La causa del inminente colapso fiscal que enfrenta hoy Colombia obedece, entre
otras razones, a la creencia de que más deuda conduce automáticamente a mayor
crecimiento. Pero pensemos por un momento: ¿realmente podemos considerar
efectiva una política que ha llevado la deuda pública al 61% del PIB —el mayor
incremento en los últimos 20 años— y que ha generado un déficit fiscal histórico
de 7,8%, para obtener como resultado, apenas, un 2,4% de crecimiento este año?
¿Es eso lo que se entiende por crecimiento sostenido?
El país sigue aun lejos de su tasa de crecimiento promedio del 3,6%, registrada en
años anteriores a la crisis provocada por la pandemia. Evidentemente, el
gobierno no admite, que su política de expansión del gasto público, ha
fracasado, y en su afán por demostrar—contra toda evidencia—que no se
equivoca, ahora rompe el dique de la regla fiscal, el único mecanismo
eventualmente capaz de contener el desborde del gasto público. Bajo el
argumento de que la economía no crece lo suficiente porque no se gasta lo
suficiente. Claro.
En realidad, sí hemos crecido, pero por lado del gobierno; la actividad empresarial, por su parte, se estanca y retrocede.
En lo corrido del año, el gasto en administración pública aumentó 2,7% del PIB,
pero la industria manufacturera apenas avanzó menos de la mitad con 1,1 %, y la
construcción se hundió 3,3 %, generando una destrucción en más de 50.000
puestos de empleo, según datos del DANE.
La inversión privada, que ya venía descendiendo desde 2022, tocó fondo en 2024
con una contracción del 17%, para recuperarse a un misero 1,7% este año. Y a
esto le llaman crecimiento robusto.
¿Puede sostenerse una economía cuando el motor público acelera mientras
el privado pierde tracción?
Ningún estímulo fiscal compensa el rezago en más de un 20% que ha tenido la
inversión privada en Colombia durante los últimos dos años, en comparación a
economías de la región como: Brasil, México, Chile y Perú (Estudios de
Corficolombiana).
La inversión privada es motor clave del crecimiento, un frenazo como el que está
registrando implica, menos empresas, menos innovación y menos empleo para el
país.
Las mal llamadas políticas de estímulo fiscal, han generado todo lo
contrario, un desestimulo. Funcionan como un analgésico para una enfermedad
crónica, que alivia momentáneamente el dolor, pero no cura. No hacen a la
economía más competitiva ni el consumo más sostenido.
Los resultados son literalmente, los opuestos, lejos de corregir los desequilibrios,
los profundizan. Estamos a un paso de perder el grado de inversión y caer en
territorio de bonos basura. La advertencia no es menor: Moody’s y Fitch, dos de
las principales calificadoras internacionales, han rebajado la calificación de la
deuda pública de Baa2 a Baa3. De continuar con las reducciones, muchos
inversionistas extranjeros venderían sus bonos soberanos, generando una salida
de capitales que, en consecuencia, ocasionaría una mayor devaluación del peso
colombiano. Un golpe adicional al poder adquisitivo de miles de hogares y
pequeñas empresas que aun sufren por cuenta de la inflación.
La evidencia es clara: el gasto público sin productividad, financiado con
deuda creciente, no solo ha fracasado en reactivar la economía, antes bien,
ha desplazado el sector privado, acumulado vulnerabilidades y acrecentado
la incertidumbre.
El gasto ha generado resultados mediocres en el crecimiento porque buena parte
del inmenso mar de dinero, ha terminado, además, gastado en sectores
innecesarios que no generan rentabilidades reales para la economía. Un
ejemplo de ello es el aumento del gasto gubernamental en funcionamiento –
burocracia, nóminas y mantenimiento institucional- que creció un 14 % en términos
reales durante 2024, superando en más de ocho veces el crecimiento del PIB
anual que fue tan solo un 1,7%, según estudios de la Universidad del Rosario.
En definitiva, Colombia no necesita más estímulos, lo que necesita es una
política fiscal seria, que reduzca el gasto improductivo, fomente la inversión
privada, alivie la carga tributaria sobre el sector empresarial y garantice la
estabilidad de las finanzas públicas.
Solo así, será posible reconstruir la confianza, generar empleo formal y consolidar
un crecimiento sostenido de la economía.
