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Contrapunto económico
La fallida ley de financiamiento -que contenía una nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Petro-, que esperaba recaudar, ya no los $12 billones iniciales sino $9,8 billones, y de la que dependía la financiación presupuestal de 2025,-cuyo monto asciende a $523 billones- fue hundida por la aplanadora parlamentaria de las comisiones económicas y una cerrada oposición de gremios y centros de investigación ligados a los anteriores, lo que dejó en vilo muchos programas sociales prioritarios dentro de la inversión pública regional.
Quizás las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año, que se sitúa en alrededor del 2,5 por ciento, alienten al gobierno a obtener mayores recursos, cuyo principal obstáculo es el abultado peso de la deuda externa pública, que representa cerca del 28,0 por ciento del PIB colombiano.
Todos los departamentos se verán afectado con el apretón derivado de este episodio en el que se sostenía que no podría girarse un cheque en blanco al Gobierno Nacional, bajo el argumento del aparente bajo grado de ejecución del presupuesto, aforado en $503 billones, y cuyo compromiso de gasto, a noviembre de este año, superaba el 80 por ciento.
El recorte proyectado para el año entrante en la inversión de Boyacá es de más de $200.000 millones, cifra que apalanca la ejecución del plan nacional de desarrollo en su dimensión territorial.
Por otro lado, la puja por el incremento salarial para 2025, entró en su recta final. Desde que comenzó el funcionamiento de la mesa de concertación tripartita -que se remonta a 1997-, las posiciones son distantes, tal como se evidenció cuando el Dane divulgó las cifras sobre productividad laboral (1,76 por ciento), uno de los referentes para el incremento anual, las cuales no complacieron a los empleadores, que, reiteradamente, han planteado que el valor agregado por persona en Colombia es negativo, por lo que el criterio determinante, para ellos, debe ser la inflación causada, que en noviembre fue de 5,2 por ciento.
La concertación no ha sido fácil y, como ocurrió el año pasado, no se descarta, si en el transcurso de las dos semanas siguientes, no se llega a un acuerdo, que el presidente Petro fije por decreto el aumento del salario mínimo -que beneficiará a más de 3,3 millones de trabajadores formales-, el 30 de diciembre, fecha límite para su definición.
Mientras las centrales obreras CUT, CGT y CTC, agrupadas en el Comando Nacional Unitario, han reclamado un alza de 12 por ciento -similar al del año pasado-, los gremios empresariales han insistido que esta no sea mayor al 5 por ciento, en tanto que el gobierno quizás se incline por una fórmula salomónica que fluctúe en el rango de 6,0-07,0 por ciento, que llevará el salario mínimo a $1.390.000.
POSDATA: Un dato curioso de los antecedentes de la negociación salarial es que en 1984 el salario mínimo equivalía a $11.298; 10 años después fue de $98.700, mientras que en 2004 alcanzaba $358.000, lo que contrasta con el año 2014 cuando se situó en $616.000, para treparse en este año a $1.300.000. Un verdadero salto histórico: se elevó 115 veces en 40 años.
Felices fiestas!
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