Al cabo de dos años cumplidos para el actual Congreso y a 17 días de los dos años del actual gobierno del presidente Duque, bajo las condiciones del partido ganador, el Centro Democrático, y en medio de la peor crisis social y económica, por causa de la pandemia que ha afectado al mundo entero, se está cumpliendo con escrupuloso rigor lo prometido en campaña por quienes conformaron el frente ganador de las elecciones de 2018.
Pareciera que esta sí es la peor debacle para la mayoría de los colombianos, pero el mejor escenario, insospechadamente mejor, para quienes como el expresidente Uribe y los sectores afectos a él han predicado y propiciado, desde siempre, la violencia y la muerte como sustento de sus intereses y manejo del poder.
La celebración de este 20 de Julio, el Día de la Independencia, se hace en las circunstancias más propicias para los propósitos del actual gobierno: el país en toque de queda, la población confinada y aterrorizada, el Congreso de la República, en la práctica, disuelto, el gobierno legislando por decreto, a la medida de exclusivos y excluyentes propósitos, la chequera firmada en blanco sin ningún tipo de control en medio de la rebatiña, dos de los principales entes de control, la Fiscalía y la Contraloría en manos de individuos que han mostrado su prepotencia y megalomanía sin ningún tipo de pudor ni escrúpulo y un sistema judicial en el pantano del desprestigio y las disputas internas de poder, donde se ha vuelto la administración de justicia lo menos confiable.
Con los acuerdos de paz hechos trizas, tal como lo prometieron los líderes del Centro Democrático en campaña, hace dos años, hoy 20 de julio, en la conmemoración del Día de la Independencia, los colombianos volvemos a sentir la inminencia de la catástrofe de la guerra, que, en esta nueva etapa, será más cruel y dolorosa.
Para empezar, como lo dijo esta semana el senador Roy Barreras: “volvieron las masacres y es bajo su gobierno”, para exigirle a Duque que haga algo. En menos de 100 horas, antes de este 20 de julio, llama la atención el senador, se han presentado dos masacres en el Huila, una en Algeciras, el viernes, la otra el sábado en Pitalito; y, ayer domingo, la banda de los rastrojos se llevó y ajustició a seis campesinos en Tibú. Barreras exhorta al Presidente: “¡haga algo! La matanza es de reincorporados, líderes e indígenas, precisa el senador.
La marcha por la dignidad
Una de las múltiples manifestaciones de la ciudadanía que hoy van surgiendo en todos los rincones del territorio nacional, llegó a Tunja este fin de semana: La Marcha por la Dignidad que, según sus promotores, es un proceso nacional que busca denunciar la crisis por la que atraviesa la población y el movimiento social colombiano, especialmente, la sistemática persecución, que se materializa con el asesinato y la judicialización de líderes sociales, lo cual desestabiliza los procesos organizativos.
La Marcha por la Dignidad se originó en Popayán para ir hasta Bogotá, iniciándose dos nuevas rutas, una de ellas, al otro lado de país, desde el corregimiento de Gibraltar, en Norte de Santander, y la otra, desde la mítica Ruta Comunera, pasando por los departamentos de Arauca, Boyacá y Cundinamarca. El encuentro de estas dos rutas tuvo lugar aquí en Tunja, para seguir a Bogotá.
A “pesar de las dificultades que surgen de visiones políticas que rechazan y deslegitiman los procesos que rompen el silencio ante la miseria, la desigualdad y la opresión” (texto de un comunicado de la Marcha), la ciudadanía tunjana observó con solidaridad y gran interés el paso de los manifestantes.
En esta capital la conducta de las autoridades tuvo dos matices. Los líderes de la marcha estimaron que “por parte de la alcaldía, se trató de poner límites al ejercicio a la protesta social por las vías jurídicas, mediáticas y policiales, lo cual se hizo evidente con la declaración de un toque de queda a la misma hora del anunciado paso de la marcha”, tres de la tarde el sábado 18. Sin embargo, desde la misma alcaldía y el gobierno departamental, a través de la Oficina de Diálogo Social y Paz, en cabeza de Pedro Pablo Salas Hernández, se coordinaron las gestiones posibles para que, cumpliendo todos los protocolos de seguridad y protección para la salud colectiva, la marcha transitara sin inconvenientes, dado que su propósito por la vida y la defensa de la paz, se consideran vitales en el marco de las políticas del gobierno regional de Ramio Barragán.
El reclamo de los manifestantes está sustentado en las aterradoras cifras de 220 guerrilleros desmovilizados asesinados y los cerca de 300 líderes sociales, también asesinados, en los dos primeros años del gobierno de Duque. Así que para Salas Hernández, la capital boyacense, un pueblo al que no le es indiferente el dolor ajeno, se solidarizó con la movilización por la vida, demostrando al paso de la marcha que la sacrificada en Tunja resultó ser la indiferencia.
Al cabo del paso de la marcha por la dignidad en Tunja, sus organizadores también concluyeron positivamente, al apreciar que esto “marca un hito histórico en la ciudad, porque evidencia que los procesos organizativos tienen una profunda apropiación territorial que se evidencia en la capacidad de construir un tejido social sólido, que supere los obstáculos, que los argumentos que convocan a decenas de personas a marchar por calles y carreteras son más fuertes que decretos, hostigamientos de la fuerza pública y los intentos de deslegitimación”.
