El representante a la Cámara boyacense Wílmer Castellanos prepara un debate de control político porque pudo haber irregularidades en la decisión de la ANI, de 2021, de permitir que el concesionario de la BTS le devolviera a la Agencia Nacional de Infraestructura un trayecto de 87 kilómetros pero que se quedara con el manejo de los tres peajes entre Tuta y Briceño.
Lo que está ocurriendo con el grupo financiero Maquarie, de origen australiano, es sencillamente increíble y solo es posible en Colombia.
La información que hace ya varios años dio el Ministerio de Transporte es que Maquarie es uno de los inversionistas más grandes en temas de infraestructura en el mundo y por eso esa cartera avaló la negociación en la que Solarte y Solarte le entregó la concesión de la carretera más importante que une a Boyacá con la capital del país.
Nunca se dijo por qué monto fue esa transacción ni cuáles fueron las condiciones de ese negocio y durante todos estos años en Boyacá tampoco se han conocido a los nuevos inversionistas.
También señaló el Ministerio en el 2020 que con esa adquisición por parte de Maquarie se seguirían ejecutando obras en el corredor.
Y, sin embargo, la carretera cada vez está en peor estado; hay tramos con la capa asfáltica muy deteriorados y no hay nuevas obras complementarias; además de que falta iluminación y señalización en muchos sectores.
“La transacción no sólo permitirá continuar ejecutando obras e inversiones en este importante corredor entre Cundinamarca y Boyacá, sino que inyectará recursos al sector infraestructura para continuar con la reactivación liderada por el presidente de la República, Iván Duque”, dijo el Ministerio en ese entonces e informó que Macquarie es uno de los inversionistas más grandes a nivel mundial en infraestructura, actualmente con presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia, lo que reafirma la confianza que los inversionistas internacionales tienen en el país y en las políticas que ha venido implementando el Gobierno”.
La entrega de esa concesión a los inversionistas australianos incluía 206 kilómetros entre Briceño y Sogamoso, pero increíblemente un tiempo después de ese negocio los australianos le devolvieron al Estado colombiano 87 kilómetros de la vía, eso es el 45 por ciento de todo el trayecto, con el fin de que sea la Agencia Nacional de Infraestructura la que realice las obras de mantenimiento y le responda a los usuarios.
El representante a la Cámara por Boyacá Wílmer Castellanos, quien ha insistido en esta denuncia, no entiende como el gobierno del presidente Duque permitió este atropello y como la clase parlamentaria de ese entonces no se dio cuenta de lo que significaba esa medida.
Los tramos que el concesionario de la BTS le entregó al estado colombiano son los comprendidos entre Villapinzón y Tunja, el paso urbano por Tunja y el sector entre la glorieta de Tibasosa y Sogamoso, así como la glorieta de Tibasosa-Nobsa-Sogamoso.
Pero lo insólito es que el Ministerio de Transporte, el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura no solo recibieron esos tramos sino que le permitieron al concesionario continuar con el manejo de los tres peajes, lo que es a todas luces irregular.
O sea que el nuevo concesionario no solo no ha inyectado nuevos recursos –como anunció el gobierno Duque, sino que ha estado usufructuando irregularmente los recursos que los usuarios de la vía pagan vía peajes.
La proposición del representante Wílmer Castellanos para el debate de control político ya fue aceptada y se esperar que se puedan cuadrar las agendas para que asistan los representantes del Gobierno y expliquen cómo es que se permite esta situación a todas luces irregular.
Castellanos espera que no solo asistan los voceros del Gobierno nacional, del Ministerio, de la ANI y del Invías sino que se pueda conocer a los concesionarios o a sus representantes, para que expliquen cuáles son las inversiones que están realizando, si las hay, y por qué toda la carretera se encuentra en tan mal estado.
“Me preocupa el otrosí que el Gobierno aceptó, en el que el concesionario devuelve esos 87 kilómetros con lo que se le está ‘haciendo conejo’ al Estado colombiano y a los usuarios de la carretera y deben explicarnos por qué al menos no han devuelto uno de los peajes”, dijo Castellanos en diálogo con El DIARIO.
Anotó que toda la vía está en malas condiciones, con huecos, baches, con falta de señalización y demarcación, lo que está generando altos índices de accidentalidad.
El representante a la Cámara por Boyacá también se quejó de que el puente El Sisga no esté habilitado todavía en su totalidad, cuando el concesionario anunció obras que se tardarían seis meses.
Las obras de reparación que comenzaron a comienzos de noviembre del año anterior debieron haberse terminado a finales de abril, pero los trabajos continúan generando un cuello de botella para el tráfico vehicular, especialmente durante los fines de semana y puentes festivos.
Adicionalmente dijo Castellanos que los tres peajes, de El Roble, Albarracín y Tuta producen más de 200 mil millones de pesos año. Solo el de Albarracín genera entre 92 mil y 94 mil millones de pesos.
Finalmente anotó el Congresista que es necesario hacer mantenimiento correctivo en muchos sectores de la carretera y que se requiere trabajar en señalización, demarcación e iluminación y construcción de obras de arte.
Con la devolución de esos 87 kilómetros se está generando un gran detrimento económico y presupuestal al Estado colombiano”, concluyó el representante Wílmer Castellanos.
