Es lo que solicita el Departamento Administrativo de la Función Pública, que presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización, en cumplimiento de la Ley anti-trámites 2052 de 2020.
En total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial, que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento.
Entre este grupo también están aquellos trámites que aún no han sido simplificados, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2106 de 2019 y en la Ley 2052 de 2020.
De acuerdo con el reporte, en las entidades nacionales hay 1.439 trámites por racionalizar, en tanto que en las municipales y territoriales la suma asciende a 1.461.
Entre los trámites que deben ser racionalizados se destacan los siguientes: la solicitud de crédito educativo para pregrado en el país, trámite a cargo del ICETEX, y para el que se busca implementar acciones de interoperabilidad externa, con el fin de disminuir los documentos requeridos que carga el solicitante para legalizar el crédito.
Otro de los trámites nacionales que debe simplificarse está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con relación a la implementación de formularios en línea, que permitan la solicitud del trámite de Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia, a través de medios electrónicos.
En cuanto a las acciones de racionalización en las entidades territoriales se destaca la disposición del trámite de Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios, para ser realizado totalmente en línea y que está a cargo del Instituto Distrital de la Recreación y el Deporte – IDRD.
Función Pública pone a disposición de las entidades que requieran asesoría en la racionalización de los trámites un equipo multidisciplinario que atenderá las solicitudes en todo el país.
