|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El despoblamiento y la reducción de pobreza castigan los ingresos de los municipios boyacenses bajo los criterios actuales de asignación de recursos de las transferencias, por ello total apoyo a la Reforma a las Transferencias que se tramita en el Congreso.
Los recursos provenientes del sistema general de participaciones (SGP) son la propia vida para los municipios, en especial de sexta categoría. La salud, la educación y en general buena parte del gasto social de los entes territoriales son asumidos por los municipios y/o los departamentos a través del SGP. Hoy en el congreso se debate un acto legislativo que reforma SGP y desde luego hay un debate sobre los beneficios para la autonomía territorial, pero a la vez de los efectos negativos que traería a las finanzas públicas de la nación.
Los argumentos de quienes están a favor y en contra son muy importantes y se deberán sopesar. Parto, y es mi postura, que se debe modificar los criterios de asignación, en este sentido apoyo el acto legislativo que se tramita, además señalar que algunos efectos fiscales deben ser mitigados en las respectivas normas que regulen el SGP. Lo claro es que para Boyacá urge modificar los criterios de asignación basados en la población y la pobreza pues se han deteriorado los ingresos de los municipios dado el fenómeno de migración, un problema nacional que afecta con mayor rigor a nuestro departamento y los logros de bienestar que han reducido la pobreza
Despoblamiento y pobreza
Los criterios de distribución que más pesan para transferir recursos y financiar las administraciones territoriales son la cantidad de población y el desarrollo económico local. De esta manera se premia la concentración, pero se castiga la dispersión poblacional, donde precisamente germina y crece la pobreza. Boyacá es de los departamentos de mayor despoblamiento, por ejemplo, en el periodo intercensal 2005-2018 se evidencia en Boyacá la agudeza del vaciamiento poblacional; en trece años solo aumentó la población en 6.394 habitantes y en 83 municipios la población disminuyó. Por ende, cuando se empezó aplicar el censo 2018, Boyacá fue de los departamentos más afectados.
Boyacá cuenta con 16 municipios con menos de 2.500 habitantes, 11 de ellos con menos de 2.000. Ya Busbanzá no es el municipio con menor población de Colombia, ahora lo es Sativasur y le sigue La Victoria, según las cifras del DANE proyección censo 2024. Antioquia no cuenta con municipios con menos de 2.500 habitantes y Cundinamarca solo con dos entre 2.000 y 2500 habitantes, lo anterior para hacer una comparación con los departamentos con mayor número de municipios. El panorama en conclusión es que una asignación bajo el criterio de población afecta a Boyacá dada su dinámica demográfica.
Ahora el otro criterio es la pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI). El censo 2018 evidencia el cambio de las condiciones materiales de la población boyacense medida por el NBI, a través de 5 variables. En el periodo intercensal 2005-2018 Boyacá redujo el NBI de 30,77% a 10,04%. Es de los departamentos con mayores avances en materia de reducción de las pobrezas, evidenciadas en varios indicadores. Indiscutible a la luz de las estadísticas y de la realidad que con el esfuerzo de administraciones públicas, tanto locales, regionales y nacionales se ha mejorado la dignidad de sus gentes. El problema del criterio es el carácter perverso con el cual puede ser considerado, pues entre más se reduce la pobreza menos recursos son asignados, premiando la pobreza, lo cual resulta paradójico. Boyacá en conclusión terminó castigado ante sus buenos resultados en la lucha contra la pobreza.
Son de todo orden las propuestas sobre los nuevos criterios de asignación, sin embargo, el mayor referente hoy es el estudio realizado por la misión descentralización, que congregó a los estudiosos más importantes del tema y que recorrió el país. Coordinados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) propone el “criterio de igualación fiscal”, instrumento para el cierre de brechas entre entidades territoriales del mismo nivel de gobierno (equidad horizontal). Lo que busca es a través de la asignación compensar a aquellas entidades territoriales que presenten una tributación per cápita menor al promedio nacional.
Además, eliminar los porcentajes, pues igualan y no posibilitan la equidad. Aquí se propone un cambio importante y es “subordinar los incrementos de participación del SGP en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) a planes de cierre de brechas elaborados por cada sector”. Aumentar la autonomía de los municipios en la destinación de las transferencias y aumentar significativamente el porcentaje de transferencias del SGP “hacia los municipios de prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural y pequeños pueblos”. Por ejemplo, asignar mayores recursos a través del SGP a los municipios paramunos, dado que en Boyacá está el 19 % de áreas de paramo en Colombia, propuesta que buscaría mitigar los impactos negativos frente a los cambios normativos y que son hoy causa de la protesta social. En general el objetivo es caminar hacia la convergencia territorial que posibilite cerrar brechas en un país cuyo mayor problema, quizás, son las disparidades territoriales.
Pdta, para los interesados en ampliar información sobre el tema, recomiendo leer el informe final “misión descentralización”, además un estudio de la ESAP territorial Boyacá Casanare que propone lineamientos para modernizar el sistema de transferencias en los municipios, liderado por el profesor Julio Cesar Caro y del cual hicimos parte docentes y estudiantes.
