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Después de las grandes movilizaciones sociales convocadas por la Fundación País Libre, hace más de 25 años, no he participado en marchas, aunque en algunas ocasiones he tenido que salir a cubrirlas periodísticamente para medios de comunicación.
Francisco Santos Calderón, que era el presidente de la Fundación País Libre, logró conmover y movilizar a miles y miles de colombianos, especialmente después del secuestro masivo en la iglesia La María, de Cali, por parte del Ejército de Liberación Nacional. En octubre de 1999, el movimiento ¡NO MÁS! convocó a la Primera Gran Marcha Nacional por la Paz que logró que salieran a las calles, según dicen, cerca de doce millones de personas.
Eso ocurrió en una época en la que en Colombia estaban disparadas las cifras del secuestro, que siempre me ha parecido el delito más cruel y abominable, por lo que significa para las víctimas y sus familias.
Hubo marchas en cerca de 700 municipios de Colombia y en más de media centenar de ciudades del exterior exigiéndoles a los grupos guerrilleros un cese al fuego, la negociación de procesos de paz con el gobierno y la exclusión de civiles del conflicto armado.
Pero después de esa exitosa convocatoria, Pacho Santos fue escogido como fórmula vicepresidencial de Álvaro Uribe Vélez y, en mayo de 2002, los dos fueron elegidos para gobernar el país. En conclusión, Santos se valió de la solidaridad y del repudio a un delito atroz para catapultarse en el escenario político.
Varios años después se realizó el plebiscito sobre el acuerdo de paz de Colombia, que buscaba que los colombianos refrendáramos en las urnas los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Esa votación se realizó el domingo 2 de octubre de 2016 y el resultado fue una victoria del NO, por lo que al Gobierno de Juan Manuel Santos le tocó renegociar el acuerdo que, finalmente, se firmó. Para que ese plebiscito se aprobara solo se necesitaban 4’396.626 votos y superar en número de votos al No, pero eso no ocurrió.
El 26 de agosto de 2018 los colombianos salimos a votar la consulta anticorrupción, en la que se incluyeron siete preguntas para que los votantes pudiéramos aprobar o rechazar con un sí o un no. En esas preguntas se contemplaba la reducción del salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, que hubiera cárcel para los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado; se contemplaba la contratación transparente obligatoria en todo el país, los presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; que los congresistas deberían rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión; que se hicieran públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio y que no hubiera atornillados en el poder, estableciendo máximo tres períodos en corporaciones públicas.
De haber sido aprobada se habría tramitado dicha norma por el Congreso de la República; sin embargo, la abstención electoral durante la jornada impidió que se alcanzara el umbral y, como ninguna pregunta pasó el umbral de los 12’140.342, ninguna fue aprobada.
Y ahora, el presidente Gustavo Petro tiene a medio país con los pelos de punta con su propuesta de hacer una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre las reformas sociales, con el Día Cívico de este martes 18 de marzo y con la marcha que, según dicen, podría ser la más grande de la historia. Todo para él es arriesgado pues la oposición tratará de neutralizarle la marcha y la consulta requiere de 13 millones 700 mil votos, pero ni para el gobierno ni sus detractores debería haber motivo de alarma.
La consulta costará unos 600.000 millones de pesos han dicho los que saben del tema, pero eso también ocurrió con la consulta anticorrupción y el plebiscito por la paz y el país no se quebró, como no va a ocurrir ahora.
La consulta es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución, vinculante conforme dicte la ley y en los últimos 50 años ha habido centenares de marchas en Colombia, por todos los motivos.
La propuesta de Petro de la consulta surgió después de que ocho senadores de la Comisión Séptima echaran a la basura uno de los proyectos insignia de su gobierno. Lo que quiere el Presidente es que los trabajadores colombianos por lo menos recuperen los derechos que tenían antes del gobierno de Uribe, quien impulsó modificaciones laborales que redujeron los recargos dominicales y festivos, las horas extras y las prestaciones sociales. Uribe no solo le quitó derechos a los trabajadores en horas extras, dominicales y festivos sino que redujo el pago de la indemnizaciones que las empresas deben pagar por despidos sin justa causa.
Tengo reparos sobre la Reforma en salud, pero es sano y democrático que sea la sociedad la que se pronuncie sobre el futuro del sistema.
No participo en marchas, pero no puede ser malo que los ciudadanos salgan a la calle a expresarse sobre los temas que les incumben. Y, si hay consulta, como es previsible, votaré en contra de la Reforma a la Salud y a favor de la Reforma Laboral.
