Policía Nacional y Ejército llegaron en las últimas horas hasta la zona de Coscuez, en San Pablo de Borbur, en un operativo que busca poner en cintura a mineros tradicionales, que supuestamente han estado invadiendo territorios que fueron concesionados a empresas multinacionales para la explotación de esmeraldas. Mineros dicen que harán un paro nacional para protestar contra la represión.
“La paz con hambre y sin trabajo no es paz; es violencia pura y absoluta”, señaló en las últimas horas una lideresa de la región de Coscuez, en San Pablo de Borbur, luego de un impresionante operativo de seguridad ordenado por el ministerio de Defensa.
El personero de San Pablo de Borbur, Uriel Urazán Sierra, dijo que, al parecer en este operativo no tienen nada que ver ni la Agencia Nacional de Minería ni el Ministerio de Minas, sino que fue una orden directa del boyacense Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional.
Lo cierto es que más de un centenar de policías y soldados hicieron su aparición en Coscuez y, según denunciaron los habitantes, no solo cerraron bocaminas sino que quemaron ventiladores y herramientas de los pequeños mineros.
En el lugar hay un conflicto social de grandes proporciones porque pequeños mineros permanentemente incursionan en predios en busca de esmeraldas y en esa labor en algunas ocasiones invaden terrenos de multinacionales que tiene concesionada la explotación de esas piedras preciosas.
“Los mineros tradicionales de Coscuez enfrentan a la multinacional Fura que protegidos por la fuerza pública despojan a los mineros tradicionales de sus históricos lugares de trabajo”, explicó hace un tiempo Pedro Pablo Salas, quien fue asesor del Gobierno departamental para las regiones.
Después del operativo de las últimas horas, mineros de Coscuez dijeron que están dispuestos a realizar un paro nacional para denunciar la represión de la fuerza pública y para reclamar sus derechos.
Los pequeños mineros llamaron la atención de congresistas como Eduar Triana, Pedro José Suárez Vacca y Wílmer Castellanos, quienes lograron gran respaldo en toda la región de Occidente y ahora parecen estar en favor de las multinacionales, porque no se han pronunciado sobre estos abusos.
El medio digital Última Hora Boyacá dijo que “una grave denuncia ha encendido las alarmas en el occidente de Boyacá. Según testimonios de la comunidad, fuertes operativos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército se llevaron a cabo este martes en la zona minera de Coscuez, dejando a su paso destrucción, angustia y más de 1.500 familias sin sustento”.
“De acuerdo con las denuncias, la fuerza pública quemó maquinaria que era utilizada por mineros ancestrales y guaqueros, quienes históricamente han vivido de la extracción artesanal de esmeraldas en este territorio. La comunidad señala que no se trataba de minería ilegal, sino de una tradición ancestral transmitida por generaciones”.
Los pobladores afirman sentirse abandonados y criminalizados, mientras que grandes multinacionales como Fura Gems continúan explotando el territorio sin que se les apliquen medidas similares. La situación ha generado un fuerte rechazo entre habitantes, quienes aseguran que se está vulnerando su derecho al trabajo, a la cultura y a la subsistencia.
La tensión crece en la zona mientras decenas de familias permanecen sin respuestas y con el temor de que nuevos operativos continúen afectando la economía de una región que históricamente ha vivido del trabajo minero.
Por su parte el portal la Chiva Primero en Noticias reportó que “según la comunidad del sector del occidente de Boyacá, en Santa Bárbara y Coscuez el Gobierno Nacional envía fuerzas armadas Goes, Policía y Gaula para quitarle los elementos de trabajo a los guaqueros artesanales; con esto quitar el sustento de las familias del occidente después de un censo hecho por la Agencia Nacional de Tierras un mes después nos vemos invadidos por las fuerzas del Estado reteniendo y reprimiendo el pueblo poniéndolo aguantar hambre.
Según indicaron habitantes del sector”.
Durante la década de los 70 la mina de Coscuez llegó a producir el 90 por ciento de las esmeraldas globales. La producción se detuvo en los 80 debido a los conflictos internos en Colombia, pero estudios recientes muestran que aún quedan 60 millones de quilates por extraer”, indica un informe de Fedesmeraldas.
