La Fiscalía judicializó 12 personas, presuntamente, estarían implicadas en extorsiones realizadas desde varias cárceles del país.
La Fiscalía informa que dos internos habrían sido los encargados de realizar las llamadas con exigencias económicas a residentes de Santander, Boyacá y Caquetá, a cambio de no atentar contra sus vidas.
Otros cinco hombres y cinco mujeres serían los encargados de recibir, retirar y entregar los dineros producto de las extorsiones.
Por el cobro de dichas sumas, al parecer, los procesados recibían comisiones de entre 50 y 100 mil pesos.
Una abogada habría prestado su nombre para recibir el dinero producto del ilícito. Esta persona no aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión en grado de cómplice, que le imputó la Fiscalía. Los otros once procesados sí se allanaron a los cargos.
Los dos internos que también fueron procesados se encuentran recluidos en las penitenciaríasde Valledupar (Cesar) y El Barne en Cómbita (Boyacá), y luego de conocer sobre las indagaciones que se les sigue por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, admitieron su participación en los hechos investigados.
La policía judicial detectó un incremento de la modalidad extorsiva denominada falso servicio, consistente en contactar microempresarios que ofrecen sus servicios a través de redes sociales y plataformas tecnológicas para ofrecerles supuestos negocios.
Una vez solicitados los servicios, la víctima era identificada como objetivo militar de un grupo ilegal y para evitar ser asesinados o poder trabajar eran conminados a pagar sumas de $1 millones a $10 millones.
