda por un proceso de repetición del Hospital de Sutamarchán que aún no ha pagado.
* Vivienda de interés social y colegios del FOME, además de proyectos de inversión y endeudamiento de municipios, incluyendo presuntos “volteos de tierras” y obras viales.
* Casos de «Carrusel de la Contratación» y financiamiento ilegal de campañas políticas, evidenciando redes de corrupción entre actores políticos e intereses económicos y/o criminales. Se destaca la denuncia penal radicada por el viceministro del Interior, Diego Cancino, contra el gobernador Carlos Amaya por un “carrusel de cinco empresas” que habrían obtenido contratos viales por más de 167.000 millones de pesos, beneficiando a Antonio y David Peña Villalobos. Asimismo, mi persona denunció al gobernador Carlos Amaya por la compra de una casa en Bogotá valorada en 3.000 millones de pesos, y se hizo pública la noticia de que el suegro de Carlos Amaya también se benefició con contratos de la gobernación.
* Hostigamientos y agresiones contra personas que denuncian, como el grave caso de Yaquianil Albarracín Barposa, agredida por su expareja, una persona poderosa con vínculos políticos en Boyacá, donde el proceso en la Fiscalía ha sido demorado por años.
Y señalan que, a pesar de la visibilización inicial de estos casos, y de que el propio Consejero Presidencial Andrés Idárraga reconociera la importancia de ‘ponerle rostro’ a la corrupción y que en Boyacá «reina el miedo», muchas de estas denuncias quedaron inconclusas.
“La experiencia demuestra que la ausencia de información pública clara, completa y oportuna sobre estadísticas y resultados de la lucha contra la corrupción es una preocupación constante en Colombia. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, carece de un sistema de información abierto al público que permita generar estadísticas sobre los delitos investigados y, a menudo, la información sobre juicios y actuaciones de los órganos de control es opaca y limitada. Esto genera insatisfacción ciudadana y la percepción de un fracaso institucional y una impunidad generalizada.
La CIDH subraya que la obligación de investigar en casos de corrupción conlleva el deber de desentrañar las estructuras que permitieron estas prácticas, no solo sancionar a los involucrados inmediatos. Además, los Estados tienen la obligación de proteger eficazmente a quienes denuncian actos de corrupción, ya que son víctimas de amenazas, hostigamientos y graves violaciones.
La legislación colombiana actual en materia de protección a denunciantes es escasa y poco clara, enfocándose principalmente en servidores públicos y excluyendo a otros grupos como los denunciantes de corrupción.
Considerando lo anterior, y dado que la lucha contra la corrupción debe darse dentro de los parámetros de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, solicitan a la Secretaría de Transparencia que:
1. Reactive y garantice la continuidad activa de las mesas anticorrupción en el departamento de Boyacá, asegurando un seguimiento sistemático y efectivo a cada una de las denuncias ciudadanas presentadas, especialmente aquellas que, como las mencionadas, quedaron inconclusas o han sido demoradas sin justificación. Esto debe incluir:
◦ La participación directa y activa de los miembros de la sociedad civil y denunciantes en la conformación y desarrollo de estas mesas.
◦ Elaborar un cronograma claro para el seguimiento de cada caso, con metas, plazos y responsables definidos.
◦ Asignar los recursos humanos y financieros necesarios para que los órganos de control e investigación (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría) puedan llevar a cabo las investigaciones de manera eficiente, rápida y completa. La falta de recursos y capacitación del personal son factores que fomentan la corrupción judicial.
◦ La implementación de informes periódicos y públicos sobre el estado de las investigaciones y los resultados obtenidos, utilizando un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía.
2. Impulse medidas de presión legal para que las entidades públicas adelanten las investigaciones de forma rápida y efectiva. Ante la demostrada falta de avances en casos como el de Yaquianil Albarracín Barbosa o la denuncia contra el gobernador Carlos Amaya, se requiere:
◦ La coordinación interinstitucional con la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para agotar todas las líneas de investigación pertinentes y evitar la impunidad. La CIDH ha resaltado la importancia de investigar patrones sistemáticos de corrupción que involucren a autoridades de alto nivel estatal.
◦ Garantizar que se cumpla el plazo razonable en los procesos, para evitar que las denuncias prescriban o se pierda la competencia, lo que se ha identificado como un problema recurrente.
◦ Fomentar la transparencia y el acceso a la información pública clara, completa y oportuna sobre el estado de las investigaciones y los resultados, lo cual es vital para el control social y la rendición de cuentas. La opacidad en los procesos judiciales evita la veeduría ciudadana y de los medios de comunicación.
◦ Proponer el uso de mecanismos judiciales existentes como la acción popular, la acción de grupo, o el incidente de reparación integral en el proceso penal para buscar el resarcimiento de los daños.
3. Promueva el reconocimiento de las víctimas de corrupción en los procesos judiciales y administrativos, facilitando su participación activa y garantizando medidas adecuadas de reparación integral que restablezcan sus derechos y transformen las circunstancias que dieron origen a la corrupción. Las víctimas de corrupción tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
4. Impulse la implementación de mecanismos robustos para la protección de denunciantes, testigos y sus familias. Dada la escasez y poca claridad de la legislación actual en Colombia, se debe considerar:
◦ El Proyecto de Ley 291 de 2023 para establecer medidas claras contra represalias físicas, económicas, sociales y psicológicas.
◦ La adopción de una política de protección integral para quienes denuncian corrupción, que incluya evaluación de riesgos, planes de protección personalizados, y la dotación de recursos humanos y financieros suficientes.
◦ Fomentar la denuncia colectiva como estrategia de autoprotección, creando redes de apoyo mutuo entre denunciantes para aumentar la visibilidad y reducir riesgos.
◦ Promover una cultura de legitimación y protección de la labor de los denunciantes, eliminando estigmas sociales.
La ciudadanía de Boyacá, a través de sus denunciantes, confía en que la Secretaría de Transparencia, como actor clave en la construcción de una Política Pública Nacional Anticorrupción, tomará las acciones necesarias para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la justicia para las víctimas de la corrupción en la región, permitiendo que la sociedad civil sea parte integral de esta lucha.
