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Las cárceles colombianas no son solo lugares de reclusión, sino verdaderos focos de poder criminal donde las bandas, el narcotráfico y la extorsión controlan el día a día. En el reciente operativo realizado en varias prisiones del país, se descubrió un mundo subterráneo lleno de armas, drogas y dinero, todo gestionado desde adentro por los mismos reclusos. La complicidad de algunos guardias, que permiten el ingreso de estos objetos a cambio de sobornos, ha permitido que las cárceles se conviertan en centros de operación para el crimen organizado, donde los reclusos no solo ejercen poder sobre otros internos, sino también sobre el mundo exterior.
Las bandas criminales que operan desde las cárceles no solo se limitan a controlar el tráfico de drogas y armas dentro de las rejas, sino que también extorsionan a pequeños empresarios y comerciantes fuera de ellas. A través de llamadas telefónicas, algunas de las cuales se realizan desde celulares ilícitos, las bandas manejan redes de extorsión y cobran «vacunas» a quienes, por temor, se ven obligados a pagar. Esta dinámica ha generado un ambiente de inseguridad que afecta la economía local y crea un círculo vicioso que alimenta la violencia.
El sistema penitenciario colombiano enfrenta problemas estructurales graves, como el hacinamiento y la falta de recursos. Las cárceles, diseñadas para albergar a menos de 82.000 reclusos, tienen más de 101.000, lo que agrava aún más la situación. En este entorno, la corrupción dentro del INPEC se convierte en un facilitador del crimen. Los operativos realizados para contrarrestar el ingreso de objetos ilegales son solo un parche temporal si no se abordan las raíces del problema: la complicidad de algunos funcionarios penitenciarios y la falta de una reforma profunda en el sistema.
Lo que se ha vuelto evidente es que las cárceles han dejado de ser centros para la rehabilitación y se han convertido en un terreno fértil para las redes criminales. Esto no solo afecta a los reclusos, sino también a la sociedad en general. Los operativos de incautación de drogas, armas y celulares muestran la magnitud del problema, pero estos esfuerzos no son suficientes si no se erradica la corrupción interna que permite que estos crímenes prosperen. Es necesario tomar medidas más severas, como la implementación de tecnología avanzada para el control y la depuración del personal del INPEC.
La corrupción que impera dentro de las cárceles colombianas no solo es un problema de las prisiones, sino que afecta la seguridad y estabilidad del país. Las bandas que operan desde adentro, gracias a la complicidad de algunos guardias, han creado un sistema paralelo de poder que sigue acechando a las comunidades fuera de las rejas. Si el Estado no actúa con decisiones más contundentes, como aumentar los controles internos y garantizar una justicia imparcial, las cárceles seguirán siendo un mundo gobernado por el crimen y la corrupción, con consecuencias devastadoras para toda la sociedad.
El desafío está en el compromiso real de erradicar este cáncer dentro del sistema penitenciario. Para lograrlo, no basta con medidas superficiales; se necesita un cambio estructural en el sistema de justicia y el INPEC, que no solo castigue a los reclusos, sino que también ponga fin a la corrupción que facilita el poder de las bandas criminales. Solo así podremos devolver a las cárceles su función original de rehabilitación y reintegración social.
