El ultimátum lo hizo el gobernador Carlos Amaya luego de que el contratista incumpliera el plazo de entrega establecido para el 16 de diciembre. De no cumplirse el compromiso en la fecha establecida, la Gobernación de Boyacá recurrirá a declarar la caducidad del contrato.
Luego de incumplir el plazo establecido del 16 de diciembre para la entrega de la nueva Terminal de Transporte Terrestre de Tunja, el contratista solicitó un nuevo plazo hasta el 30 de marzo, pero desde la Gobernación de Boyacá, cansados de los incumplimientos, negaron dicha solicitud y lanzaron un ultimátum al contratista, estableciendo el 28 de febrero como fecha límite para la finalización de las obras.
De no ser así, la Gobernación de Boyacá recurriría a declarar la caducidad del contrato, logrando así establecer una medida de presión sobre el contratista, pues de ser así, este quedaría impedido para contratar con el Estado por los próximos cinco años.
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La obra hoy tiene un avance cercano al 92%, y siendo que aún cuenta con un mes y una semana para la terminación de la obra, se cree que esta vez sí cumplirá con la fecha establecida, por lo menos será así si decide aumentar el número de cuadrillas de trabajo en la obra.
En caso de llegar a ese escenario en el que la Gobernación de Boyacá declararía la caducidad del contrato, harían dos opciones. La primera es terminar la obra por cuenta propia, esto considerando que la Gobernación cuente entre sus empleados con personal competente para dicho fin, la otra opción sería recurrir a un tercero para terminar la terminal.
Pero esto solo ocurriría en el escenario en el que el contratista deje de cumplir con la entrega en el plazo establecido, y esto muy posiblemente no ocurra, pues del pequeño porcentaje de ejecución faltante, lo que más demanda tiempo y esfuerzo es la pavimentación de vías internas, que empezó hace unos días, y que sería finalizada en un par de semanas.
Sin embargo, no deja de preocupar que el tema de dotación de mobiliario y obras conexas no hayan conseguido el más mínimo avance. Para el primero los responsables son Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tunja, que no han definido quién será el encargado de administrar la terminal y por ende de dotarla de mobiliario. Son cerca de 1.200 millones de pesos los que se necesitarían ara la adquisición de dicho mobiliario y aún no está claro de dónde saldrían dichos recursos.
Tampoco hay claridad sobre la destinación de recursos y fechas para el inicio de lo que se ha conocido como obras conexas, es decir, vías de acceso, andenes, ingresos para personas con discapacidad, iluminación.
Pero a pesar de que sean de vital importancia, tanto el mobiliario como las obras conexas, el gerente de la sociedad, Fabio Guerra, asegura que el Ministerio de Transporte le dice que no son aspectos necesarios para la entrada en funcionamiento de la terminal.
Pero nada más alejado de la realidad. La operación de la nueva terminal sin mobiliario y sin obras conexas se presta para generar un caos vehicular en el sector, para poner en riesgo la vida de los transeúntes que no contarían siquiera con un andén para llegar a la terminal.
También hace falta que la Alcaldía de Tunja presente un plan de movilidad, en el que explique cuales rutas de transporte público colectivo estarán disponibles para acceder a la terminal, con qué frecuencia operarían y en qué horarios.
