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Cuando Francia Márquez puso su nombre en las urnas y posteriormente asumió la Vicepresidencia de Colombia y la dirección del Ministerio de la Igualdad, muchas feministas creímos que, por fin, habría una transformación real en la administración pública para responder a las luchas que llevamos años impulsando. Pensamos que se implementarían políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres y a la población diversa. Desde regiones como Boyacá, donde la violencia de género es alarmante, depositamos nuestra confianza en su liderazgo, conociendo sus procesos sociales y empatizando con su historia de vida. Sin embargo, la desilusión ha sido proporcional, e incluso superior, a la esperanza que depositamos en ella.
Lo que empezó como un hecho histórico por la creación del Ministerio de la Igualdad, se convirtió en una serie de escándalos por falta de ejecución de recursos, improvisación y gestión ineficaz. Las denuncias de burocracia y falta de transparencia han erosionado la credibilidad de una institución que, en teoría, debía amplificar las voces de quienes históricamente han sido silenciados.
Y para rematar, el Ministerio de la Igualdad enfrenta el caso del viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz, quien está siendo investigado por presunto acoso sexual y violencia de género. Eso sí, cabe aclarar que este hecho no es responsabilidad de Francia, pero su sola ocurrencia es una afrenta a los principios que el ministerio debería defender y representar.
Seguro muchas me dirán que no estoy contando que recientemente, la vicepresidenta rechazó la presencia de presuntos agresores de mujeres en el Consejo de Gobierno. Por eso diré que claro que se valora el pronunciamiento, pero hay que preguntar por qué llega tan tarde. ¿Es una convicción genuina o una estrategia política de cara a las elecciones?
Mientras tanto, las mujeres en los territorios continúan esperando acciones concretas; las madres buscadoras siguen luchando solas, y la población OSIGD continúa enfrentando discriminación sin una respuesta contundente del Estado, de hecho según El Espectador 17 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo que va de 2025.
Y ni hablar que en las regiones no se siente ese ministerio. En Boyacá, la situación es particularmente preocupante. Durante 2024, de acuerdo con lo dicho por la Fiscalía en consejo de seguridad de 30 de enero, se registraron 25 feminicidios en el departamento, una cifra alarmante comparada con los seis o siete casos anuales de los últimos cinco años.
Quienes creemos en el feminismo como herramienta de justicia social no podemos guardar silencio. Es imperativo exigir al Ministerio de la Igualdad que esté a la altura de su nombre y que comprenda que la confianza depositada no es infinita. Además, lo que ocurre hoy nos obliga a cuestionarnos: ¿volveremos a otorgar en las urnas oportunidades a nuevas figuras políticas que prometieron hacer las cosas diferente y terminaron replicando lo que antes criticaban? Porque esa es la verdadera pregunta: ¿en qué momento el liderazgo social se transforma en una administración arrogante que no admite crítica ni autocrítica, convirtiéndose en todo lo que juró combatir?
