Continúa el conflicto entre la comunidad, que protege su derecho al agua; y la empresa Carbones El Alizal, que ha buscado explotar carbón en zona de páramo en cercanías de Socha. Gobierno de Boyacá aportará recursos para que Universidad nacional para medir impacto de la minería en las fuentes hídricas.
La contaminación del agua y el suelo a 2.400 metros de altura en el Páramo de Pisba, es el motivo de la protesta de habitantes de la vereda El Mortiño en Socha.
Su petición es que la empresa Carbones El Alizal no reinicie la explotación, cuya licencia fue suspendida mediante Acción Popular en 2014, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá. Luego, en 2018, el Consejo de Estado reiteró esa decisión a favor del derecho fundamental a un ambiente sano.
Desde el comienzo de la movilización, Fabio Medrano y el equipo de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible han acompañado a la comunidad en terreno, escuchando sus testimonios, recogiendo información asociada a las afectaciones al recurso hídrico y asesorándola en asuntos jurídicos como el carácter del título minero que tiene Cóndores Andinos y que opera Carbones El Alizal.
Para el Gobierno de Boyacá el camino hacia la solución de los conflictos socioambientales es el diálogo. Por eso en Socha, el gobernador Carlos Amaya logró un acuerdo con la comunidad y el Colectivo Ambiental que ha asumido su vocería, la empresa y otros actores locales.
«La Gobernación dispondrá los recursos necesarios para firmar con la Universidad Nacional el convenio que garantice un estudio hidrogeológico riguroso para medir el impacto de la minería en las fuentes hídricas y la calidad y disponibilidad del agua en esa región boyacense», declaró el gobernador.
Amaya también dijo que ninguna actividad económica que ponga en riesgo el agua, puede ser permitida.
«Si el resultado del estudio coincide con el reclamo de la gente, demandaremos y pediremos la nulidad de esa licencia ambiental», agregó el mandatario de los boyacenses.
Amaya mencionó la importancia que tiene la minería responsable y bien hecha para el desarrollo de Boyacá.
Entre tanto, la comunidad asumió el compromiso de evitar nuevas alteraciones al orden público, razón por la cual se retiró la Policía Nacional que hacía presencia en el lugar.
«Hemos demostrado que Boyacá es ejemplo de diálogo y concertación», concluyó el gobernador Amaya.
En este encuentro estuvieron presentes las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, y Gobierno, así como la Alcaldía de Pisba, la Defensoría del Pueblo, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería y la Policía y el Ejército Nacional.
