Respuesta: más de lo pensado. En esencia, su relación no es con el “sionismo” como ideología genocida, sino con el ecosistema empresarial y tecnológico israelí, pero en un marco político donde ambas dimensiones son difíciles de separar por completo, dada la relación entre el poder político y económico que en Colombia responde a una simbiosis estructural, que ha evolucionado desde pactos de élite en el Frente Nacional, pasando por la violenta irrupción del narcotráfico, hasta la actual y tensa coexistencia entre un gobierno progresista y un establishment económico consolidado. Esta relación ha sido un motor de modernización en algunos casos, pero también el sustrato de una desigualdad profunda y una democracia a menudo capturada por intereses particulares. En esta dinámica de simbiosis capital-política reposa el código genético de la nación, con una historia donde la economía y la política no son mundos separados, sino las dos caras de las dos Colombia.
La historia de Colombia puede leerse, en gran medida, como la crónica de una relación a menudo opaca, entre poder político y poder económico, que no son esferas separadas, si no un entramado de interdependencias donde las élites empresariales y los actores políticos han negociado o cooperado para definir el rumbo del país, moldear las instituciones, diseñar las políticas públicas, alentar el conflicto social y la guerra y contribuido a sostener las desigualdades. El Frente Nacional (1958-1974) institucionalizó la alternancia en el poder entre liberales y conservadores, excluyendo terceras fuerzas políticas, que para políticos y empresarios no podían existir. Ese pacto fue, sobre todo, un consenso entre las élites partidistas y los gremios económicos emergentes, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), fundada en 1944, y de activa participación en el modelo de sustitución de importaciones y la planificación estatal, promovidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que requirió de una estrecha colaboración entre el Estado y los industriales. En estes periodo se consolidó una “burguesía nacional”, protegida por aranceles y créditos públicos (Ocampo, J.A) y se estableció un canal formal de influencia a través del cual las asociaciones empresariales incidían directamente en la política económica.
En los años 70 y 80, el auge del narcotráfico introdujo un actor disruptivo que desafió la tradicional relación Estado-empresarios legales. Los carteles de Medellín y Cali acumularon una riqueza sin precedentes (buena parte legalizada con conexiones legales), que enfureció al pentágono y se metieron en la política con financiamiento de campañas, cooptación de funcionarios, elección directa de congresistas y «parapolítica». A finales de los 80, el cartel de Medellín llegó a ingresar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales (Dejusticia), cifra que rivalizaba con las exportaciones legales. Esta nueva élite, violenta y desafiante, generó una crisis institucional demostrando que el poder económico podía literalmente, comprar el poder político y desestabilizar al Estado. Mataron sistemáticamente candidatos presidenciales, jueces y periodistas como muestra de esta colisión.
La Constitución de 1991, abrió la economía y profundizó la influencia de los gremios en la definición de políticas de Estado. Tanques de pensamiento, fundaciones, EPS, vinculadas a grandes conglomerados económicos comenzaron a producir ideas y propuestas que permeaban la agenda pública. Con el gobierno de Uribe Vélez esta relación se estrechó notablemente y la “seguridad democrática” fue totalmente apoyada por los grandes empresarios, que veían la guerra como una condición esencial para la inversión y el crecimiento, a cambio, el gobierno promovió políticas favorables al sector, como las Zonas Francas y la flexibilización laboral (sus propios hijos Tom y Jerry son hijos del todo vale en política y economía) como ejemplo de que política y plata son un solo poder. Políticas como la Ley de Zidres (Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social) han favorecido la concentración de tierra y la agroindustria a gran escala, a menudo en detrimento de la economía campesina en una “alianza estratégica” donde el poder político garantiza seguridad y un marco jurídico favorable, y el poder económico brinda apoyo político y legitimidad.
Hoy a dos años del genocidio y la brutalidad sionista con el fin de eliminar a Palestina como pueblo y cultura, la relación de política-economía de élites persiste en justificar que “negocios son negocios y no política”, y los medios de comunicación de su propiedad, hacen política para exaltarlos, complacerlos y hacer el brindis de sangre celebrando sus éxitos empresariales. Los escándalos de corrupción, como Odebrecht, revelaron la forma como los conglomerados internacionales y nacionales sobornaban a altos funcionarios para obtener contratos públicos, demostrando la permeabilidad del sistema político a los intereses corporativos. Ni la ANDI, Fenalco, Corfi y otros, han condenado estos hechos de corrupción, ni el genocidio, ni la barbarie de la seguridad democrática, y siguen desafiantes, arrogantes, en el clímax de su hostilidad contra el gobierno actual (sostenido sin el concurso de las élites) como testimonio vivo de que la pugna por definir el modelo de desarrollo y el alcance de la justicia social sigue centrada en la dialéctica entre el Palacio de Nariño y las sedes de las principales asociaciones empresariales, resulta muy fácil encontrar pistas de odio en las palabras y pretensiones golpistas y electorales de los presidentes de cada poderosa asociación gremial.
P.D. 7 de octubre de 2025, van dos años de bombardeos, disparos, uso de gas toxico, sin energía, ni agua, ni comida, ni sentido de humanidad, aunque hay quienes creen todavía que plata es plata y no política. Van 67.000 palestinos muertos en Gaza, 168.716 heridos, 30 % son niños (25% mujeres), 250 periodistas asesinados, más de 190.000 edificios y construcciones destruidas, 24 hospitales destruidos), 48 civiles y extranjeros como rehenes, hambruna declarada malnutrición severa, grandes desplazamientos internos. Y del lado genocida alrededor de 1.665 muertos, de los cuales 466 serían soldados. Si no es una guerra entre ejércitos, entonces cómo llamar esto si no Genocidio.
