Nunca antes el panorama para el sector carbón de Boyacá fue tan oscuro, como durante el gobierno del presidente, Gustavo Petro. El producto que los mineros explotan y venden es comparado por Petro con la cocaína. Así mismo se han implementado contra ellos nuevos impuestos y cargas tributarias y, como si fuera poco, Gensa de Manizales les adeuda 26.000 millones de pesos a pequeños carboneros de Boyacá por mineral suministrado para las termoeléctricas de Paipa.
Han pasado un poco más de tres años desde cuando el candidato a la Presidencia Gustavo Petro llegó hasta Paipa a hablar con los mineros del carbón y tratar de tranquilizarlos, luego de las versiones lanzadas en la campaña política de que él sería un enemigo de ese gremio económico.
En esa oportunidad Petro estuvo en la Mina El Pino de Paipa y no solamente conversó con los carboneros sino que almorzó con ellos e ingresó a un socavón.
“Llegamos hasta Paipa para conversar con las y los mineros, charlar las propuestas y, sobre todo, despejar dudas de los trabajadores. Bajamos a la mina 180 metros, conocimos la labor de cada uno, y escuchamos sus necesidades y propuestas”, escribió Petro en esa ocasión y contó que con los mineros charló sobre la transición hacia energías limpias que reemplacen el carbón, garantizando que las familias que dependen de este negocio reciban todo el apoyo del Estado y puedan iniciar un nuevo modelo de negocio energético que sea amigable con el ambiente.
Pues el Gobierno Petro
Pues durante su gobierno la producción de carbón en el país ha aumentado, pero se les incrementaron los impuestos y las cargas tributarias al carbón y la transición energética que prometió Petro ha avanzado de manera muy lenta.
Según datos oficiales del DANE en 2024 hubo un aumento del 7 por ciento en las exportaciones de carbón, alcanzando 64,5 millones de toneladas, el nivel más alto desde 2019 2020 y la producción nacional también creció: de 54,5 millones de toneladas en 2023, a aproximadamente 58,9 millones de toneladas en 2024.
A pesar del mayor volumen, el precio del carbón cayó entre un 25 % y 28 %, lo que redujo los ingresos, de USD 9.163 millones en 2023 a USD 7.106 millones en 2024, una caída del 22 %.
En 2024 la inversión extranjera en el sector del carbón cayó alrededor del 24,6 %, y también se redujo la inversión general en minería en casi un 15 %.
Durante este periodo el gobierno implementó nuevos impuestos y cargas tributarias al carbón: eliminación de deducibilidad de regalías, sobretasa al impuesto de renta y tributación sobre dividendos; además, se propuso prohibir proyectos nuevos de carbón térmico en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se decretó la suspensión de exportaciones de carbón a Israel por razones políticas, pero gremios acusan que el decreto es simbólico y tras la entrada en vigor, aún se exportó a ese destino a través de contratos firmados previamente; la caída acumulada en exportaciones a Israel supera el 50 % para abril–mayo de 2025.
En la Guajira y el Cesar se producen grandes cantidades de carbón térmico que Colombia exporta, pero en Boyacá, por lo menos en las provincias de Centro, Tundama, Sugamuxi se produce carbón de menos calidad, que también ha resultado afectado por los impuestos y las cargas tributarias.
Carbón térmico y coque de Samacá y de la provincia de Valderrama, que se ha estado exportando, también ha sido castigados por los nuevos tributos.
El gobierno Petro ha impulsado una agenda de descarbonización, nombrando a activistas ambientalistas al frente del Ministerio de Minas y Energía y prohibiendo el fracking. Se ha promovido la inversión en energías renovables, aunque la generación renovable en 2024 apenas superó el 10 % del mix energético (principalmente solar y eólica)
Gremios como ACM y Fenalcarbón han advertido que las medidas han causado incertidumbre jurídica, redujeron competitividad e impactaron negativamente el empleo en zonas carboníferas.
En resumen: aunque el carbón colombiano ha mantenido o incluso crecido en exportaciones, el Gobierno Petro ha alterado sustancialmente el entorno regulatorio, fiscal y político del sector con políticas orientadas a la descarbonización. El resultado ha sido una reducción de rentabilidad, una caída en la inversión y una fuerte presión sobre las regiones carboníferas, en favor de avanzar hacia energías limpias y sectores alternativos como el turismo y la agricultura.
Es muy posible que al paro de los carboneros boyacenses, que tendrá como epicentro a Paipa, se unan productores de varias regiones, incluyendo de Cundinamarca y Antioquia.
En cuanto a transición energética, desde 2022 se han aprobado 25 de las 43 licencias ambientales para proyectos de energías renovables, entre ellos 11 solares, 2 eólicos y 12 líneas de transmisión— que aportarán aproximadamente 5,6 GW al sistema eléctrico del país.
En 2024, se añadieron alrededor de 3.040 MW de nueva capacidad renovable (1.900 MW instalados en total desde gobierno Petro), con inversiones por unos USD 2.200 millones. Sin embargo, apenas se ha alcanzado el 32 % de la meta de 6.000 MW fijada para agosto de 2026.
Se reglamentó en 2023 la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. Más de 18.000 comunidades se postularon, 2.470 fueron priorizadas y ya hay 100 comunidades en zonas como La Guajira, Chocó, Putumayo y Cesar desarrollando proyectos energéticos locales
En mayo de 2024, el Ministerio de Ciencia lanzó una convocatoria por COP 52.500 millones para I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en fuentes no convencionales, financiando unos 15 proyectos por 18 meses.
La autogeneración renovable se liberalizó con el Decreto 1406, que permite el uso de renovables en sitios remotos y elimina requisitos para autoconsumo, facilitando su entrada al sistema nacional.
En julio de 2025, Ecopetrol adquirió el proyecto eólico Windpeshi (205 MW) en La Guajira, el cual requerirá USD 350 millones hasta 2027 y podría aportar cerca del 8–9 % de su demanda interna de energía renovable.
Adicionalmente, Petro solicitó la venta de las operaciones de fracking de Ecopetrol en EE.UU. para redirigir recursos hacia energías limpias y reafirmó su oposición al fracking
Sin embargo, el ritmo de construcción de todos estos proyectos es lento: muchos proyectos eólicos terrestres (especialmente en La Guajira) están frenados por consultas previas, licencias ambientales y oposición de comunidades; al menos ninguno de los nueve grandes parques planeados ha entrado en operación aún.
Hay un retraso generalizado en trámites: cerca del 46 % de los proyectos renovables (unos 2.400 MW) aún espera permisos, y el proceso desde diseño hasta operación puede demorar 3 a 6 años.
Analistas han advertido que al ritmo actual, Colombia tardaría 28 años en cumplir sus metas al 2030.
Sectores críticos señalan falta de señales de inversión claras del gobierno, alta burocracia y ausencia de subastas eficaces para asegurar financiamiento y cierre financiero y activistas afirman que, aunque se ha avanzado en normatividad, la expectativa era un desarrollo más robusto de comunidades energéticas, y resaltan la necesidad de convertir estos esfuerzos en políticas de Estado a largo plazo.
